Qué hacer con la deuda: Rechazo de organizaciones sociales y políticas, y de expertos, a un nuevo acuerdo con el FMI

«Es urgente un cambio de estrategia en el tratamiento de la deuda externa (…). Hay que evitar un nuevo programa del FMI. Hay que revisar el otorgamiento de préstamos al país. Una vez auditados, para su pago se deberá establecer que su peso recaiga sobre aquellos que se beneficiaron con la misma, fugando capitales del mercado».

Estas son algunas de las propuestas alternativas a una política sobre la deuda, incluidas en un documento recién emitido por el Foro Economía y Trabajo. Un encuentro de economistas y otros profesionales convocado por diversos sindicatos (de la Corriente Federal de trabajadores y las dos CTA), y organizaciones sociales y de empresarios pyme.

l documento está titulado «La deuda no puede mandar. Un nuevo acuerdo con el FMI es nocivo e innecesario» y promueve una amplia discusión del tema, en el marco de «propuestas para un plan nacional económico, social y federal».

Sobre el documento elaborado por el Foro Economía y Trabajo, Página 12 le pidió su opinión al ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien tuvo a cargo la última negociación con el FMI que derivó en el Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en marzo de 2022.

Guzmán coincidió con el documento en cuanto a que hay que evitar un nuevo acuerdo con el Fondo y en que el el pago «debe recaer sobre los más ricos y quienes más se beneficiaron del crédito a Mauricio Macri en 2018». Señaló, en virtud de las duras negociaciones que deberían encararse con los acreedores, que «la opción del default nunca debe descartarse, pero si vamos hacia ese escenario, es necesario explicarle a la población muy claramente lo que significa; porque va a haber costos, pero esos costos suelen ser mucho menores que los de una política de ajuste bajo las condiciones impuestas por el FMI».

En malas manos

El Foro advirtió que dada las gravísimas consecuencias que acarrea el tratamiento de la deuda, «es en extremo grave dejarle las manos libres al Presidente Milei y su Ministro de Economía, Luis Caputo, cuando los compromisos por la deuda para el año 2025 son superiores a los 17.200 millones de dólares más 2100 millones de dólares (del Banco Central) por los bonos Bopreal”.

Recuerda, además, que se eliminó por DNU «la obligación que establece la Ley de Administración Financiera» de exigir a la parte acreedora, para realizar canjes de deuda, mejores condiciones (para el país) en términos de plazo, quita de capital, o intereses, «en al menos dos de ellos».

Sostiene el documento que «Las responsabilidades del Congreso de la Nación al respecto son gravísimas, pues en los hechos admite la vigencia de Decretos de Necesidad y Urgencia viciados de nulidad, declinando sus facultades e incumpliendo sus obligaciones constitucionales».
«Las exigencias derivadas del endeudamiento se traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en creciente asfixia de nuestra economía, lo que ha sido corroborado de manera exponencial por el gobierno de Javier Milei».

«Al contrario, se beneficia a una minoría parásita y rentista en cuyo beneficio se contrae una exorbitante deuda pública, que evade y elude impuestos, que subfactura exportaciones, sobrefactura importaciones y que hasta recurre al contrabando».

Participan del Foro, entre otros, Ricardo Aronskind, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José María Fumagalli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella y Nahuel Silva.

Aprovechar la coyuntura

Apunta el Foro que «es imprescindible aprovechar la libertad que brinda la terminación del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin del presente año (2024) para hacer una política económica y social independiente de las imposiciones del organismo. Hay que evitar un nuevo programa con el Fondo, por nocivo e innecesario».

En referencia a la aparente estabilidad cambiaria actual, señala el documento del Foro:

«La acumulación de activos financieros en moneda nacional a tasas insostenibles para la economía real suele exigir su conversión a moneda dura. Al principio, este fenómeno puede pasar desapercibido, ya que el esquema de carry trade, similar a los esquemas Ponzi, se sostiene mediante la entrada de nuevos participantes. Sin embargo, cuando el volumen de salida de capital supera al de entrada, el sistema colapsa, dejando como único legado la deuda acumulada por el Estado para mantener una prosperidad ficticia».

Medidas imprescindibles

Para evitar estos ciclos recurrentes de endeudamiento y dependencia en la economía argentina, el documento propone una serie de acciones en el plano interno y externo, entre las cuales se destaca:

* Revisar el otorgamiento de los préstamos al país, tanto de organismos internacionales como de instituciones financieras privadas internacionales

* Exigir al Fondo Monetario que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo Stand by al país en 2018 y establecer una urgente revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF-EFF) de 2022

* Salir del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, «como se tendría que haber hecho en 2007 cuando salió Bolivia; en tanto, Brasil nunca aceptó someterse a este tribunal arbitral».

* Reemplazar la Ley de Inversiones Extranjeras por otra que implique que las mismas se orienten al desarrollo económico del país.

* Revisar las cláusulas de cesión de soberanía jurídica en la emisión de bonos del estado y en la legislación vigente

* Apoyar iniciativas en el ámbito mundial que buscan alternativas para el tratamiento de la deuda de los países de ingresos medios y bajos

* Establecer que el peso del pago de la deuda recaiga sobre aquellos que se beneficiaron con la misma, fugando capitales del mercado

* Crear por ley del Congreso un Fondo en dólares para el pago de la deuda externa real auditada, en base a tributos que graven ganancias extraordinarias, y penalizaciones fiscales por fondos no declarados al fisco y todo tipo de transacciones de operaciones con el exterior no autorizadas por ley

* Levantar el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege a los responsables de fuga de capitales, maniobras de evasión o elusión tributaria

* Reforzar la administración cambiaria sobre las divisas del BCRA, con énfasis sobre las que requieren las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses intra y extra-firma

Evitar un nuevo programa

«Un nuevo programa del FMI sometería nuevamente al país a cumplir sus exigencias, nocivas para Argentina y para los argentinos: devaluación, ajuste recesivo, aumento de las tarifas de la energía, importaciones sin control, apertura financiera, facilidades y beneficios al gran capital, entrega de los recursos naturales, privatizaciones, desregulaciones, degradación de los servicios públicos y de las condiciones de vida, entre otras», sostiene el documento.

