La justicia considera válidos los audios de Spagnuolo y se concentra en las contrataciones de ANDIS

En su dictamen para pedir el rechazo al planteo de nulidad que hizo el abogado de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, el fiscal Franco Picardi consideró que los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, que describen un esquema de coimas que terminaba en Karina Milei, son válidos para iniciar una investigación penal. Los argumentos.

El fiscal federal Franco Picardi consideró que los audios en que se escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo describir un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que termina en manos de Karina Milei son válidos para iniciar una investigación penal. Así lo dejó claro en un dictamen en el que pidió se rechace un planteo de nulidad de todo lo actuado en el “Coimagate” que hizo el abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Martín Magram, para intentar cerrar la causa. En el mismo escrito, el acusador público dio cuenta de los diversos elementos “independientes” que respaldan la validez de los audios filtrados, como la declaración testimonial del consultor y dueño de la Derecha Diario, Fernando Cerimedo, y especificó que está investigando “posibles maniobras de corrupción entre determinados/as funcionarios/as públicos del Estado Nacional y una parte del sector empresarial de la Argentina, emparentado a las droguerías nacionales”.

Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello el rechazo al pedido de “nulidad absoluta” formulado por Martín Magram, abogado de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente, vice y accionista mayoritario de Suizo Argentina, respectivamente, “por ser errado, contradictorio, carente de sustento evidencial, y cuyo fin litigioso, únicamente, busca entorpecer el desarrollo de una investigación –incipiente-”. El letrado, entre otras cosas, había cuestionado los audios de Spagnuolo, a los que definió en su presentación como “grabaciones adulteradas o creadas por inteligencia artificial” o “grabaciones obtenidas de forma ilícita para el caso que sean verdaderas”.

El fiscal Picardi defendió el inicio de la investigación, que se originó por una denuncia que realizó el abogado Gregorio Dalbón, a partir de la difusión de los audios del escándalo por el canal Carnaval Stream. En el planteo de nulidad –que ahora Casanello debe resolver- Magram había sostenido que el fiscal hizo “una verdadera caza de brujas” en el marco de "una denuncia penal de claro tinte político”, que cercenó derechos de sus defendidos. Por eso Picardi respondió: “El caso se inició conforme lo exige la normativa vigente frente a una denuncia; una denuncia con robustez suficiente para dar impulso a la acción penal pública que presentaba -conforme las noticias y los audios anexados- un relato circunstanciado en torno a personas, tiempos, modos y lugares”. Y sostuvo “que la investigación desplegada hasta aquí se cumplió en estricto resguardo de las reglas procesales y constitucionales”.

Picardi dedicó un importante pasaje de su dictamen a sostener la validez de los audios de Spagnuolo, en los que se le escucha decir al exfuncionario que el sistema de coimas de la ANDIS termina en Karina Milei, la hermana del presidente, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

La validez de los audios de Spagnuolo.

Según afirma el fiscal del “Coimagate”, el defensor Magram “se desliza entre afirmaciones tales como que los audios son producto de una grabación de alguien que participa en la conversación; que pudieron ser creadas por inteligencia artificial; que Diego Spagnuolo habría sido engañado; o grabado por agentes de inteligencia y que todo conlleva a la nulidad por afectación al principio de intimidad”. Por eso, Picardi se pregunta: “¿Cómo es posible afirmar que se viola el principio de intimidad, encima de un funcionario público con conocimiento de actividades criminales que debió denunciar, cuando se realizan puras especulaciones contrapuestas y sin fundamento?”. En el interrogante ya deja en claro que la situación de Spagnuolo se complicará si la Justicia comprueba al menos parte de lo que se le escucha en los audios porque como funcionario público estaba obligado a denunciar los hechos de corrupción de los que tomara conocimiento. Al no hacerlo puede ser considerado cómplice o encubridor de la maniobra. El martes, el exfuncionario volvió a cambiar de abogado. Ahora lo representa la defensora oficial Florencia Plazas.

