Denunciaron que la ANDIS, a través de una auditoría iniciada tras un edicto publicado el 1 de abril de 2025, suspendió el pago de pensiones a quienes considera que deben someterse a una nueva "verificación de la subsistencia de los requisitos".
CatamarcaHoy
TELEDIARIO.COM.AR
En un contexto de creciente controversia, legisladores del Frente de Todos-Fuerza Patria han elevado una acción legal ante la Justicia Federal de Catamarca, buscando revertir la reciente suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad. La medida, impulsada por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha sido calificada por los diputados como "ilegal, arbitraria e ilegítima".
La presentación judicial no solo exige la restitución inmediata de las pensiones afectadas, sino también el reembolso de los montos retenidos a los beneficiarios. Además, se busca declarar la inconstitucionalidad de la normativa que respalda estas suspensiones, argumentando que vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Entre los legisladores firmantes se encuentran Pablo Castro, Adriana Díaz, Stella Nieva, Cecilia Barros y Josefina Herr, quienes contaron con el respaldo de Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Juan Carlos Ledesma, Gladys del Moro, Claudia Palladino, Armando López Rodríguez, María Argerich, Hernán Díaz y Nicolás Zavaleta. Todos ellos, bajo el patrocinio legal de Carlos Hernán Vera, han defendido la acción como una "obligación moral" ante la "vulnerabilidad" de los afectados.
Los diputados denunciaron que la ANDIS, a través de una auditoría iniciada tras un edicto publicado el 1 de abril de 2025, suspendió el pago de pensiones a quienes considera que deben someterse a una nueva "verificación de la subsistencia de los requisitos". En muchos casos, estas suspensiones se habrían producido sin notificación previa, dejando a los beneficiarios en una situación de desamparo al intentar cobrar sus haberes.
El núcleo del cuestionamiento legislativo radica en el criterio de suspensión aplicado por el Gobierno nacional, que establece como causal "no poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia". Los diputados argumentan que este criterio es contrario a los compromisos asumidos por el Estado argentino y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional.
La presentación judicial también enfatiza que la interrupción del pago de la pensión constituye una "grave afectación a sus derechos fundamentales", colocando a las personas con discapacidad en una situación de desprotección, dado que necesitan esta prestación para cubrir sus gastos diarios y aquellos derivados de su condición.
Además, los legisladores advierten que la suspensión de la cobertura del Programa "Incluir Salud", a la que accedían a través de la pensión no contributiva, atenta contra el derecho a la salud de las personas con discapacidad, dejándolos en una situación de incertidumbre frente al futuro de sus tratamientos y el cuidado de su salud.
Ante esta situación, los diputados han solicitado a la Justicia Federal que ordene la restitución inmediata de las pensiones, argumentando el "grave peligro que supone para la vida y la integridad" de las personas con discapacidad la falta de cobertura médica.
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Se invita a los interesados a inscribirse a través del formulario proporcionado, lo que permitirá una mejor organización de las actividades, la previsión de la logística y la construcción colectiva de un encuentro inclusivo y participativo.
Denunciaron que la ANDIS, a través de una auditoría iniciada tras un edicto publicado el 1 de abril de 2025, suspendió el pago de pensiones a quienes considera que deben someterse a una nueva "verificación de la subsistencia de los requisitos".
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