Investigan empleados públicos que cobraban el Potenciar Trabajo

La Fiscalía Federal de Catamarca ya trabaja en la investigación de 194 personas que son empleadas en la Administración Pública Provincial y que cobraban el beneficio del programa Potenciar Trabajo. Se trata de un pedido que llegó al Juzgado Federal nº1 en el marco de la causa que lleva adelante Guillermo Marijuan, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social. Según pudo conocer El Ancasti, el costo de pagar el beneficio a estas personas alcanzó unos $8 millones mensuales.

La Justicia Federal de Catamarca recibió esta semana el listado de las 194 personas que fueron apuntadas por el fiscal Marijuan como beneficiarias de este programa de empleo y que al mismo tiempo cobraban un salario como empleados públicos. A partir de ayer la Fiscalía ya contaba con la información y avanzaba en el análisis de cada caso para elaborar su informe, pero, según se conoció, la mayoría de ellos, al menos los oriundos de la Capital, son empleados vinculados a la Asesoría General de Gobierno.

Hasta marzo pasado, la investigación de Marijuan detectó 9.413 empleados públicos de toda la Argentina que recibían el beneficio del programa Potenciar Trabajo, lo que constituye un “problema de compatibilidad” por lo cual el Gobierno Nacional evalúa darlos de baja. Tanto Catamarca como Chubut fueron “las provincias más rezagadas en responder el requerimiento fiscal” y recibieron dos intimaciones. Ocurre que el fiscal envió a principios de noviembre de 2023 un oficio a los gobernadores para que remitieran las bases de datos de sus empleados públicos. Según este expediente, la irregularidad implica una erogación anual de unos 84.000 millones de pesos sin contar bonos.

Además de los 194 de Catamarca, se investigan en Buenos Aires 2.243 casos, en Tucumán otros 1.145, en La Rioja 1.060, en Jujuy 652, en Corrientes 518, en Salta 434, en Río Negro 198, en Córdoba 194, en Formosa 180, en Santa Cruz 128; en CABA 231, en Santa Fe 350, en San Juan 109, en Mendoza 173, en Neuquén 343, en San Luis 43, en Entre Ríos 106, en Chaco 336, en Misiones 321, en Chubut 104 y en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 49.
En estas provincias, Marijuan denunció a las personas que cobraban el beneficio por “presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”, pero además denunció “a los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que en principio encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

El Gobierno Nacional ya dio de baja a unos 40.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo (ya que se sumaron aquellos casos de beneficiarios que habían realizados viajes al exterior) y disolvió el programa para crear otros dos programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” en reemplazo de aquél. El principal apuntado en esta megacausa es el representante del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien manejaba la administración de estos planes de empleo durante la gestión de Alberto Fernández en la Presidencia.