La vicepresidenta lo acusó, junto a Bonadio, de formar parte de un "plan sistemático" de "persecución judicial" y lo señaló por los "sorteos dudosos" en los tribunales de Comodoro Py.
Politica 06 de diciembre de 2022
TELEDIARIO.COM.AR
Una detallada biografía del juez Ercolini que te dejará con la boca abierta. Calificado por Cristina Kirchner como "El Mutante" y uno de los participes fundamentales de los escandalosos audios y chats junto a funcionarios macristas y empresarios de medios que evidencia la corrupción del poder legislativo.
Ercolini nació en 1962 y obtuvo su título de abogado a los 28 años. Tiene décadas de experiencia judicial y académica. Se inició en el Poder Judicial como auxiliar en la Justicia de Menores de Morón y, luego de recibirse, fue secretario en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín. En 1994 ingresó en la Cámara Federal de la Capital Federal para trabajar como relator del entonces camarista Horacio Vigliani. En paralelo continuó ejerciendo la docencia y llegó al cargo de profesor adjunto en la cátedra Righi, que en ese entonces integraba también el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.
Trabajó en la Cámara Federal hasta 2001. Luego fue designado coordinador de Investigaciones de Fraudes contra el Estado de la Oficina Anticorrupción, cuando José Massoni y Manuel Garrido estaban al frente del organismo, y después fue secretario letrado en la Corte Suprema.
Ercolini, además, fue docente de la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de la Patagonia. En la UBA es director de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, en la que tuvo como coordinador al fiscal federal Franco Picardi y que actualmente coordina Juan Rodríguez Ponte, el funcionario a cargo de la oficina de escuchas judiciales que depende de la Corte.
Antes de ser designado juez, Ercolini integró tres ternas de concursos destinados a ocupar juzgados federales de primera instancia: en Morón, Tres de Febrero y Capital Federal. En el primer caso, su nombre no fue elegido por el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en septiembre de 2004 su pliego para ocupar uno de los cuatro juzgados federales vacantes de la Capital Federal llegó al Senado y en octubre asumió como titular del Juzgado Federal N° 10, que hasta 2001 había ocupado Gustavo Literas.
En 2004 fue designado al frente del Juzgado Federal 10 por el entonces presidente Néstor Kirchner y con el tiempo recayeron en su despacho varias causas contra la por entonces presidenta Cristina Kirchner y parte de su gobierno. Tuvo a su cargo la detención de Ricardo Jaime y así se transformó en el primer juez en apresar a un exfuncionario kirchnerista.
Pocos recuerdan que el juez Ercolini tuvo en su despacho la causa por la venta de Papel Prensa, en la que sobreseyó a los dueños de Clarín y La Nación. En la misma se negó a indagar a los directivos de Clarín y La Nación, a quienes los terminó por sobreseer.
En otro expediente paralelo procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por su irrupción en una asamblea de esta empresa. En 2016 el magistrado ordenó detener al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa por la compra de trenes a España y Portugal.
Además, instruyó la causa Hotesur y envió a la actual vicepresidenta a juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. En su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2, CFK se refirió en duros términos al magistrado a quien calificó de "el mutante", porque --según afirmó-- "cambió el gobierno y cambió Ercolini", en alusión al avance de las causas en su contra cuando Mauricio Macri llegó a la Rosada.
La vicepresidenta lo acusó, junto a Bonadio, de formar parte de un "plan sistemático" de "persecución judicial" y lo señaló por los "sorteos dudosos" en los tribunales de Comodoro Py. "Debería jugar a la lotería. Tengo una suerte. Siempre me tocan Bonadio y Ercolini. Siempre me tocan los que me van a condenar", había dicho la entonces senadora.
En el año 2016, la Agencia Paco Urondo, reveló que la esposa del juez Julián Ercolini trabajaba como "asesora" de prensa del ministro de Justicia de aquel momento, Germán Garavano. Ante la revelación los funcionarios y medios macristas debieron explicar que María Julia Kenny, trabaja como "asesora" de prensa del ministro.
