El régimen de Milei a fondo contra el empleo: a un año de la Ley Bases sus efectos se sienten en la pérdida de empresas y puestos de trabajo

El gobierno de Javier Milei se superó a sí mismo demoliendo empleos. Los datos del primer trimestre de 2025, dados a conocer por el INDEC esta semana, le pusieron número al hito: en marzo, la desocupación alcanzó el 7,9%, el nivel más alto de la era Milei, que un año antes había anotado un 7,7% en la misma estadística. A 12 meses de la Ley Bases, el soporte legal del modelo extractivo en curso está mostrando sus consecuencias.

Las regiones más industrializadas del país cargan con el mayor peso del derrumbe. El Gran Buenos Aires registra una tasa de desocupación del 9,1%, un síntoma perfecto de la destrucción productiva que genera el modelo aperturista. La región Pampeana la acompaña con un 7,4%, mientras que solo la Patagonia muestra números relativamente menores (4,9%), protegida parcialmente por su estructura económica vinculada a los recursos naturales.

Los números fríos del desempleo no reflejan el calor humano de la crisis. Unos 210.000 puestos laborales registrados desaparecieron entre noviembre de 2023 y marzo de este año, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo relevados por el CEPA. De ellos, 130.000 se perdieron en la administración pública producto de la motosierra oficial, 81.000 en la construcción por la parálisis de la obra pública, 53.000 en transporte y almacenamiento, y 25.000 en la industria manufacturera.

La industria textil funciona como caso testigo del desastre. Los datos recabados por la Fundación Pro Tejer exhiben un apocalipsis productivo: 6 de cada 10 empresas redujeron empleo durante el último año, mientras que 7 de cada 10 perdieron ventas en los últimos dos años, con una caída promedio del 21%. Durante el primer trimestre de 2025, cinco de cada diez empresas sufrieron caídas en sus ventas respecto al mismo período del año anterior, con una baja promedio del 5%. La mitad de las empresas consultadas redujo su nivel de actividad, con una contracción promedio del 3%, mientras que al tomar como referencia 2023, tres de cada cuatro empresas mostraron una caída que alcanzó un promedio del 20%.

La explicación es simple: el 67% de las prendas que se consumen en el país son ahora importadas, el nivel más alto de la historia, mientras que solo el 33% es de origen nacional. En los shoppings, la proporción es aún más dramática: el 75% proviene del exterior. Las importaciones de ropa crecieron 86% y las de textiles para el hogar, 109% interanual durante el primer trimestre, marcando un récord histórico impulsado por el auge del comercio electrónico vía courier.

Esta avalancha importadora es resultado directo de las políticas oficiales: eliminación de los valores criterio, debilitamiento de los controles aduaneros, reducción de aranceles del 35% al 20% para indumentaria y calzado, del 26% al 18% para tejidos, y del 18% a entre 12% y 16% para hilados. Los tejidos de punto importados ingresaron al país con un precio FOB promedio 45% más bajo que el promedio registrado entre 2015 y 2024, evidenciando maniobras de subfacturación que el gobierno elige ignorar.

La apertura importadora se ejecuta en el altar de una baja de precios al consumidor que en los mostradores no se verifica. En cambio, sí se aprecia su resultado en empleos y retracción productiva: ocho de cada diez empresas no invirtieron en maquinaria ni ampliaron su capacidad durante 2024, y la misma proporción no lo hará en 2025. Una destrucción sistemática del aparato productivo que compromete las posibilidades de inversión futura y profundiza la dependencia externa.

Laboratorios de la precarización

El plan de estabilización por inanición del Gobierno está matando de hambre al aparato productivo nacional. La apreciación cambiaria, combinada con la apertura comercial indiscriminada y la eliminación de protecciones, creó las condiciones para que las importaciones se disparen mientras la producción local se desploma. Las fábricas apagan las máquinas y se reconvierten en comercializadoras de productos importados.

