SAE 911: los vínculos políticos y el negocio clandestino del proveedor contratado por el Gobierno

El Centro de Monitoreo o Servicio de Atención de Emergencia (SAE) 911 cumplió tres años desde su puesta en marcha y ya tiene problemas serios. En cuanto a su eficacia, menos de la mitad de las cámaras operan en buenas condiciones. El Ministerio de Seguridad llamó a una licitación para ampliar el sistema, pero luego la dio por fracasada por falta de presupuesto. A eso se suma una irregularidad grave: el prestador del servicio aprovecha parte de la fibra que le compró el Estado para vender internet a particulares. Aún así, le prorrogaron el contrato sin ninguna justificación.

 
La historia es reciente. El 5 de marzo de 2020, el entonces Ministerio de Planificación y Modernización llamó a licitación para llevar a cabo el proyecto del "Centro de Monitoreo 911" con un presupuesto total de 177.516.500 pesos, destinados a la "adquisición de bienes y prestación de servicios".

La resolución declaraba que la finalidad era "dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas de alta tecnología en video protección y así complementar los servicios que poseen en la actualidad, con movilidad sobre los despliegues del personal y redes de fibra óptica que enlazarán las dependencias policiales y las cámaras de seguridad".

Pero el inicio de la pandemia de Covid-19 postergó el proceso. Dos meses después, el 28 de mayo se abrió la licitación 01/2020 y solo dos empresas presentaron ofertas: Providers SA y Arlink SA.

El presupuesto establecido para el sistema de monitoreo fue de $177.516.500. El Gobierno puso ese monto en febrero y lo mantuvo hasta mayo. Lo usual es que las ofertas estén por encima o apenas por debajo del precio oficial, que se construye de acuerdo con evaluaciones técnicas puntuales de los valores de mercado.

Arlink presentó una oferta levemente inferior de $177.010.700, mientras que Providers la bajó casi un 15%: $156.353.662. El Ejecutivo provincial declaró ganadora de la licitación a la segunda y le adjudicó el proyecto. Según alegó el Poder Ejecutivo en el decreto con fecha 16 de julio de 2020, se trataba de la oferta “más conveniente a los intereses del Estado provincial, conforme lo aconsejado por la Comisión de Evaluación y basado en los informes técnicos emitidos por la Secretaría de Modernización del Estado”.

Por entonces, el secretario de Modernización del Estado era Juan Pablo Dusso, actual concejal capitalino e hijo del vicegobernador Rubén Dusso. El funcionario ya pisaba fuerte en las compras de tecnología para el Estado desde el retorno del peronismo al poder, en 2011.

En la licitación para el SAE 911, Dusso hijo tuvo un rol decisivo: el informe que presentó la Secretaría de Modernización a su cargo indicó que Providers cumplía las especificaciones técnicas con calidad “Muy buena”, mientras que su competidor solo lo hacía con calidad “Buena”. De tal “pericia” se valió el Ejecutivo provincial para favorecer a la primera empresa.

Impugnación y pedidos desoídos.

Desde el principio del proceso, Arlink hizo tres pedidos de aclaración formal sobre determinados puntos del pliego de licitación y sobre el tipo de materiales exigidos, dada la ambigüedad de algunos tramos. El Gobierno no respondió ninguno.

Un mes y medio antes de la adjudicación, Arlink presentó una impugnación a la oferta de Providers por entender que incumplía aspectos centrales del pliego de licitación. Algunos de ellos fueron los siguientes:

Incapacidad objetiva del oferente y falta de antecedentes similares. Providers presentó en su propuesta una carta de cooperación y asistencia técnica de la empresa Plettac Electronics Argentina, cuando se suponía que al ser un sistema “llave en mano” debía cumplir con la provisión e instalación de materiales y capacitación al personal de la Provincia por sí misma, sin concurrencia de terceros. Aparte, aseguraba que Plettac tenía antecedentes en España, claramente incomprobables. En todo caso, era su supuesto “colaborador-asesor” y no Providers el que tenía antecedentes en videovigilancia. Más aún, tampoco presentó la licencia del ENACOM, que es la autoridad nacional de aplicación, como prestador de servicios de conectividad, transporte de datos e internet.

Mal antecedente. Para colmo, la única incursión que tuvo Providers en el terreno fue en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, que en 2014 convocó a un concurso de precios para la ampliación del sistema de cámaras y fibra óptica. Pero Providers incumplió con los plazos de entrega del equipamiento, por lo cual el municipio le rescindió el contrato y convocó a una nueva licitación en 2016. La ganó Arlink.

Oferta económica. Arlink apuntó que la oferta de su rival fue “artificialmente baja, o de precio vil o irrisorio”. De hecho, se entiende que el presupuesto oficial funciona como “piso” para las ofertas económicas de las empresas. Un precio por debajo del valor de mercado puede poner en riesgo la calidad del servicio licitado y, por otro lado, vulnera el principio según el cual el Estado no puede enriquecerse a costa de un particular.

De hecho, debería ser lógico que las autoridades pongan la lupa sobre cualquier oferta económica que sea inferior al presupuesto oficial. Pero en el caso de Providers, como lo indica el decreto N°1170/20, se aceptó la “oferta más ventajosa a los intereses del Estado”. Aquí no tuvo cabida el refrán que reza: “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”.

Estado bobo o cómplice.

El Centro de Monitoreo SAE 911 se inauguró el 9 de agosto de 2021 en el nuevo edificio construido en avenida Colón esquina Roca, en el extremo Este de la vieja “Manzana del Turismo”. El Gobierno le asignó tal relevancia al evento que invitó a la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para el corte de cintas.

