Con una reglamentación trucha, Milei se niega a cumplir con la Emergencia en Discapacidad

Luego de la derrota en el Congreso de la Nación, el gobierno nacional promulgó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad pero con una maniobra donde suspende sus efectos hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento de la misma: una respuesta mezquina que afecta a la atención de miles de personas, por parte de un gobierno enemigo de los trabajadores que juega con la salud de la población.

La Emergencia en Discapacidad implica un presupuesto equivalente al 0,35 % del PBI, en partidas asignadas para el acceso a la Pensión no Contributiva por Discapacidad, presupuesto para “Programa Incluir Salud” y compensaciones económicas para prestadores, entre otras cosas, y se da luego de un profundo ajuste del gobierno nacional que dejó a la deriva a miles de personas con discapacidad y sus familias.

La obstrucción del gobierno, por la vía de la reglamentación, de una ley que salió con amplias mayorías de ambas cámaras del Congreso, derrotando el veto de Milei, plantea un acto administrativo ilícito que contraría la voluntad del Poder Legislativo y se opone a la movilización popular que arrancó la sanción.

El argumento oficial de una supuesta inexistencia de fondos y partidas para asignar a las prestaciones en discapacidad se da el mismo día en el que el gobierno anunció la eliminación de retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre, suprimiendo una fuente de recaudación fiscal del Estado con una medida que precipita una devaluación en el corto plazo.

El Ejecutivo nacional viene protagonizando distintas situaciones escandalosas en Discapacidad, partiendo de la crisis de las coimas en la Andis, pasando por los operativos precarios y fraudulentos donde se cita a personas con discapacidad en plazas o lugares sin condiciones y donde personas sin ninguna calificación ni matricula dan baja administrativa a prestaciones y certificados, hasta la eliminación de Certificados de Discapacidad y pensiones no contributivas, junto a la caída del nomenclador de los prestadores, dificultando el acceso a profesionales y cobertura.

Al tiempo que se frustraba la implementación de la Emergencia en Discapacidad, el gobierno reculó parcialmente reasignando algunas partidas para la actualización de las prestaciones, aunque en un caudal insignificante en relación a los recursos de la ley bloqueada, que representan un 4% de la misma.

Estamos ante una impostura total y una maniobra mezquina de parte de un gobierno que viene de sufrir una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, expresándose una rechazo a la política de ajuste oficial que Milei sigue profundizando día a día.

Además, se trata un adelanto de lo que el gobierno hará en caso de rechazarse los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, dilatándose su aplicación con artimañas y maniobras de este tipo, que seguramente den lugar a distintas presentaciones jurídicas para su efectivo cumplimiento.

Si la cuestión consiste en una reasignación de partidas, el gobierno bien podría redirigir los fondos que em pelea para garantizar la bicicleta financiera y pagar intereses extraordinarios a la banca privada, o lo recursos empleados en regímenes fiscales especiales como el cual gozan las patronales de Tierra del Fuego o las multinacionales que adhieren al Rigi. Para los capitalistas si existen los recursos disponibles.

La reglamentación de Javier Milei violenta la ley aprobada y se opone a una conquista de un movimiento popular que enfrenta el ajuste del gobierno contra los trabajadores y la población. Esto seguramente de lugar a distintas presentaciones legales para que se cumpla con la ley sancionada, pero por sobre todo a nuevas movilizaciones y acciones de un colectivo de Discapacidad que se ha puesto en pie al calor d ella lucha contra el ajuste oficial.