El presidente Alberto Fernández supo calificarlo como amigo pero esa condición ha cambiado y cada tanto le dispensa comentarios críticos, aunque sin nombrarlo. Fue durante un homenaje a Esteban Righi donde ambos habían participado de la cátedra del exprocurador. "Faltan algunos otros adjuntos que hoy son jueces, pero se olvidaron de todas las enseñanzas de Righi", había dicho el primer mandatario en un acto en la Facultad de Derecho.
Ercolini también fue quien ordenó la detención de los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles, fallo que luego fue revocado por la Cámara, ya que se trataba de un delito excarcelable. El caso ahora está en juicio. López y De Sousa fueron liberados y sus detenciones fueron calificadas de arbitrarias.
También está bajo su órbita la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hace 5 años y medio que orienta la causa hacia el homicidio contrariando todas las pericias iniciales. Es el responsable de que aún se mantenga la falsa idea de que el fiscal Nisman fue asesinado sin ninguna prueba concreta.
Entre otras cosas, autorizó la realización de un peritaje de la Gendarmería --sin experiencia en autopsias-- al inicio de la gestión macrista. Aquel procedimiento se realizó sin que estuvieran las partes presentes y sin que permitieran la presencia de los peritos y forenses anteriores. Tampoco confrontó los resultados con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, altamente calificado en ese tipo de estudios.
La Policía solicita a los ciudadanos "no transitar en vehículos por las arterias mencionadas, y utilizar calles alternativas para evitar demoras innecesarias y congestiones en el tránsito vehicular". Las vías de circulación serán habilitadas nuevamente una vez que la columna de manifestantes haya pasado.
El lamentable episodio ocurrió en año 2007. La defensa del imputado planteó oposiciones legales, incluyendo la prescriptibilidad de la acción, argumentando que el tiempo transcurrido desde el supuesto abuso invalidaba la denuncia.
Se les ha otorgado un plazo para responder a las solicitudes judiciales, incluyendo la presentación de un informe detallado conforme a la ley, antes de que se tome una decisión sobre la demanda de reincorporación.
Mientras Javier Milei sigue denunciando "adoctrinamiento" en las universidades nacionales, trolls y periodistas oficialistas atacan a dirigentes del movimiento estudiantil. La convocatoria, en tanto, se consolida y promete ser la más transversal contra el Gobierno.
El Presidente sostuvo que el primer trimestre cerró con superávit financiero primario, pero evitó dar los números del mes marzo que le son adversos.
El legislador nacional anunció que se ha acordado citar al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para que brinde información y se pueda trabajar de manera conjunta en la promoción y regulación de la actividad minera en el país.
Inicialmente, un UJIER y otros miembros del Poder Judicial de Tinogasta notificaron a la abuela Pereyra sobre la orden de desalojo. Sin embargo, la situación se complicó cuando se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales para ejecutar la medida.
En una declaración a Telediario Argentina, el comisario Vega explicó que, en acuerdo con el Ujier del Poder Judicial de Tinogasta, se otorgó una prórroga a la abuela Pereyra para que pueda presentar la documentación necesaria y ser debidamente representada ante la justicia.
En las próximos horas, buscará asesoramiento legal para realizar una contra denuncia y defender su derecho a permanecer en su único lugar de residencia, que recordemos, se trata de un terreno fiscal, de un terreno propiedad del Estado Provincial, terreno que no puede ser negociado ni opuesto en venta bajo ningún punto de vista.
Se les ha otorgado un plazo para responder a las solicitudes judiciales, incluyendo la presentación de un informe detallado conforme a la ley, antes de que se tome una decisión sobre la demanda de reincorporación.
El lamentable episodio ocurrió en año 2007. La defensa del imputado planteó oposiciones legales, incluyendo la prescriptibilidad de la acción, argumentando que el tiempo transcurrido desde el supuesto abuso invalidaba la denuncia.