Crisis alimentaria en Argentina: Comedores populares desbordados

Desde que llegó a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei elogió sobremanera las políticas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su decisión de auditar los comedores sociales y mantener toneladas de comida en galpones durante meses hasta que la Justicia la obligó a distribuirla. Pero el relato oficialista se chocó una vez más con la realidad. Hoy la crisis social provocada por el plan económico libertario desbordó a los comedores populares: algunos dejan de funcionar y otros, la mayoría, solo pueden abrir unos días en la semana y tienen lista de espera para miles de personas. 

La versión del Gobierno es la misma que mantuvo desde que asumió el 10 de diciembre de 2023: la ayuda social no podría ser mejor. Así lo repite una y otra vez el Ministerio de Capital Humano en distintos comunicados. Pero eso no se condice con las declaraciones de los dirigentes sociales que describieron en diálogo con El Destape la situación de los comedores. Por ejemplo, el Padre Francisco Paco Olveira anunció este lunes el cierre de un comedor en Merlo por falta de fondos del Gobierno nacional.

Además, el Gobierno apunta contra los comedores en sí. El 4 de julio, la cartera que conduce Pettovello publicó un comunicado con datos de un auditoría hecha por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cuyos resultados no se hicieron públicos. "El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) presentaba graves deficiencias en sus mecanismos de control interno, integridad de datos y procedimientos administrativos. Estas falencias impidieron garantizar la confiabilidad, transparencia y eficacia necesarias para una adecuada implementación de las políticas alimentarias", indicó el Ministerio en un comunicado. Desde que asumió el Gobierno mantuvo una política de no comprar alimentos y bajar directamente los fondos, pero solamente a los comedores que reconocen y que tienen registrados, que son menos de 5.000.

Las denuncias de los comedores: sin fondos y con funcionamiento parcial.

El Ministerio de Capital Humano no reconoce a miles de comedores a cargo de organizaciones y dirigentes sociales, y la mitad de los que sí registró pertenecen a Cáritas, la organización de asistencia social de la Iglesia Católica. Al principio del mandato de Milei, reclamaban que se mantuviera la política de entrega de alimentos, hoy ya ni eso. Lo que piden es que al menos envíen los fondos que les corresponden por el programa Alimentar Comunidad. 

Este lunes, el Padre Paco Olveira denunció en una columna de El Destape la suspensión de las actividades del comedor San Cayetano del barrio Eva Perón de Merlo. Luego, explicó más en detalle en diálogo con este portal: el Gobierno se ampara, según detalló Olveira, en la revisión de las facturas de los gastos hechos con la tarjeta que se entrega en el programa Alimentar Comunidad. Según contó, la última rendición de cuentas se aprobó el 29 de abril; casi tres meses después, por falta de fondos, el comedor cerrará por tiempo indefinido. "No creo que sea por inutilidad, creo que es por perversidad. De esa manera, se ahorran varios meses, porque no es que después te lo dan retroactivo", subrayó y añadió: "Siempre se demoran tiempo, esta es la vez que más tiempo están tardando". 

En el comedor San Cayetano se estaban cocinando 400 raciones por día. "Estábamos, porque desde esta semana no vamos a cocinar", lamentó una mujer que forma parte del comedor. "Estamos empezando a movernos para conseguir donaciones de carne, porque los alimentos secos más o menos nos podemos arreglar",contó Olveira, antes de aclarar que intentarán que sea "el menor tiempo posible" y concluir: "Nosotros podemos seguir cocinando, dándole simplemente hidratos de carbono a la gente". 

