Barrios populares: obras paralizadas, familias sin servicios básicos y 20 mil puestos destruidos

Mientras las temperaturas comienzan a bajar y el frío golpea con fuerza, en muchos barrios del país las familias esperan por obras que ya deberían haberse terminado y otras que estaba previsto que comenzaran este año, para asegurarle energía a miles de hogares que, de lo contrario, deberán volver a arreglárselas como puedan el próximo invierno. Sin embargo, a siete años del comienzo del programa de integración socio-urbana en barrios populares diferentes espacios alertan que, al menos, mil obras en ejecución están paralizadas o en riesgo de paralizarse, afectando a más de 100.000 familias no cuenta con agua, gas y electricidad, y generando la destrucción de 25.000 puestos de trabajo relacionados.

“7 años de vida y 6 meses de abandono” así describen la situación organizaciones sociales y de la sociedad civil que vienen sosteniendo el programa para garantizar servicios esenciales a los más de 6 mil barrios populares del país, y que hoy se muestran más que preocupadas por los recortes en el financiamiento y el freno de obras de infraestructura que están “en riesgo de desaparecer”. De hecho, denuncian que, como lamentablemente suele ser frecuente, situaciones trágicas por calefacciones precarias comenzaron a sucederse en estos días de bajas temperaturas.

Los datos de relevamientos oficiales muestran que 6.5 millones de personas viven en barrios populares del país, de las cuales el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 97% no está conectado a la red cloacal, el 99% no tiene suministro de gas domiciliario. A su vez, dado que las mujeres son mayoría en el decil de menores ingresos de la población, se destacó que el 87% de las mujeres que viven en dichos barrios son responsables de su hogar y trabajan en la informalidad, mientras que solo el 31% tiene trabajo con ingresos.

Vale mencionar que está decisión del gobierno nacional no es aislada, ya que se da a la par del freno a la obra pública en todo el país, siendo la construcción es uno de los sectores más golpeados de la economía (en marzo cayó 29,9% interanual la actividad según INDEC) con una marcada aceleración del ritmo de caída en el número de empleadores en la actividad (-2,3%) según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) que contabilizó 80.000 puestos menos en solo seis meses. También sucede al mismo tiempo de que el gobierno nacional decidiera frenar el envío de alimentos a los comedores comunitarios al punto de que, como contó El Destape en esta nota, existen más de 5 millones de kilos de comida sin entregar en los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social.

Obras paralizadas y familias sin respuestas
“Las obras de integración de socio urbanas están paralizadas, las que dejamos en ejecución -que estaban en proceso y muchas de ellas con el 60% del total ya terminado- están frenadas. Desde muchas provincias y municipios nos dicen que hoy no están avanzando, lo mismo desde las cooperativas que son las más perjudicadas ya que están integradas por los propios vecinos, esta es la situación”, señaló al ser consultada por este portal Fernanda Miño, militante social y ex secretaria de Integración Socio Urbana. En relación, remarcó que el panorama se agravó “al decidir el gobierno de La Libertad Avanza desfinanciar esta política con recortes en el Impuesto país, lo que deja sin posibilidad de seguir con las distintas obras en los barrios”. Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, realizaron días atrás concentraciones en diferentes localidades del país para reclamar por las obras frenadas, los pagos adeudados a cooperativas y los puestos de trabajo perdidos como resultado del incumplimiento de la Ley 27.453 que garantiza el proceso de integración socio urbana de los barrios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (ReNaBaP). 

Araceli Ledesma, es referenta barrial y también integra la Mesa de Barrios Populares, en diálogo con El Destape, indicó “tenemos obras paradas y muchos compañeros de las cooperativas sin trabajo. Cómo le avisamos, cómo le decimos a una familia que estaban esperando tener una conexión intradomiciliaria para mejorar su calidad de vida que ya no la va a tener, nadie nos está dando respuestas sobre esto. Por eso instamos a las autoridades a considerar esta decisión y darles continuidad a estas obras, porque es indignante lo que está pasando hoy en el territorio”. Como Promotora de integración urbana de la ONG Techo -unidad ejecutora de proyectos-, Araceli fue parte de todo el proceso que implicó desde 2016 relevar las condiciones de cada barrio, generar datos, planificar las políticas de urbanización y ponerlas en marcha: “soy una vecina que ha trabajado desde el minuto uno en los relevamientos, cuando hicimos el levantamiento de información jamás habíamos pensado que iba a tener la trascendencia que tuvo a lo largo de los años y cómo iba a impactar en las familias, me emociona muchísimo haber estado desde el primer momento. Lo que hacíamos era recorrer el territorio, ver cómo estaba la situación, el estado de las calles, la luminaria, si había escuelas cerca, salas de primeros auxilios, plazas y cómo era el acceso a servicios básicos, el derecho a la ciudad con el que tanto soñamos. A partir de hacer ese reconocimiento, fuimos volcando la información de todo el país, con distintas organizaciones sociales y la iglesia”. 

