Polémica por palabras discriminatorias: el Gobierno asegura que fue "un error"

La reciente Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) ha generado controversia debido a su terminología y criterios de evaluación para el otorgamiento de pensiones no contributivas. La normativa ha sido acusada de utilizar un lenguaje discriminatorio y de imponer barreras adicionales a las personas con discapacidad. 

Uso de terminología obsoleta y discriminatoria

Uno de los puntos más criticados de la resolución es la utilización de términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental", palabras que han sido discontinuadas en la práctica médica moderna. Según Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el uso de esta terminología viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Argentina es parte desde 2008.

Restricciones laborales y vulnerabilidad económica

La normativa también reinstala el criterio de "invalidez laboral" del 66% como requisito para acceder a la pensión, lo que, según Quiroga, limita el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Además, la resolución impone una incompatibilidad entre el beneficio y el empleo formal, lo que implica que aquellos que consigan trabajo registrado podrían perder la pensión.

Actualmente, la pensión ronda los 191 mil pesos mensuales, a los que se suma un bono otorgado por el Gobierno, alcanzando los 261 mil pesos. Sin embargo, esta cantidad sigue siendo insuficiente para muchas personas, lo que las empuja hacia empleos precarizados o informales para complementar sus ingresos sin perder el beneficio estatal.

Falta de consulta con el colectivo de discapacidad

Organizaciones civiles han criticado la ausencia de participación de la comunidad en el diseño de esta política pública. Según Quiroga, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de consultar a los sectores afectados antes de implementar medidas que los involucren directamente.

Problemas de accesibilidad en la auditoría de pensiones

El Gobierno ha iniciado una auditoría para revisar las pensiones existentes, lo que requiere que las personas con discapacidad se sometan a nuevos estudios médicos. No obstante, esta medida ha sido criticada por no contemplar las barreras de accesibilidad que enfrentan los beneficiarios. La notificación de la reevaluación no utiliza formatos accesibles como braille ni ofrece apoyo para el traslado a las evaluaciones, dificultando el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La respuesta del Gobierno ante la polémica

Tras las críticas, la ANDis emitió un comunicado en el que afirmó que el uso de terminología obsoleta fue "un error" y que la resolución será modificada para alinearse con los estándares internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Sin embargo, aseguraron que la corrección no afectará los criterios del baremo utilizado en la evaluación.