La red contaba con 300 cámaras de vigilancia enlazadas con la Policía. “Este SAE 911 cuenta con tecnología de punta que alcanza los mayores estándares en la región y el país”, se regocijó Gustavo Aguirre, quien era ministro de Seguridad provincial.

Al poco tiempo de esa inauguración, Providers empezó a usufructuar de la misma obra que le había vendido a la Provincia: del tendido de fibra óptica hizo “bajadas” de cable, instaló “naps” (punto de acceso a la red) en las columnas y desde allí cruza cables a los domicilios particulares que incorpora como clientes de su servicio de internet.

En la zona norte de Capital, un cliente relató a Tveo Noticias que le paga a Providers por 30 Mb en su casa. Dijo que antes tenía 100 Mb, pero que con la capacidad actual le alcanza. Las pruebas del negocio clandestino -o del delito- están a la vista.

De aquellas 300 cámaras iniciales, actualmente están operativas en condiciones aceptables entre 50 y 60 en la ciudad Capital, según confiaron fuentes del servicio. De hecho, las imágenes de video sobre accidentes o ilícitos que solían distribuirse a los medios de comunicación, hoy casi no circulan.

A mediados de 2023, el Ministerio de Seguridad a cargo de Fabiola Segura convocó a una licitación pública con el fin de “ampliar el Centro de Monitoreo”. Se presentaron dos empresas: Talking America SRL y, por supuesto, Providers SA. El 3 de julio se abrieron las ofertas, pero el organismo las declaró “fracasadas”.

La explicación que dio la Secretaría de Compras y Abastecimiento fue la siguiente: "No podrá proceder como consecuencia de que los créditos correspondientes no fueron otorgados debido a la escasa cantidad existente a esta altura del año y que se prioriza resguardar los mismos para poder atender los gastos mínimos e indispensables que quedan hasta terminar el ejercicio”.

¿Por qué razón Seguridad convocó a una licitación pública si, según argumentó, no contaba con presupuesto para contratar?

Poco tiempo después, la ministra Segura decidió prorrogarle a Providers el contrato del servicio del 911 por un año más. Es de suponer que está conforme con su proveedor. O que existen compromisos de otra naturaleza que no se pueden resignar.

El representante.

Providers posee domicilio en Próspero García 175, San Miguel de Tucumán, pero en su página web (providers.com.ar) ofrece servicio también en Salta, Córdoba y Catamarca. Hay un dato que llama la atención: su presencia comercial en internet es mínima, por demás modesta, como si estuviera en manos de un aficionado. Un perfil demasiado bajo para una firma que ganó la licitación más importante del sistema de videovigilancia “estrella”.

El mismo bajo perfil se replica en la tierra de la Virgen del Valle. Providers no solo carece de una oficina comercial aquí sino que su representante técnico en las sombras es el ingeniero Mauricio Osman, empleado bien categorizado de la UNCA y hasta hace dos meses director del SAE 911. Es decir, era funcionario del Gobierno y a la vez proveedor del Estado. Una incompatibilidad flagrante.

La ministra Segura permitió que la incompatibilidad de Osman se extendiera hasta último momento. Recién el 20 de agosto pasado se publicó el decreto por el cual le acepta la renuncia al cargo desde el 1 de julio de 2024. En los registros de ANSES, los aportes de la Tesorería de la Provincia para Osman son de julio incluido. Sin embargo, el técnico sigue a las órdenes de Segura en lo que concierne a Providers y el 911.

Extracto del decreto publicado en el Boletín Oficial del pasado 23 de agosto.
En efecto, el pasado martes 3 de septiembre, Osman se ocupó de retirar, en nombre de Providers, medio centenar de las cámaras compradas por el municipio de la Capital a Arlink, con el propósito de integrar el sistema de vigilancia capitalino al del SAE 911, ya que la comuna carece de la infraestructura tecnológica necesaria para ampliar el monitoreo. Los equipos están hoy en poder de la ministra Segura, en lo que constituye una avanzada del Gobierno sobre la jurisdicción municipal.

Inquilino de Dusso.

Si Juan Pablo Dusso tuvo, como secretario de Modernización del Gobierno, un rol clave a la hora de abrirle la puerta del negocio a Providers, su padre, el vicegobernador Dusso, terminó de facilitarle el desembarco con una propiedad céntrica suya que la empresa utiliza como playa de estacionamiento de sus vehículos.

Es una casa antigua de Dusso ubicada en San Martín al 200, frente al Colegio del Carmen y San José. Su patio se conecta con un terreno en forma de “L” cuyo frente da sobre Junín al 600, en diagonal a una dependencia judicial. Es por esa calle donde ingresan y salen los utilitarios de Providers. En un costado hay un tinglado que usa como depósito.

Hay otro dato curioso. En San Martín 280, justo al lado de la casa de Dusso, está la sede de Zijin-Liex, la empresa litífera cuya planta en Fiambalá cuenta al vicegobernador catamarqueño como asiduo visitante. Hace unas semanas, Dusso tuvo el gusto, incluso, de ser recibido junto a una comitiva oficial en la casa matriz de la compañía en China.

Parece increíble que en poco menos de un cuarto de manzana se concentren tan fuertes intereses económicos comunes.

Pero la cuestión central hoy no es tanto quiénes trajeron y alojaron a Providers, sino quiénes permiten la continuidad de un servicio deficiente -y de un “curro” comercial a costillas del erario-, en lugar de convocar a una compulsa pública para salvaguardar “los intereses del Estado provincial”, como reza la ley.

Una vez más, la transparencia pública surge como asignatura pendiente en Catamarca.

INFORAMA.-