Catamarca marchó por una Ley de Emergencia en Discapacidad

Familias con niños y niñas con discapacidad expresan preocupación por la falta de terapias y acompañamiento, sintiéndose dejadas "a la deriva" ante una crisis que exige atención urgente.

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Esta mañana, Catamarca fue escenario de una movilización en la Plaza 25 de Mayo para exigir la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta, parte de un movimiento nacional, congregó a asociaciones y ONG que demandan mejoras en el sistema de atención para personas con discapacidad.

La marcha en Catamarca comenzó a las 11 de la mañana y reunió a diversos grupos, incluidos el Instituto de Rehabilitación Integral, Petit Clínicas de Infancias, la Unión de Padres Azules y Neuro Desarrollo Catamarca. Los participantes, comprometidos con la problemática, alzaron su voz en defensa de familias, pacientes y profesionales del sector.

Entre ellos, Aldana Escobar, miembro de APAC, compartió su experiencia personal. Tanto ella como su hija están diagnosticadas con autismo, y su otro hijo padece TDAH. Escobar comentó sobre la urgencia de actualizar el nomenclador que regula las tarifas de los profesionales que brindan estos servicios, argumentando que desde 2023 se mantienen los mismos valores, lo que impacta directamente en las familias y los profesionales.

“Los prestadores, como psicólogos y psicopedagogos, están cobrando tarifas desactualizadas, y muchas veces deben solicitar pagos adicionales a las familias porque lo que cubre la obra social es insuficiente”, explicó. Según diversas fuentes, el costo por sesión privada asciende en promedio a 20 mil pesos, un monto que muchas familias no pueden afrontar.

La protesta de hoy se enmarca en un reclamo más amplio a nivel nacional, donde se busca que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea debatida en el Congreso. Esta iniciativa se presentará en la Cámara Baja la próxima semana y propone declarar una emergencia nacional en materia de discapacidad. Entre sus objetivos se encuentran la creación de un presupuesto específico para actualizar las tarifas de los prestadores y mejorar las condiciones laborales en talleres protegidos.

Actualmente, los trabajadores en estos espacios reciben un salario de 28 mil pesos al mes, cifra que se mantiene sin cambios desde febrero de 2023. Además, la ley busca agilizar el proceso de auditorías y la aprobación de pensiones, un tema crítico: en los últimos 14 meses, solo se han aprobado 586 de las 500 mil solicitudes presentadas.

Familias con niños y niñas con discapacidad expresan preocupación por la falta de terapias y acompañamiento, sintiéndose dejadas "a la deriva" ante una crisis que exige atención urgente.

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