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Surgen dudas sobre la propiedad del terreno, ya que un individuo identificado de apellido Delgado reclama la propiedad, alegando haber comprado el terreno en 2009 a un particular de Tinogasta por un monto de $3000, terreno que en ese momento pertenecía al Estado Provincial. Era un terreno Fiscal, terrenos que no pueden ser puestos a la venta, que solo pueden ser donados a personas de escasos recursos.
Tinogasta21 de abril de 2024La Justicia de Tinogasta, una vez más, se encuentra en el ojo de la tormenta por un intento de desalojo que ha generado gran controversia en la comunidad. La Dra. Patricia Susana Almendra de González, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de la Quinta Circunscripción Judicial - Tinogasta, ha tomado la decisión de desalojar a Estela Rosa Pereyra, una abuela de 56 años, y a sus tres nietos menores de edad: Emanuel de 11 años, Alma de 9 años y Morena de 7 años, de la única vivienda que han construido con esfuerzo y dedicación desde el año 2016.
La historia se remonta a la donación de un terreno a Estela Rosa Pereyra en 2016 por parte de doña Julia Quiroga (fallecida), quien en aquel entonces era delegada municipal de la localidad de Santa Rosa.
Sin embargo, surgen dudas sobre la propiedad del terreno, ya que un individuo identificado de apellido Delgado reclama la propiedad, alegando haber comprado el terreno en 2009 a un particular de Tinogasta por un monto de $3000.
Es importante destacar que el terreno en cuestión es un terreno fiscal, una propiedad que pertenece al Estado Provincial, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de la venta realizada en 2009 y el proceso judicial actual.
La abuela Pereyra ha relatado las dificultades que enfrentaron al llegar al terreno donado, donde inicialmente no contaban con ninguna construcción y tuvieron que trabajar arduamente para edificar su hogar con la ayuda del municipio de Tinogasta. A pesar de haber iniciado los trámites para regularizar la situación del terreno, la justicia de Tinogasta ha emitido una orden de desalojo, fijando como plazo límite el día lunes 22 de abril de 2024.
Ante esta situación, surge la incertidumbre sobre las irregularidades en el proceso judicial, la legalidad de la venta del terreno fiscal en 2009, y la falta de citación al Estado Provincial en el proceso judicial actual. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Catamarca ha sido informada de la situación y se espera una intervención urgente para evitar el desalojo de la abuela y los menores.
En medio de esta controversia, se plantea la preocupación por la situación de vulnerabilidad de la abuela y los niños, así como la posibilidad de enfrentar una intervención policial para llevar a cabo el desalojo. La comunidad y los medios locales esperan una resolución justa y humanitaria en este caso, donde la protección de los derechos de la abuela y los menores debe ser prioritaria.
Datos relacionados a la causa a tener en cuenta.
. En el año 2009, como hasta la fecha, el terreno fue donado a la abuela Pereyra, y hasta la actualidad es un terreno que le pertenece al Estado Provincial, es un terreno Fiscal.
. Relata la abuela de 56 años, que cuando llegó al terreno donado dormía en el piso, arriba de algunos cartones que había conseguido; y además, tuvo que pedir en ese momento ayuda al municipio de Tinogasta, quien le proveyó de chapas y tirantes para poder hacer una cocina, un techo y un baño como para comenzar a vivir en el lugar.
. En este caso en particular, ¿cómo pudo el denunciante de apellido Delgado comprarle un terreno propiedad del Estado Provincial a un particular?.
. En ese sentido, ¿cómo pudo el particular que puso a la venta el terreno en 2009, -"que tendrá que enfrentar la justicia en las próximas semanas-, vender un terreno fiscal, un terreno del Estado Provincial?.
Telediario Argentina visitó y dialogó con la abuela Rosa Pereyra, quién entre lágrimas y muy dolida por la situación de apriete, amenazas e insensibilidad que realiza la justicia de Tinogasta de la Quinta Circunscripción Judicial, nos contó de lo duro que fue poder construir su casita a lo largo de todos estos años y de lo difícil que es hoy poder continuar viviendo con tantas amenazas por parte de la justicia tinogasteña.