El efecto sobre el mercado laboral alcanza niveles alarmantes: sumando desocupados, sub-ocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, la cifra trepa al 29,7% de la población activa. Casi tres de cada diez argentinos en edad de trabajar padecen algún tipo de problema laboral.

La expansión de las dificultades para obtener o mantener empleo es proporcional a la degradación de las condiciones laborales de quienes conservan su trabajo. En solo un año aparecieron 244.800 trabajadores por cuenta propia más, una cifra que desnuda el verdadero "milagro" libertario: convertir empleados en relación de dependencia en cuentapropistas precarizados.

En esa marea de gente desesperada, las grandes corporaciones se sientan a pescar y aprovechan incluso su propia crisis para profundizar sus ataques contra los derechos laborales. Los casos de Molinos Río de la Plata y Georgalos, dos de las mayores alimenticias argentinas, son emblemáticos de esta ofensiva patronal con bendición oficial.

Molinos Río de la Plata, la firma de la poderosa familia Pérez-Companc, opera como laboratorio de la flexibilización laboral salvaje. Los trabajadores iniciaron un paro indefinido después de que la empresa despidiera al menos 10 empleados antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Los despidos, que comenzaron el 26 de mayo, dejaron a la planta con dotaciones por debajo del mínimo requerido en cada máquina, generando situaciones de riesgo para la salud de los operarios. Una estrategia calculada: reducir personal hasta el límite de la seguridad industrial para maximizar ganancias.

El caso Georgalos, la histórica fábrica del Mantecol, exhibe la pretensión disciplinadora de ciertas compañías ante la crisis. La empresa despidió a cinco trabajadores por participar en un paro convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), incurriendo en una flagrante violación a la libertad sindical y al derecho a huelga. Cuando el Ministerio de Capital Humano intimó a la empresa a reinstalar a los despedidos en el marco de la conciliación obligatoria, Georgalos simplemente se negó a acatar la orden ministerial, profundizando su accionar ilegal.

"La empresa sigue en la ilegalidad", denunciaron los trabajadores en un comunicado, mientras organizaban movilizaciones y se presentaban diariamente en la planta para exigir sus puestos de trabajo. Pero la complicidad gubernamental se mantuvo inalterable: a pesar de la violación sistemática de las normas laborales, no hubo sanciones efectivas ni presión real sobre las empresas.

Los ejemplos se multiplican mientras el Ejecutivo avanza con nuevas herramientas de precarización. La creación de los fondos de inversión para ceses laborales, habilitada por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General 1071, busca directamente reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un sistema donde el trabajador aporta a su propio despido, quitándole responsabilidad económica a las empresas.

El mecanismo es de una perversidad exquisita: los empleadores y trabajadores podrán "sustituir" la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como otros rubros indemnizatorios, por un sistema de aportes que administrarán Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros bajo supervisión de la CNV. Las partes podrán establecer "libremente" el porcentaje de la remuneración que aportará el empleador, pero también se habilita explícitamente el aporte de los propios trabajadores a su futura cesantía.

La letra chica revela la trampa: estos fondos serán inembargables, las cuotapartes estarán "cedidas con condición suspensiva" a favor de los trabajadores, y el sistema se establecerá "por medio del Convenio Colectivo de Trabajo". En otras palabras, se presiona a los sindicatos para que negocien la eliminación de las indemnizaciones a cambio de un sistema financiero donde el trabajador asume el riesgo de la inversión de sus propios aportes.

Roberto Silva, presidente de la CNV, no ocultó el objetivo: "Esta propuesta tiene potencial para transformar profundamente la forma en las que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez impulsa la participación de inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales". Traducido: convertir los derechos laborales en productos financieros que alimenten el negocio de fondos de inversión mientras se libera a las empresas de la responsabilidad indemnizatoria.

El sistema, que se puede acordar "a nivel individual, empresa o sectorial", representa la coronación del modelo: transformar la protección del trabajador ante el despido arbitrario en un negocio financiero donde las empresas se liberan de costos y los fondos de inversión ganan comisiones administrando el dinero que debería ir al bolsillo del despedido como medio de supervivencia frente al forzado impasse laboral.

