Río Negro: aplazaron el juicio contra los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu por usurpación en Villa Mascardi

El Tribunal Oral Federal de Roca (TOF) aplazó el juicio contra los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de predios de la Administración de Parques Nacionales y particulares en Villa Mascardi.

El debate se había convocado para el 22, 23 y 24 de abril, pero se postergó porque la Cámara Federal de Casación Penal todavía no resolvió si admite o rechaza los recursos que presentaron los defensores particulares de los imputados.

El fiscal general, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche, Rafael Vehils Ruiz, informó este miércoles que el juicio se reprogramó para el 14 de junio próximo.

Vehils Ruiz se opuso a la homologación del acuerdo que el 1 de junio del año pasado suscribieron el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, el expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Alejandro Marmoni, y el entonces titular de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato, con representantes de comunidades mapuches para resolver supuestamente el conflicto por las usurpaciones en Villa Mascardi.

Los exfuncionarios del gobierno nacional firmaron un acuerdo que comprometió al Estado nacional a “reconocer el rewe”, ubicado en un predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi, y construir en ese predio tres viviendas y ceder tierras en otro sitio para la comunidad Lafken Winkul Mapu. También, admitieron desistir de seguir impulsando las causas penales.

El juez federal Hugo Greca homologó ese acuerdo, pero la fiscalía federal lo impugnó. Los defensores de los imputados plantearon lo mismo ante el juez federal Alejandro Silva, que tiene otro expediente elevado a juicio por usurpación.

La fiscalía se opuso. También una propietaria de un lote que estuvo usurpado desde finales de enero de 2018 hasta el 4 de octubre del 2022, cuando efectivos de la Policía Federal desalojaron a la comunidad de todos los terrenos usurpados.

El miembro de la Gremial de Abogados de la República Argentina, Virgilio Sánchez, que es uno de los defensores de los imputados, explicó que en la causa elevada a juicio están imputados todos los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu por usurpación y daños en Villa Mascardi.

“Nosotros planteamos que se homologara el acuerdo que se firmó en su momento con Parques Nacionales porque entendemos que alcanza a todas las causas vinculadas a esos hechos”, indicó. “El juez del juicio (por Silva) no aceptó ese planteo que hicimos nosotros para que se homologara ese acuerdo y se dejara sin efecto el juicio y nosotros fuimos en casación frente al rechazo del TOF a este planteo”, recordó.

“Y en virtud de que no hay una resolución todavía sobre este tema se suspendió el juicio y se puso una nueva fecha”, señaló. Dijo que la expectativa es que para esa nueva fecha, la Cámara de Casación Penal haya dictado una sentencia sobre ese punto en discusión.

Excarcelación y pedido de captura

A todo esto, Silva le concedió la excarcelación a Yéssica Fernanda Bonnefoi, que cumplía prisión domiciliaria desde el 29 de septiembre del año pasado.

Silva resolvió el 25 de abril último conceder la excarcelación bajo caución juratoria de la mujer que integró la comunidad Lafken Winkul Mapu. Y le impuso reglas de conducta que debe cumplir, como mantener el domicilio en Bariloche que informó a la justicia federal, no cometer nuevos delitos ni infracciones y cumplir con presentaciones de tipo mensual, debiendo concurrir entre el día 1 y 10 de cada mes ante la DUOF de Bariloche de la Policía Federal.

El juez destacó que en este momento “no advierto riesgo procesal -peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación- que pueda incidir en la efectiva realización del juicio toda vez que luego de cumplir a lo largo de siete meses con las obligaciones legales impuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria”.

Y recordó que el hecho que se le imputa -usurpación por despojo (reiterado en tres oportunidades) tiene una escala penal que va de los 6 meses hasta los 3 años de prisión, “es decir, que de recaer una condena en el futuro le permitiría obtener una pena de cumplimiento en suspenso”.

En cambio, Silva declaró el 11 de abril pasado la rebeldía de Juan Pablo Colhuan y ordenó su captura porque no compareció ante la justicia.