Las “fuerzas del cielo” detrás de las inundaciones: negacionismo climático y ajuste

Las recientes inundaciones en parte importante del Amba, el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires y, particularmente, el desastre en las ciudades de Zárate y Campana vuelven a poner de manifiesto la responsabilidad gubernamental en estas catástrofes humanitarias, con miles de evacuados, barrios anegados y zonas enteras bajo el agua. El gobierno de Javier Milei prepara a diario estas catástrofes con su política de negacionismo climático, eliminación de la obra pública y ajuste y despidos en los organismos de prevención y control.

Casi 3.000 evacuados, tres desaparecidos y una persona fallecida son el saldo, preliminar, de este nuevo temporal que azotó a parte de la provincia de Buenos Aires y que nuevamente expone la ausencia de políticas estatales para enfrentar estas situaciones.

El punto de partida de la responsabilidad gubernamental hay que ubicarlo en la negación oficial del cambio climático, lo que se ha convertido con Milei en una política de Estado, suprimiendo directamente dichos términos de los informes oficiales de los investigadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A esto se suma la responsabilidad del gobernador Axel Kicillof y el peronismo, con años de no realización de las obras y con la promoción de los agronegocios y la impermeabilización de los suelos, que sirven a cargar mas los arroyos y cuencas que luego desbordan, junto a la promoción de los negocios inmobiliarios y countries en la zona, afectando humedales y tierras de drenaje de aguas.

No estamos ante un contrapunto más de la “batalla cultural” del gobierno, sino ante una política con consecuencias fatales para la población, que parte de negar las transformaciones climáticas para justificar el ajuste y el abandono en materia de inversión en obras hídricas y de urbanización, e incluso en programas de prevención y respuesta temprana ante acontecimientos intempestivos.

Con dos inundaciones catastróficas en bahía Blanca, inundaciones en el norte argentino, diluvios cada vez más frecuentes y ahora este temporal, el gobierno no revisa para nada su orientación, mientras profundiza el desguace de los organismo responsables de prevenir las consecuencias ruinosas de estos fenómenos.

El gobierno nacional no solo ha liquidado la obra pública necesaria para bombear el agua de las ciudades a los ríos y evitar los desbordes, sino que también está vaciando el SMN, con despidos y un ajuste presupuestario sin precedentes, incluso amenazando su fusión con otros organismos para profundizar el vaciamiento, lo que impide cualquier labor seria de prevención y alerta temprana de fenómenos climáticos destructivos.

En cuanto a la ausencia de obras públicas se calcula que la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 100 obras de infraestructura pendientes, entre ellas un desagüe pluvial de “defensa hídrica” proyectado en 2022 para el barrio Villa Nueva de Zárate de, que mitigarían las inundaciones y que requieren de recursos públicos que el gobierno transfiere a los capitalistas y el FMI.

En esta línea se inscribe también el desmantelamiento de la Acumar, responsable del saneamiento y control de la principal cuenca de la provincia de Buenos Aires, con casi 300 despidos y el cierre de todos sus programas, entre ellos los planes de obras hídricas necesarias, las estaciones meteorológicas de la cuenca  y las relocalizaciones de la población asentada en tierras inundables, altamente expuestas a crecidas y desbordes.

Tampoco existe plan de contingencia alguno para estos casos, ni presupuesto designado, sino que se resuelve sobre la marcha, apelando a la “colaboración de la población”, el voluntarismo y la solidaridad, ante eventos que barren con las casas y los bienes de la población trabajadora.

Las intendencias, a su vez, carecen de planes de contingencia y mapas de riesgos para actuar rápidamente en estas situaciones, y son responsables de la exposición de los trabajadores que habitan zonas bajas e inundables.

Las únicas “fuerzas del cielo” que actúan bajo el actual régimen son las catástrofes climáticas cuyo accionar destructivo es facilitado por el gobierno nacional, que hace todo lo posible por complicar la situación que padecen millones de familias obreras.

Hay que terminar con esta orientación criminal, atendiendo a la realidad del cambio climático e invirtiendo en investigación, prevención y obras públicas –urbanización y obras hídricas- para evitar nuevas catástrofes humanitarias como las que imponen las actuales condiciones de ajuste y miseria.

PRENSA OBRERA.-