En las últimas horas, la abuela Pereyra recibió por parte del Estado Provincial, únicos dueños del terreno, notificación de que los trámites iniciados por ella en el año 2016 están prácticamente cerrados y aprobados, por lo que en las próximas semanas estará recibiendo finalmente su título de propiedad.
Desde Saneamiento de la provincia de Catamarca, se emitió una constancia -que la justicia debiera reconocer como válida-, qué certifica que la escritura a nombre de Estela Rosa Pereyra se encuentra en la etapa final, por lo que se considera que toda la documentación presentada por ella misma en tiempo y forma desde que le fue donado en terreno, ES VÁLIDA y contundente.
Preguntas que deberían tener una respuesta inmediata:
. ¿Tendrá la justicia de Tinogasta, en este caso representada por Patricia Susana Almendra de González, que reivindicarse en referencia a lo resuelto en este caso?.
. ¿Hay irregularidades en el proceso judicial que ahora le quiere quitar la casa a una abuela que recibió legalmente por parte del Estado Provincial, la donación de un terreno para que pudiera construir su vivienda?.
. El barrio San Cayetano, donde hoy vive la abuela Estela Rosa Pereyra, siempre estuvo dentro de un perímetro de terrenos fiscales, de terrenos que pertenecen al Estado Provincial hasta el día de la fecha, a no ser que mediante trámites legales alguno de los vecinos residentes del barrio ya cuenten con la titularidad del mismo.
. ¿Por qué no fue citado por la jueza Almendra de González, en tiempo y forma, la Fiscalía de Estado a presentar la documentación pertinente, sabiendo que se estaba judicializando un terreno Fiscal?.
. Realmente, ¿existe algún particular en Tinogasta que tenga el poder de realizar ventas o de haber vendido este terreno u otros con documentación falsa, sabiendo que lo que intenta comercializar es un terreno del Estado Provincial?.
También nos preguntamos si hay algunas cosas que la justicia de Tinogasta, siempre cuestionada, podrá responder o si la parte denunciante podrá responder en referencia a este caso.
Por ejemplo, el denunciante de apellido Delgado, que manifiesta haber ganado un juicio donde la justicia le reconoce que este terreno le pertenece, nos preguntamos, ¿de qué manera demostró que compró un terreno a un particular, cuando el mismo es un terreno fiscal?.
Es sabido que, el Estado Provincial solo realiza la entrega de terrenos fiscales para familias que no tienen dónde vivir, familias de escasos recursos. Ya sabemos que no pueden estar a la venta, que no pueden ser comercializados o puestos en venta bajo ningún punto de vista, por ningún particular y ni siquiera por el Estado, estos terrenos no son para que un individuo particular pueda hacer negocios.
Debemos mencionar que todos los terrenos donados en el barrio San Cayetano, terrenos fiscales, son entregados con la obligación de construir para vivir allí, en ese lugar y de que esa propiedad no se puede vender, ya que quien venda ese terreno donado por el Estado Provincial "pierde automáticamente el derecho adquirido" en su momento.
En este proceso judicial, en el año 2009 cuando el terreno iba a ser adquirido por un particular, ¿se acercaron por el área de Saneamiento para solicitar la escritura del terreno en cuestión?
Y, hasta nos preguntamos quién realizó la compra del terreno en 2009 ¿presentó las notas correspondientes ante el Estado Provincial para corroborar que el terreno no era fiscal?.
"La esperanza es lo último que se pierde", por lo menos esta expresión popular sigue estando en vigencia.
Todo el tiempo nos surgen preguntas en referencia a este caso, que hasta ahora no tienen respuesta, por ejemplo ¿cómo fue posible que la jueza Almendra de González -quien llevó adelante estos juicios- determinó entregarle un terreno fiscal, a un particular que negoció con otro particular, un terreno que por Ley debe ser donado a personas de escasos recursos?.
En ese sentido, ¿cómo fue posible que la jueza nunca haya citado en este proceso judicial o haya tomado una determinación final judicial, sin haber citado jamás al Estado Provincial que, hasta el día de hoy, sigue siendo el único dueño del terreno en cuestión?.
Como en casos anteriores, ¿serán los efectos de la Policía de Tinogasta quienes deban cumplimentar una orden de desalojo, donde hay menores de edad y una abuela?, si es así, ¿es factible que enfrenten denuncias en la justicia ante la violencia que puedan ejercer?
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