Antes que se diera a conocer el fallo que finalmente condenó a Cristina Kirchner, las dos CTA alertaron sobre un «operativo judicial» para impedir que CFK sea candidata, compararon su caso con el de Lula y convocaron a la movilización social.
Sindicales / Gremiales11 de junio de 2025
TELEDIARIO.COM.AR
Las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) calificaron como «un golpe a la democracia» lo que ya es una decisión confirmada de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En un comunicado conjunto difundido horas antes del fallo, titulado «Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia», los referentes Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo «Cachorro» Godoy (CTA Autónoma) habían anticipado su rechazo a lo que consideraban «un operativo judicial», compararon el caso con la persecución que sufrió Lula da Silva en Brasil y convocaron a la movilización social.
El documento arremetió contra la Corte Suprema, acusándola de actuar como brazo ejecutor de «los poderes fácticos» al resolver sobre la condena a la vicepresidenta en la causa Vialidad. «El triunvirato que ocupa la Corte busca impedir la expresión de la voluntad popular», denunciaron, afirmando que el veredicto contra CFK «estaba escrito antes de que comenzara el juicio». Las centrales obreras caracterizaron el proceso como una «vendetta política» de los sectores de poder contra las conquistas populares.
La declaración se difundió en medio de un clima de alta tensión, con cortes de ruta y concentraciones de gremialistas en apoyo a la ex presidenta. Las CTA ratificaron su disposición a «enfrentar la proscripción» tal como lo hicieron «en otros momentos críticos de la historia argentina», en alusión a las resistencias contra dictaduras y gobiernos de facto.
El fallo de la Corte Suprema –que confirmó luego la condena a 6 años de prisión e inhabilitación política de CFK– se espera para las próximas horas. Mientras el oficialismo habla de «respetar las instituciones», el peronismo y el movimiento sindical preparan medidas de fuerza ante lo que consideran un nuevo capítulo de «lawfare».
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