Aguas revueltas

La destrucción del aparato productivo nacional encuentra en el sector pesquero una experiencia a cielo abierto que prefigura el destino de la industria argentina. Empresas que hasta el año pasado mantenían a Argentina como uno de los principales exportadores de langostinos del mundo ahora prefieren convertirse en traders, importando producto ecuatoriano a 4 dólares para venderlo a 5,50 en los mercados internacionales, mientras el langostino nacional cuesta 6,50 dólares producir.

La ecuación es perfecta para las empresas concentradas y letal para los trabajadores: mantener las ganancias exportadoras destruyendo el empleo local. El plan es importar unas 80.000 toneladas de langostino vannamei desde Ecuador, cuadruplicando en una sola operación los volúmenes importados durante todo 2024. Como explicó Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, "el hecho de que las grandes compañías empiecen a importar productos pesqueros sería un verdadero golpe de gracia para la actividad extractiva nacional, condenando al desempleo a más de veinte mil trabajadores".

Mientras tanto, las empresas mantienen un lockout patronal y exigen a los trabajadores reducciones salariales de hasta el 30%, eliminación del bono por productividad y el uso de un tipo de cambio diferencial menor para calcular los ítems salariales. Una devaluación salarial en toda regla. 

Cementerio de gigantes

No son sólo las condiciones laborales las que se deterioran sistemáticamente. El modelo económico libertario se convirtió en una máquina de destruir empresas, transformando a Argentina en un cementerio de gigantes industriales. En lo que va del gobierno libertario cerraron 12.000 empresas, con la particularidad de que no fueron solo pymes las afectadas, sino también grandes capitales nacionales e internacionales.

En el listado de salidas aparecen Xerox, Clorox, Prudential, ENAP, Fresenius, Procter and Gamble y el HSBC. Mientras tanto, se achicaron muchas otras, con casos emblemáticos como Whirlpool y la firma de sanitarios FV, que suspendió a 800 trabajadores a fines del año pasado.

Los últimos en caer fueron tres gigantes del agro argentino: Sancor, Los Grobo y Agrofina se presentaron en default y concurso de acreedores en las últimas semanas, víctimas de la recesión, la caída de ventas internas y un tipo de cambio que vuelve inviable la actividad productiva. Como precisó un informe de la consultora Vectorial, "con este tipo de cambio, este nivel de precios internacionales y estos costos internos en dólares, la actividad no es rentable".

Sancor, que ya venía de una crisis de años, terminó de caer por la destrucción del mercado interno. La recesión y la caída de los salarios reales le impidieron generar el flujo de dinero necesario para afrontar la crisis. Los Grobo, la emblemática empresa del "Rey de la Soja" Gustavo Grobocopatel, acumula un rojo de 200 millones de dólares y no pudo cerrar acuerdos con sus acreedores bancarios.

También se confirmó el default de la petrolera Aconcagua Energía, que no pudo pagar los intereses de su deuda tras el fracaso de una emisión en Nueva York donde los bancos exigían tasas superiores al 12% anual. Una nueva muestra de que el supuesto "orden macro" no es tan sólido como se vende desde el oficialismo.

La mayoría de los empresarios que hoy transitan en falsa escuadra cobijaron y aún respaldan al presidente Milei. La pulsión por dispararse en el pie quedó plasmada en la Ley Bases, una voluminosa reforma legal que el gobierno presentó como una declaración de principios que concede a reclamos históricos de las grandes corporaciones, nacionales y extranjeras. Los fondos de cese laboral son apenas la punta del iceberg de un paquete que incluye la flexibilización de las condiciones del trabajo, la eliminación de protecciones laborales históricas y la entrega de herramientas para que las empresas despidan sin costo.

El caso de Molinos y otras grandes empresas que aprovechan el contexto para profundizar la precarización de trabajadores que, a la vez, son consumidores, no es una desviación del modelo sino la esencia de lo que propone para el país: extraer toda la renta posible hasta secarlo de futuro.