Parte del escrito del fiscal hace eje en los audios que nutren la denuncia que hizo Dalbón, quien apuntó contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina, Lule Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, a los que acusó de haber “participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”. En esos audios se le escucha decir a Spagnuolo que “la gente de la Suizo llama a los demás proveedores, les dicen que no es más el 5% (de coima) ahora tenés que poner el 8%” y que “a Karina le llega el 3%”, entre otras cuestiones.

¿Qué sostuvo el fiscal Picardi? Que los audios, que el periodista Mauro Federico -quien los difundió- ya aportó a la causa, son válidos para iniciar la investigación. Expuso argumentos contundentes. Entre ellos, se destacan:

Que luego de la filtración, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 599/20254, del 21 de agosto pasado, desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini de la ANDIS. Ambos eran los apuntados por Spagnuolo en los audios. En el decreto “se explicitó como fundamentación que: ‘La prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del ESTADO NACIONAL, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública’”. Es decir, el gobierno le dio entidad a lo que surgía de la filtración.
 
Que “el 21 de agosto de 2025, esto es el mismo día de la desvinculación de los funcionarios, y un día después de la denuncia presentada aquí, mediante el Decreto Nro. 601/2025 , el PEN dispuso la intervención de ANDIS”, indicó Picardi. Esto implica que el Ejecutivo dio por ciertas las irregularidades descriptas por quien era el titular de la agencia.
 
Ante el desplazamiento y la intervención, el fiscal se preguntó: “¿Si el propio PEN reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de dos actos administrativos,  qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados? Hechos que, reitero, se corresponden con actos de corrupción, con afectación a la sociedad en general, y en particular, a la población destinataria de las políticas públicas sobre discapacidad”.
 
Que mucho tiempo antes de la filtración, el 8 de julio de 2024, el conductor Alejandro Fantino le realizó una entrevista en el canal de streaming Neura a Spagnuolo, que entonces era director de la ANDIS, y allí ya se dio cuenta “de la existencia de irregularidades y/o situaciones sospechosas en el seno de la ANDIS”. En ese reportaje Fantino le advirtió al entonces funcionario que se cuidara, que lo iban a usar, y deslizó que podía haber coimas en “Lules, Tucumán” y “en Totoras, Santa Fé”. La referencia a "Lule" sería de acuerdo al fiscal “una alusión a ‘Lule’ Menem, esto a modo de juego de palabras con relación a la localidad tucumana que se denomina San Isidro de Lules o Lules, y es la capital del departamento homónimo de la mentada provincia”.

Que tras la filtración de los audios “se hicieron públicas diversas noticias e informaciones en distintos canales de comunicación y/o portales periodísticos que daban cuenta de que en ANDIS se desarrollaban situaciones de corrupción”.

El fiscal también remarcó que la filtración no afecta el derecho a la intimidad por tratarse de un funcionario público que revela una trama de corrupción "que involucraría a funcionarios/as públicos/as del más alto nivel jerárquico y a empresarios/as vinculados/as a droguerías de nuestro país, que tenía el deber de denunciar” y hasta lo hace en un lugar público. En esa línea, Picardi señaló en torno a los audios que “bajo ningún punto de vista se encuentra afectado el derecho a la intimidad que se alega de forma inconsistente y contradictoria por parte del abogado Martín Magram.” Como cierre, destacó que “los hechos de corrupción detallados, además, se vincularían con sectores sociales especialmente vulnerabilizados como lo son las personas con discapacidad”. Razones que habilitan a tomar los audios como válidos para iniciar una investigación penal.

Otro elemento que suma el fiscal para respaldar todo lo actuado es la declaración del consultor y dueño de la Derecha Diario, Fernando Cerimedo, quien como testigo afirmó el 11 de septiembre que Spagnuolo le había contado lo mismo que se escucha en los audios filtrados. Cerimedo dijo bajo juramento de decir verdad que el extitular de ANDIS le había contado del esquema de coimas que funcionaba en la agencia y que terminaba en manos de la hermana del Presidente, Karina Milei. “Fue el propio Fernando Cerimedo, quien mencionó todo el entramado que le habría contado Diego Spagnuolo vinculado a la ANDIS, la Suizo Argentina S.A. (y otras droguerías) y cierto sector del PEN. Y mencionó, además, que tales informaciones se las contó -en persona- en diversas ocasiones, durante el año 2024”, aseguró el fiscal.

