¿El caso Dúrov es un acto de rusofobia, persecución política, censura o aplicación justa de la ley?

Existe un doble rasero a la hora de acusar al empresario ruso Pável Dúrov de que terceros utilicen Telegram para fines ilegales, señala a Sputnik el profesor de geopolítica Lucas Mendes. Hay una connotación política en el caso, opina, a su vez, el especialista en derecho Adriano Mendes, abordando igualmente la cuestión del control de la tecnología.

Mundo31/08/2024TELEDIARIO.COM.ARTELEDIARIO.COM.AR

A diferencia de otros empresarios y propietarios de plataformas de medios sociales que han sido investigados y condenados, el fundador de la aplicación Telegram, Pável Dúrov es el único que ha sido detenido (por el momento liberado, está bajo vigilancia judicial), indica el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Lucas Mendes.

"Por ejemplo, a principios de año [2024], Mark Zuckerberg [propietario de Meta, prohibida en Rusia por extremista] estuvo en el Senado estadounidense, respondiendo a preguntas relacionadas con supuestas violaciones de derechos, delitos, en definitiva, problemas relacionados con su red social", recuerda.
 
La multimillonaria fianza de unos cinco millones de euros para la liberación del empresario ruso tampoco tenía precedentes, apunta. Esto indica una especie de rusofobia —el uso de los sistemas judiciales de los países occidentales contra personas vinculadas a Rusia o al Gobierno ruso—, cree el experto.

"Rusia fue sancionada, las empresas rusas fueron aisladas, la economía rusa fue perseguida por organizaciones y Gobiernos occidentales. Si nos fijamos en un contexto más amplio que implica esta guerra entre la OTAN y Rusia, cuestiones relacionadas con Ucrania, no es muy difícil ver que el caso de Dúrov encaja en una cuestión que también implica estas fricciones geopolíticas entre Estados nación", explica Mendes.

Tanto Zuckerberg como Elon Musk, propietario de la plataforma X, tienen que dar explicaciones por las mismas razones por las que Dúrov fue detenido, opina Lucas Mendes a tiempo de recordar que actualmente se está llevando a cabo un caso similar en Brasil, en el que están implicados el Supremo Tribunal Federal (STF) y el propietario de X.

"El STF, especialmente Alexandre de Moraes [juez] con Elon Musk y X, también tiene muchas cuestiones que son complejas y difíciles de regular, desde antecedentes penales, cosas a menudo ilícitas, pornografía. Una serie de cuestiones problemáticas que, en el caso de esta red social, también plantean el debate sobre la responsabilidad de estas personas", comenta el profesor.

El propietario de Telegram no cometió ninguno de los delitos investigados por Francia, por eso no tiene ninguna obligación legal de actuar de otro modo, argumenta el especialista en derecho digital y protección de datos de la oficina Assis e Mendes Advogados, Adriano Mendes.

"En particular, no creo que las leyes estén preparadas para el entorno electrónico y no creo que las plataformas deban ser consideradas responsables del comportamiento de sus usuarios. No hay ninguna ley, ni en Francia, ni en toda Europa, ni en ninguna parte del mundo, que diga cómo debe actuar una plataforma como Telegram o WhatsApp en todo el mundo. Así que es muy subjetivo. Eso es malo", subraya.

Sin embargo, aunque haya una connotación política detrás de la decisión del tribunal francés, los delitos investigados han pasado de la esfera digital al mundo real y justificarían una detención desde el punto de vista jurídico, opina el experto en derecho.

"Digo que no tiene una motivación política directa, porque Pável se fue de Rusia en 2014, tampoco quiso cooperar con el Gobierno ruso dando información sobre VK y cerrando la comunidad de VK (...) Desde entonces ha vivido en otros países y tiene la ciudadanía, creo que en tres países diferentes. Incluso es ciudadano francés", argumenta.

Motivo de la detención.

El empresario se enfrenta a un total de 12 cargos penales de facilitación, inducción, permiso y falta de cooperación en relación con transacciones ilegales, como la distribución de pornografía infantil y la venta de drogas, entre otros, aclara Adriano Mendes.

El motivo de su detención fue supuestamente su negativa a proporcionar información o documentos necesarios para las investigaciones cuando se lo pidieron las autoridades competentes. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría ser encarcelado hasta 10 años.

Es corresponsable de que no expone a los delincuentes, apunta.
"Imaginemos que Telegram es propietaria de un hotel. No es responsable de lo que ocurre dentro de cada habitación. Debe llevar un registro y cumplir las leyes de a quién deja entrar en esa habitación, saber cuántos huéspedes hay, cómo se hicieron los pagos, la hora de entrada y de salida. Son cosas que Telegram también se niega a hacer", explica.

Seguridad de los datos y libertad de información.

Restringir la libertad de circulación de datos como uno de los elementos del encarcelamiento debilita su seguridad.

Lucas Mendes señala que frente a las acusaciones por supuestos lazos de Telegram con Rusia y la situación tensa en la "la escena geopolítica que está caldeándose", los Gobiernos europeos parecen actuar de forma más incisiva para regular la mensajería.

"De repente, en Telegram podría estar circulando información sensible, información sensible relacionada con Rusia. Por eso el Gobierno francés estaría aún más interesado en tener allí las claves criptográficas", agrega.
 
Las redes sociales son mucho más que espacios para que la gente socialice, y pueden utilizarse como armas de guerra e influencia en el escenario geopolítico actual, cree el profesor de la PUC.
 
"Sobre todo armas que se pueden utilizar de forma encubierta, de forma que los individuos se guían por cierta información, por algoritmos, pero ni siquiera se dan cuenta. En muchos casos, este es quizás el gran valor, el gran activo, de la red social desde un punto de vista geopolítico", afirma.

Por eso lo que se busca son castigos severos e intentos de llegar a acuerdos para acabar rompiendo blockchain (la seguridad de los datos), bajo el pretexto de investigar posibles delitos, apunta.

El especialista en derecho penal defiende con urgencia la aplicación de las normas internacionales en el ámbito jurídico para acusar y vigilar a las plataformas digitales. "Falta la ley, falta la Policía", expresa.

"La legislación tiene la función de impedir que la gente cree un entorno digital nocivo. De la misma manera que hemos entendido que el tabaco no es lo ideal, que es malo para la salud, hemos entendido que la tecnología, sin freno, también va a ser mala para el futuro de la humanidad. Por eso intentamos controlarla en este momento", concluye Adriano Mendes.

Tras ser detenido en París el 24 de agosto, el empresario ruso y fundador de la aplicación Telegram, Pável Dúrov, fue liberado el 29 de agosto tras pagar una multa millonaria y ser obligado a comparecer ante la autoridad policial dos veces por semana.

Aunque Dúrov no es el primer empresario de las redes sociales que responde a acusaciones de complicidad en delitos cometidos en plataformas digitales, sí ha sido el primero en ser detenido.

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