En el recurso, se muestran las imágenes de las manifestaciones y aseguran que no solo atenta contra los vecinos, sino también contra la seguridad de la expresidenta.
JudicialesAyer
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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola le pidieron a la Cámara de Casación que revoque la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, quien cumple una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, argumentando "falencias" en la seguridad de los vecinos y de la propia expresidenta.
Por disposición del Tribunal Oral Federal N°2, Cristina está cumpliendo la prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. En su recurso, los fiscales adjuntaron imágenes de las manifestaciones y muestras de apoyo que se realizaron en la puerta del edificio.
Para los fiscales, estas movilizaciones no solo atentan contra la tranquilidad de los vecinos, sino también contra la seguridad de la expresidenta. En ese sentido pidieron que, de mantenerse la domiciliaria, se modifique el lugar del arresto y se impongan pautas de conducta más severas.
"En caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas", sostuvieron.
Los fiscales aseguraron que "no se verifican las causales que habilitan el acceso" a la domiciliaria, y señalaron que el Ministerio Público Fiscal "tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto".
Además, cuestionaron "cuán resguardada se encuentra la seguridad personal" de Cristina "si se tienen en cuenta las constantes aglomeraciones de personas en las inmediaciones del domicilio en el que debe ejecutarse la pena y en el que ocurrieron escenas preocupantes, tales como escalamientos de personas hacia propiedades linderas".
En esa línea, señalaron que "el barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia", más aún cuando "la detención de una figura política de alta visibilidad atrae concentraciones masivas de partidarios y de opositores en una zona intermodal ya congestionada".
Para reforzar este argumento, citaron que "a partir de la vigilia iniciada el 10 de junio se registró una notable exigencia operativa con un promedio diario de 80 efectivos asignados, que alcanzó picos de hasta 60 uniformados", además de reportarse "incidentes" y "numerosas denuncias vecinales por molestias y ruidos excesivos".
"No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria", concluyeron los fiscales.
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