Crítica a la nueva estructura del Gobierno: Un autocontrol cuestionable

La disolución del ENRE se acompaña de una redistribución de sus funciones. Las competencias sobre tarifas de servicios públicos pasarán al Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras que el nuevo Defensor del Pueblo será responsable de la protección de los derechos de los usuarios.

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Dalmacio Mera.
Dalmacio Mera.

El Gobierno provincial ha implementado una serie de decretos que han generado controversia y preocupación por su impacto en la institucionalidad. Dentro de estas medidas, destaca la disolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) y la creación de una Defensoría del Pueblo con un evidente sesgo político.

El 30 de abril de 2025, se firmaron cuatro decretos en Casa de Gobierno. Tres de ellos, los decretos acuerdo números 718, 719 y 720, fueron enviados a la Cámara de Diputados, mientras que el cuarto, el decreto número 781, se remitió al Senado para la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. Cabe señalar que, a pesar de la razón de urgencia económica que alegan, el Gobierno ha elevado los salarios de la cúpula del Tribunal de Cuentas al nivel de los de la Corte de Justicia.

La disolución del ENRE se acompaña de una redistribución de sus funciones. Las competencias sobre tarifas de servicios públicos pasarán al Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras que el nuevo Defensor del Pueblo será responsable de la protección de los derechos de los usuarios. Sin embargo, esta nueva estructura resulta cuestionable, ya que los proveedores de servicios son, en su mayoría, empresas de propiedad estatal. Esto plantea dudas sobre la efectividad del control y la defensa del usuario frente al mismo Gobierno.

La figura del Defensor del Pueblo fue inicialmente establecida en 2011, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los ciudadanos ante acciones arbitrarias de la administración pública. Sin embargo, la reciente designación de Mera, un exministro y aliado del Gobierno, sugiere un conflicto de interés que debilita la función del organismo y pone en entredicho la promesa de un verdadero autocontrol.

Este cambio en la administración pública se plantea sin un adecuado debate legislativo, lo que abriga temores sobre la falta de transparencia y la legitimidad de estas decisiones. Si la nueva Defensoría no actúa con independencia, los derechos de los ciudadanos podrían verse comprometidos en un entorno donde el Estado ya ejerce un control considerable sobre los servicios esenciales.

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