Tras la creación del ReNaBaP y la posterior sanción de la ley de integración socio urbana que impulsaron las organizaciones sociales y fue apoyada por todo el arco político en el Congreso, comenzaron las obras que, de acuerdo con datos de ejecución del 2023, implicaron: 1.276 obras de integración, 5.060 barrios populares con trabajos de viviendas y 117 obras de acceso al suelo, a su vez se realizaron 58.127 conexiones eléctricas, 75.725 de agua, 37.787 conexiones de cloaca y 8.575 de gas, con más del 80% del presupuesto asignado ejecutado. Asimismo, se realizaron 193 centros comunitarios, 26 espacios educativos y 168 centros de recreación y deporte, entre los principales, sumado a las 250.000 mujeres beneficiadas con el plan Mi Pieza. La ejecución de estas obras estuvo a cargo, en igual medida, de organizaciones de la sociedad civil -sociales, iglesias, ONG, sindicatos- (34,4%) como de municipios (34,1%), entre otros organismos.

La integración socio urbana abarca “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”, según detalla el texto de la ley aprobada a fines de 2018. Además, define que al menos el 25% de las obras de integración sean realizadas por cooperativas de trabajo, y prohíbe desalojos por un período de cuatro años desde su entrada en vigencia en 2018 (fue prorrogado en 2022 por otros diez años). Tal programa fue desarrollado por la Secretaría de Integración Socio Urbana, creada en la misma ley, y se financió principalmente a través del FISU, como un fideicomiso conformado por impuestos con afectación específica. No obstante, en febrero de 2024, el gobierno nacional a través del Decreto 193/2024 recortó esos recursos, al reducir el 9% que le correspondía del Impuesto PAIS a solo al 1%, justificado en presuntas irregularidades en su implementación entre 2021 y 2023 lo que, por otra parte, fue desestimado luego por un funcionario de la gestión actual. Todo ello en el marco de la eliminación de varios fondos fiduciarios que destinaban recursos para la puesta en marcha de políticas en infraestructura, vivienda, transporte, financiamiento pyme, becas educativas, entre otros. 

“El gobierno de Milei paralizó las obras pese a que, después de años de lucha y trabajo, se había logrado consenso de todo el arco político”, señaló Miño, y agregó “es una decisión del Ministerio de Economía, que hoy tiene el manejo de los fideicomisos, donde nosotros habíamos dejado más de 100.000 millones de pesos para que se continúen las obras y seguir generando algún otro recurso económico para continuar integrando barrios”. En la misma línea, Ledesma sumó que “la falta de calles, veredas, luminarias, es imposible resolverlo sin financiamiento, pero lamentablemente el decreto del nuevo gobierno ha desfinanciado los fondos FISU, una disminución que equivale a 30 veces menos de los recursos. Esto significa un retroceso enorme para lo que veníamos trabajando, porque si bien nunca es suficiente para la demanda que existe en los barrios populares, empezábamos a ver un poco de luz. Nosotros vivimos, hace más de 40 años, en una situación de pobreza y emergencia habitacional y ahora con este retroceso no estamos viendo un panorama certero ante la pobreza y de la emergencia”. 

Con datos a fines del 2023, en nuestro país hay más de 6 millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares que fueron registrados a partir de los relevamientos realizados por el ReNaBaP. Sobre las condiciones diarias, en el 66% de estos barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso formal a energía eléctrica, en el 90% a la red de agua, en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas, de acuerdo con datos del primer Observatorio oficial de Barrios Populares, lanzando en abril de 2023. Sobre las características de cada barrio, según la misma fuente, en el 81,2% de los casos se trata de asentamientos y en el 17,4% de villas, en tanto que prácticamente la totalidad (99,9%) no cuenta con título de propiedad.

