Libros, tecnología y transferencias a municipios: más ajuste de Milei en Educación

El próximo 23 de abril la comunidad educativa tendrá un hito en la lucha contra el desfinanciamiento educativo. Las partidas que suprimió y redujo la gestión minarquista.

Sociedad 20 de abril de 2024 TELEDIARIO.COM.AR TELEDIARIO.COM.AR
Javier Milei.
Javier Milei.

El próximo 23 de abril la comunidad educativa tendrá un hito en la lucha contra el desfinanciamiento que pretende llevar el gobierno de Javier Milei contra las universidades públicas y toda la Educación pública. El presidente quiere implementar el presupuesto más bajo desde 1997, año en el cual se empezó a tener registro del programa: el Ministerio de Educación de la Nación recibirá el 5,34 por ciento de los recursos nacionales en 2024, según el proyecto de Presupuesto, lo que implica una caída nominal respecto al 6,02 por ciento asignado en 2023, equivalente a una pérdida real (descontada la inflación) del 48 por ciento interanual.

No están actualizando el Presupuesto del 2024 para la Administración Pública, cuando hubo 211 por ciento de inflación solo en el ejercicio 2023. El gobierno busca sobrecumplir estas metas para recibir financiamiento externo, bajo el auspicio de “sanear el balance” del Banco Central. La contracara de sostener esta política, es que para cumplir estas metas el gobierno decidió recortar jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias e inversión en educación.

El problema no es sanear el balance del Banco Central, sino que la motosierra y la licuadora apuntan principalmente a la clase media y los jubilados. Mientras tanto, el Banco Central se endeuda en dólares para pagar las importaciones que todavía no pagó.

Sin embargo, este ajuste no es sostenible. La diferencia entre el dinero devengado por el gobierno y los recursos disponibles es cada vez mayor, lo que hace dudar sobre la sostenibilidad macroeconómica del superávit del que el gobierno se ufana. Del total del ajuste, un 41 por ciento fue por jubilaciones, un 9 por ciento por los tarifazos en los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, un 8 por ciento por el ahogo a las provincias, un 4 por ciento a los planes sociales y un porcentaje similar por el recorte a universidades.

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