Pero aún en los casos en los que los fondos nacionales llegan, no alcanzan. Como sucede con el comedor Color Esperanza, que está en Caraza, Lanús, y que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Si bien son beneficiarios del programa Alimentar Comunidad, el flujo de personas que van y el congelamiento de los fondos, que será como mínimo hasta octubre por una disposición de Capital Humano, limitan la actividad del comedor. El año pasado tuvieron que dejar de abrir de lunes a viernes para pasar a hacer ollas los martes miércoles y viernes y ahora barajan la posibilidad de reducirlo un día más, no solo porque la comida deja de alcanzar, sino por el desgaste que sufren las cuatro personas que trabajan allí y hacen entre 600 y 900 raciones en esas jornadas. "No luchamos solamente por los alimentos, sino también por el reconocimiento salarial de las pocas personas que quedamos haciendo estas ollas", declaró a El Destape Alejandra Ramos, responsable del comedor. 

"Creció muchísimo la cantidad de gente que va a buscar comida", explicó Ramos, quien especificó que los adultos mayores "son una población extensa que va a buscar" comida al establecimiento, así como los niños, a quienes los sábados les dan desayuno, almuerzo y merienda ahí mismo. "Lo que venimos viendo hace como dos meses es que hay chicos que vienen con dolor de panza y dolor de cabeza. Las familias no cenan de noche en su mayoría, cenan cuando pueden", dijo e insistió: "A comer en la casa hoy lo llaman 'darse un gustito'. Debería ser un derecho". 

Además, la responsable del comedor Color Esperanza contó que "semanas atrás" tuvieron una nueva auditoría con representantes del Ministerio de Capital Humano. "Se quedaron asombrados de la cantidad de tuppers que había, y ollas, y la cantidad de comida que estábamos haciendo", contó sobre aquella visita. Es que su duro relato está enmarcado en la crisis económica, que hace que "de las cuatro semanas del mes" haya tres "jodidas".  "Hay días que no llegamos con la comida ya. Y es re feo, pero nosotros ponemos la cara", sumó. 

La descripción de la profundización de la crisis social se repite una y otra vez entre dirigentes sociales que manejan comedores, como Margarita Barrientos, fundadora y directora del comedor Los Piletones. "Las donaciones del Estado están peor que nunca. El Gobierno de la Ciudad nos manda una parte de ración, pero no nos alcanza", dijo Barrientos a Futurock. "No tengo ningún diálogo con nadie del gobierno nacional, pero me gustaría para poder contarles mis necesidades, que son las de mucha gente", agregó. 

Además, desde el Polo Obrero, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en algunos puntos de la Provincia, denunciaron el abandono de la gestión nacional. Edgardo Mari, miembro de la mesa nacional del Polo Obrero y abocado a la zona sur del Conurbano, donde organizan 25 comedores y 28 merenderos, advirtió que "la demanda de comensales ha crecido", pero el Estado nacional "cortó por completo la asistencia alimentaria". "Tenemos comedores que funcionan dos veces a la semana, merenderos que funcionan tres, otros dos, otros una vez a la semana", señaló a este portal y, ante la consulta de si era posible que algunos de esos comedores y merenderos tuvieran que cerrar en el corto plazo, sentenció: "Sí, son los riesgos, porque aumenta la demanda de gente que viene a comer".

Ezequiel, del Polo Obrero Capital Federal, también hizo hincapié en la cantidad de personas que necesitan asistir a los comedores. "Tenemos comedores en el Bajo Flores, Soldati, Lugano, la Villa 20, el barrio La Carbonilla, la 31. Bueno, en casi todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. La situación que asumió el gobierno de Milei, por supuesto, ha ido empeorando. El Gobierno nacional ha decidido directamente eliminar todas las partidas presupuestarias destinadas a comprar alimentos que después enviaban a los comedores populares. Nosotros hasta el año 2023 teníamos la provisión de alimentos secos por parte del Gobierno nacional, si bien con intermitencias y había que luchar para poder recibir cada una de las partidas, pero eso se cortó directamente a fines del año 2023 con la asunción del gobierno de Milei. Se ha decidido dejar de enviar alimentos a los comedores populares", denunció a El Destape. "Nosotros, más o menos, asistimos a unas 8.000 personas en nuestros comedores, pero tenemos una lista de espera de igual tamaño, más o menos entre 5.000 y 6.000 personas en lista de espera", agregó.