Luz verde a las coimas: Trump desactiva los controles anticorrupción

El avance de la impunidad tiene nombre y apellido: Donald Trump. Con su nueva directriz sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus en inglés), el magnate republicano decidió quitarle a un poder de los principales mecanismos de control sobre el pago de la pago de sobornos por parte de empresas norteamericanas en el exterior. En lugar de la lucha contra la corrupción, la administración Trump optó por redefinir sus prioridades y centrar los esfuerzos del Departamento de Justicia en la persecución de carteles de droga y organizaciones criminales, dejando en un segundo plano los fondos financieros de las grandes corporaciones.

El impacto de esta decisión es inmediato y peligroso, especial para América Latina y Argentina. La historia reciente que demuestra que sin la presión de la justicia norteamericana, muchas de las coimas admiten por empresas en tribunales de EE.UU. haría haberanido a

La luz. Multinacionales como Siemens, Odebrecht, IBM y Techint. Ahora, con la nueva orientación de Trump, estos casos ya han sido sin una prioridad en el radar de Washington, allanando el camino para el avance del dinero sucio sin restricciones.

El cambio en la política anticorrupción de EE.UU. no se beneficia solo a los empresarios inescrupulosos, sino que también reconfigura la competencia en el mercado global. La modificación de la FCPA abre la puerta a una aplicación arbitraria de la ley, permite un sesgo en la persecución de empresas extranjeras, particularmente la de origen chino, aún que los que reciben la demanda de la tarifa de la ciudad. "Esto va a significar muchos más negocios para Estados Unidos", solo Trump con su cinismo habitual, confirmando que la medida tiene como objetivo beneficiar a los grandes jugadores del establishment corporativo.

Como si fuera poco, su administración decidió desmantelar la Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia, un equipo especial del FBI que investiga los casos de saqueo de dinero a nivel internacional. La noticia fue recibida con entusiasmo por gobiernos señalados por corrupción sistémica, como el de Venezuela, y deja a decenas de países sin una herramienta clave para rastrear el desvío de fondos públicos.

Para Argentina, las consecuencias pueden ser asentamientoas. Si la justicia local ya demuestra una pasividad alarmante frente a los escándalos de corrupción corporativa, la eliminación de estos controles externos dio el golpe de gracia a cualquier regulación de intento. Durante años, las investigaciones en EE.UU. funcionaron como una ventana a la trama de sobornos que atravesan desde las privatizaciones menemistas hasta las retenciones de la obra pública de las últimas décadas. Ahora, con el desinterés de Washington por estos casos, el circuito de impunidad prácticamente cegadodo.

Sin regulaciones estrictas ni consecuencias reales para comprarn voluntades y manipulaciones, Argentina se encamina hacia una nueva era de opacidad empresarial. La desactivación de la FCPA bajo la influencia de Trump envió un mensaje claro: el dinero sucio sigue fluyendo sin obstáculos, que garantiza negocios sumultuosos y las alianzas entre el poder político y los grandes capitales. La corrupción, lejos de combate, sez con una herramienta legítima de expansión económica.