Bajo el pretexto de proteger la privacidad y evitar abusos en los pedidos de información, el decreto plantea un peligroso precedente que podría socavar la base republicana y democrática de la Argentina.
Interés General02/09/2024
TELEDIARIO.COM.AR
El presidente Javier Milei ha firmado un decreto que reconfigura la Ley de Acceso a la Información Pública, descansando separando el alcance de la transparencia. Bajo el pretexto de proteger la privacidad y evitar abusos en los pedidos de información, el decreto plantea un peligroso precedente que podría socavar la base republicana y democrática de la Argentina.
El reciente decreto firmado por Javier Milei, que redefine y restringe los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), marca un giro preocupante hacia la opacidad en Argentina. Este decreto, publicado el 2 de septiembre de 2024 en el Boletín Oficial, impone límites drásticos a lo que el gobierno de Milei considera información pública, permite que la administración decida arbitrariamente qué datos se trata de la ciudadanía y se pone en alto un hombre a un hombre con secretismo.
La Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, fue un crucial logro para la transparencia en la gestión pública y el control ciudadano sobre los asuntos de gobierno. Esta ley, basada en estándares internacionales y consagradas en la Constitución Nacional, estableció que la información estatal es, por defecto, pública, y solo en casos excepcionales se puede consultar en secreto. Sin embargo, el nuevo decreto de Milei debilita esta presunción de publicidad y crea un marco legal donde el secreto puede prevalecer sobre el derecho a la información.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la redefinición de lo que "información pública". Milei y su equipo han decidido que no se ha estimado públicos datos que los datos están en el momento en que se enfermen de "naturaleza privada", lo que incluye, por ejemplo, los eventos en la residencia presidencial de Olivos. Estacha permite que reuniones privadas del presidente, visitas íntimas y otros aspectos de la vida personal de Milei sean excluidos del escrutinio público, bajo el argumento de que no se encuentra con la gestión del gobierno.
Además, el decreto establece que "las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" no se tienen en cuenta los documentos públicos. Esta medida implica que los borradores, las notas personales y cualquier documento que no sea una versión final de una decisión gubernamental fuera descarte del alcance de los ciudadanos y la prensa. La exclusión de estos documentos no solo limita el acceso a información crucial para el estudio del proceso de toma de decisiones en el gobierno, sino que también haya que echando a la dirección de posibles irregularidades en las políticas públicas.
La decisión de proteger datos datos bajo la justificación de "secreto" y financiero "seguridad nacional" es otro punto que ha generado críticas. La Fundación Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en Argentina, ha manifestado su profunda preocupación por este decreto. Según Poder Ciudadano, la nueva normativa "limita el derecho de acceso a la información pública y olvida que el principio jurídico fundamental es que la información se presume pública". La organización que esta prevó es vital para garantizar la transparencia y prevenir la corrupción en la administración pública.
El decreto también introduce una cláusula que establece un blindaje de 10 años sobre datos confidenciales o secretos de Estado, custodiado bajodos razones de defensa, política exterior o seguridad interior. Esta medida, sin embargo, es ambigua y podría ser utilizada para esconder información que, bajo otros criterios, era pública. La indefinición de lo que una "medida razonable" para mantener un secreto abre la puerta a interpretaciones caprichosas por parte del gobierno, lo que debilita aún más confianza en las instituciones y en el sistema democrático.
Además, la inclusión del concepto de "buena fe" en el decreto es una vista como un mecanismo para intimidar a su ejercer su derecho a solicitar información pública. La referencia al artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite a los jueces imponer indemnizaciones por "abuso del derecho", ser discurrir para disuadir a una periodista, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comunes de ejercer su derecho a la información, miedo por unas represalias legales.
Este, decreto de alejo de fortalecer la institucionalidad y la transparencia, refuerza una cultura de secretismo y discrecionalidad que socava los principios republicanos sobre los que se sustentan la democracia argentina. La falta de claridad en los criterios para determinar qué información es cuál es cuál pública y no, sumada a la ampliación de los márgenes de secreto, permite que la administración de Milei maneje la información como un recurso propio, manipulando su divulgación en la coyuntura y los aseos.
El rechazo a esta medida ha sido contundente por parte de expertos en derecho administrativo, como Sebastián Pilo, quien calificó el decreto como "inconstitucional". Según Pilo, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de limitar los derechos garantizados por ley a través de un decreto. La incorporación de nuevas excepciones al acceso a la información pública, argumenta Pilo, es un retroceso para la transparencia y un avance hacia un gobierno cada vez menos controlado por la ciudadanía.
La Ley de Acceso a la Información Pública fue una conquista de la sociedad civil, un paso importante para la consolidación de un Estado más transparente y responsable ante sus ciudadanos. Sin embargo, el decreto de Milei representa un retroceso en este camino, un intento por consolidar un poder ejecutivo con menos rendición de cuentas y más capacidad para actuar sin escrutinio público. La transparencia, pilar de cualquier democracia, está en peligro bajo las nuevas reglas del juego que propone este gobierno.
En, conclusión el decreto 780/2024 firmado por Javier Milei no solo limita el acceso a la información pública, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema democrático argentino. Al permitir que el gobierno decida qué información debe ser pública y cuál no, este decreto establece un precedente que podría erosionar la confianza en las instituciones y fomentar una cultura de secretismo incompatible con los principios republicanos. La ciudadanía, las organizaciones civiles y los medios de comunicación deben mantenerse alerta y exigir que se respeten el derecho a la información como un pilar fundamental de la democracia.
EN ORSAI.-
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