¿Qué significa esto? Que “Diego Spagnuolo habría narrado el entramado delictivo a otras personas -por ejemplo, Fernando Cerimedo- de manera previa a que los audios se difundieran por diversos canales, como así de manera previa a que surgieran de diversas fuentes de información periodística los pormenores y detalles del entramado de corrupción que se desplegaría desde la ANDIS. Es decir, Diego Spagnuolo, repito, conforme lo mencionado hasta aquí, no solo habría manifestado el entramado delictivo que conocía en el marco de los audios en cuestión. Recuérdese que, incluso, habría hecho referencias genéricas junto al periodista Alejandro Fantino. Entonces, no resulta razonable sostener que existía una expectativa de intimidad en el caso”, indicó Picardi.

En la misma línea argumentativa, el fiscal remarcó que Spagnuolo como funcionario público tenía el deber de denunciar lo que describía. Y no solo no lo denuncia sino que “habla en un ámbito público, con al menos otra persona; y, que ya había manifestado a otras personas las situaciones delictivas que dieron origen a este caso, personas que incluso, podrían ser denunciantes y/o testigos en el futuro. Extremos que el propio Diego Spagnuolo sabía. Por consiguiente, dadas las características del caso, no quedan dudas de que no se ven afectadas garantías constitucionales o estándar internacional alguno”, como planteó Magram, el abogado de los Kovalivker.

Es que “la expectativa de intimidad que pesa sobre un funcionario público de alto rango no puede ser la misma que la de un particular como intenta esgrimir el abogado Martín Magram. Más aún cuando lo que se devela se vincula con los intereses de una parte de la población en especial situación de vulnerabilidad”, concluyó Picardi.

Maniobras de corrupción.

Según se desprende del dictamen de Picardi, la investigación es incipiente y se circunscribe a “posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 y hasta agosto del 2025, así como la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables. En efecto, estos sucesos podrían haber ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los/as destinatarios/as de las políticas públicas de discapacidad”. En palabras del fiscal, “parte de dicho esquema, estaría dado por el rol que le cupo a DSA y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional. Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado e interesado de funcionarios/as públicos/as, en coordinación con el sector empresarial vinculado al mercado de medicamentos de alto costo, entre otros”.

Según pudo reconstruir El Destape, las compras más relevantes de la ANDIS se hacían a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, conocida como “Incluir Salud”, área que estaba bajo la órbita de Daniel Garbellini, uno de los cinco investigados. Es la persona que Spagnuolo menciona como el que le ubicaron desde Presidencia para manejarle la caja. La dirección que estaba bajo su mando es la que tiene mayor presupuesto (descontando el dinero destinado a las pensiones) y utiliza un circuito de compra interno, cerrado, por lo que sus adquisiciones no se publican en el portal Comprar.

En pos de desentrañar las contrataciones que se hacían desde ANDIS está interviniendo en la causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez. Puntualmente, la PIA está trabajando en lo relativo a los contratos de Suizo Argentina con ANDIS, algo que con el avance de la investigación podría extenderse a contratos de la firma con otros organismos del Estado. Se estima que la PIA podría cuantificar con precisión el dinero que implicó la relación contractual total de la droguería de la familia Kovalivker con la agencia que conducía Spagnuolo.

De allí, el interés del abogado de la familia por intentar lograr la nulidad de todo lo actuado en esta causa que tanto preocupa al Presidente de la Nación y su hermana. Busca que el juez la cierre.

Ante el planteo del abogado Magram, Picardi fue contundente: “Estamos en presencia de un planteo de nulidad absoluta que solo busca entorpecer una investigación en curso sobre hechos que -de momento- resultan ser de especial importancia para la sociedad en su conjunto y, en especial, para un sector poblacional como lo son las personas con discapacidad”. Por eso pidió a Casanello que rechace el planteo. Se espera que el juez resuelva a la brevedad.