«Si bien todo esto forma parte de las políticas del gobierno actual, la existencia de un nuevo programa con el FMI validaría aún más estas medidas, y ataría las manos al próximo gobierno», advierte.

Apunta, en particular, como desventajas de un nuevo acuerdo:

* Los montos de un nuevo programa serían ínfimos en relación con la necesidad de dólares de Argentina. Argentina quedaría nuevamente sometido a cumplir las exigencias del FMI, a cambio de un monto menor que no soluciona nada.

* Los dólares frescos no solamente engrosarían la deuda pública, sino que se destinarían a la fuga, según las inclinaciones oficiales a privilegiar lo financiero por encima de lo productivo y del bienestar de la población.

* Hasta septiembre de 2026 Argentina no tiene que hacer pagos de capital al FMI, sino de intereses y cargos, finalidad para la que ese Fondo no presta sus recursos. De manera que no tendría sentido ahora hacer un nuevo acuerdo que reprograme pagos al FMI que comenzarán dentro de dos años.

Finalmente, expresa que «no se propone dejar de ser miembro del FMI, sino salir de sus condicionalidades (…). La situación normal y deseable de los países miembros del FMI es no tener programas de financiamiento con el organismo. Esta situación es excepcional, y así debe considerarse».

«Las desventajas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional superan largamente las ventajas, es necesario evitarlo, para romper las ataduras que impiden a los argentinos vivir dignamente y transitar un camino al crecimiento con equidad y la prosperidad compartida».

«Romper la esclavitud de la deuda es imprescindible y urgente para poder modificar la dependencia financiera que nos agobia y empuja a un nuevo quebranto. La tarea actual es definir cómo avanzar políticamente hacia ese objetivo, que es uno de los ejes centrales del acuerdo social y federal que proponemos, basado en un plan común a los sectores nacionales y regionales del trabajo y la producción, al que refieren nuestras propuestas vinculadas a los reclamos de las organizaciones sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, agremiaciones Pymes y cooperativistas».

Guzmán: «Ir al Fondo es la peor opción»

El ex ministro de Economía hasta junio de 2022, Martín Guzmán, conicidió en que «nunca deberíamos haber ido al FMI, esos créditos nunca son en favor de la Argentina. Sirven para pagar otras deudas y financiar la fuga, y dejan un saldo desfavorable en cuanto a incremento de deuda y condicionamientos a la política económica propia». El objetivo, ahora, «es sacarnos lo antes posible al Fondo de encima».

«Pero con el crédito que tomó Mauricio Macri en 2018, no se puede hacer lo que hizo Nestor Kirchner en 2006, que fue cancelar toda la deuda y salir de la órbita de deudores del Fondo», dijo.

«Hoy mi posición, como plantea el documento del Foro, es que hay que rechazar un nuevo programa con el FMI. Porque ir al FMI implica negociar tus políticas económicas. ¿A cambio de qué? No recibiste del Fondo la financiación de un Plan Marshall para reconstruir la economía, sino un prestamo para pagarle a los bonistas de Wall Street y para financiarle la fuga a otros capitales privados. Segundo, que el FMI sigue con préstamos que no son a un costo de tasa equivalente a las tasas mundiales de referencia, sino a tasas de colocaciones financieras».

Guzmán señaló que «el documento plantea que durante 2025 se dejen de pagar los vencimientos, pero si no hay un acuerdo de reestructuración de deuda con los acreedores, es muy importante explicar las consecuencias de un default en 2026. Implica sacrificios, pero a veces esos sacrificios son preferibles a los de un programa de ajuste del Fondo».

«También es necesario comprender y explicar cómo funciona el poder económico internacional, para saber qué se pretende lograr cuando se discute dejar de pagar en las actuales condiciones. El FMI es juez y parte en la actual estructura financiera mundial, nunca va a dar por cancelado el préstamo asumiendo que fue otorgado en condiciones que alguien podría considerar ilegítimas. Tampoco está claro quién va a declarar esa deuda ilegítima en el actual esquema de poder mundial».

Y lo que haya que pagar, subrayó, «que se haga con un esquema financiero progresivo, no regresivo como es el actual. Cobrarle impuesto a los que se beneficiaron de la operación. Nosotros habíamos calculado que con un impuesto a las rentas inesperadas podría haberse recaudado en un año el equivalente a 3500 millones de dólares».

Por último, remarcó la importancia política de estas definiciones. «Si se logra consenso interno, sería un avance y un mensaje, para marcar la cancha en cuanto al grado de rechazo a un ajuste regresivo».

Brenta: «Gran preocupación por la deuda»

Noemí Brenta, experta en temas de deuda externa, que participó activamente en la elaboración del documento, señaló que la principal intención es «expresar la gran preocupación por la deuda y su crecimiento, y los condicionamientos que significarían un nuevo programa de refinanciación del FMI». En oposición a ese acuerdo, destacó que el documento «formula una serie de recomendaciones y sugerencias de medidas que contemplen el interés de la gente».

«Firmar un nuevo programa con el Fondo, con las clásicas revisiones cada tres meses, es entregar el control de la economía nacional al FMI», expresó. «Estar bajo un acuerdo del Fondo y sus condicionalidades, significa aceptar una política de ajuste que puede tener sentido en el corto plazo, pero cuando el ajuste se va convirtiendo en permanente, es inevitable que la economía implosione».