“La creación del ReNaBaP y las obras que se desarrollaron son un cambio de paradigma no solamente en la Argentina sino en la región, porque se mostró que para cambiar la estructura de un barrio o revertir la pobreza estructural, se necesitaba de la construcción de casas”, consideró Miño, vecina de La Cava y agregó que “hasta ese momento no se había creado una política exclusiva para los barrios populares y después los distintos programas que pudimos ir haciendo, como Mi pieza donde llegamos a más de 250.000 mujeres cabezas de familia y también el proyecto de  lotes con servicio y empezar a ver la posibilidad de algún crédito blando, es lo que teníamos pensado para la continuidad de las obras, porque se necesita decisión política y recursos sostenidos en el tiempo para revertir problemas estructurales. También vemos con mucha preocupación que se hayan se dejaron de actualizar los datos del ReNaBaP y a raíz de eso no sabemos qué pasó en estos meses en los barrios, si siguen creciendo debido a la crisis económica que hace que muchas familias al no tener la posibilidad de sostener un alquiler, vayan a parar a los barrios populares”. Al respecto, la información sobre las obras en marcha que se publicaban a través del Monitor de obras de Integración Socio Urbana, también se encuentra sin acceso disponible a la fecha. 

“El relevamiento nos permitió ser visibilizados, dar cuenta de la situación de pobreza en la que nos encontramos en las villas y asentamientos, porque antes ni siquiera teníamos un domicilio y así también poder continuar abordando mucho más las necesidades que hay en el territorio mediante el Régimen de regularización dominial para todas las familias que vivían dentro de los barrios populares”, consideró Araceli, relevadora y promotora de integración urbana en Buenos Aires. “Ser promotora significa caminar el territorio, acompañados por un Estado Nacional presente, hemos podido ver muchas obras que se han realizado. Mi pieza fue uno de los que más podría destacar ya que permitió a muchas mujeres agregar una pieza más para dejar de vivir en hacinamiento. Conexiones domiciliarias de luz, de agua, cloacas, mejorar los centros comunitarios, cordones cuneta, veredas, que han cambiado el sentido de cómo van los pibes a la escuela, cómo vamos a la sala de primeros auxilios, y muchas otras cosas que le han dado sentido a la vida”, compartió la entrevistada con El Destape.

Ausencia del Estado, menos trabajo y más pobreza
La decisión del gobierno nacional de retirar, vía organismos y financiamiento, la presencia del Estado en los barrios populares del país impacta en miles de familias que demandan, con cada vez mayor urgencia, respuesta a la falta de trabajo y el incremento de la pobreza. 

“Por la paralización de las obras se perdieron más de 25.000 puestos de trabajo de las cooperativas de obras de construcción, y eso tiene un efecto muy fuerte para los barrios porque sabemos que cuando se retira el Estado vienen y ocupan ese lugar desde la violencia, la delincuencia, el narcotráfico. Muchas de esas cooperativas eran con mano de obra absorbidas en los distintos barrios, es decir tenían una doble función, primero era hacer las obras con los recursos disponibles y a tiempo pero también había una parte social de generar puestos de trabajo para hombres y mujeres que quizás era la primera vez podrían conseguir una fuente de ingresos, también promover la organización del barrio y la transformación de parte de los mismos vecinos”, señaló Fernanda Miño, de la Mesa Nacional de Barrios Populares. 

Un diagnóstico reciente, que analiza lo sucedido en las últimas cuatro décadas, le puso números a la crisis habitacional en Argentina: 1 de cada 3 hogares no cuenta con condiciones adecuadas por falta de servicios básicos y hacinamiento, 2,6 millones de viviendas demandan ampliación y mejoras, las grandes urbes se expandieron 1,5 veces más que el crecimiento real de la población, en diez años bajó ocho puntos el porcentaje de quienes tienen un techo propio y, como contracara, aumentó la cantidad de población inquilina que llega al 20,7% en el país. Estos datos se desprenden del informe Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda, de las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ en el que se indagó sobre la planificación del territorio, el ordenamiento urbano, el acceso al suelo, y el derecho a una vivienda a 40 años de democracia ininterrumpida.

“La ley de integración urbana fue trabajada, evaluada y contó con participación de diferentes organizaciones, sin duda la parte de la transparencia debe estar presente, que cualquier gobierno quiera empezar a revisar se entiende, pero mientras eso ocurre hay que darle continuidad a las obras para seguir garantizando que las familias tengan agua, tengan energía, y tengan para comer. Hoy estamos en una situación de emergencia y necesitamos que el gobierno nacional nos dé una respuesta. Es urgente que puedan salir los desembolsos, queremos seguir viendo nuestros barrios progresar y también tener fuentes de trabajo”, sumó Ledesma y se preguntó, “¿quién piensa en lo que pasa en los barrios populares cuando llega el frío?  La baja tensión, los incendios, la pérdida de vidas. Acabamos de perder esta semana dos niños en el municipio de Escobar por una mala electrificación. La subsecretaría, el gobierno, tienen una responsabilidad enorme y también el Ministerio de Economía, que es donde nuestro dinero está frenado”, cerró. 

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