Licuación de haberes: por qué el ajuste fiscal sobre los jubilados busca reflotar las AFJP

El recorte presupuestario fue de 1,6 billones de pesos, de los cuales 1,2 billones fueron en jubilaciones y pensiones. El objetivo oficial detrás del ajuste: privatizar el sistema previsional.

Sociedad 26 de marzo de 2024 TELEDIARIO.COM.AR TELEDIARIO.COM.AR
Jubilados.
Jubilados.

El gasto más importante, el de jubilaciones y pensiones, sufrió un retroceso del poder adquisitivo real –según las consultoras privadas— respecto de la inflación del 42 por ciento en el primer trimestre del año. A esto se suma que la licuación de salarios del gobierno de Javier Milei, aconsejada por los burócratas del Fondo Monetario, abre las puertas a un nuevo sistema de capitalización privada, como el que tuvo su esplendor durante el menemismo.

Esta política del Gobierno de La Libertad Avanza que estimula la informalidad desfinancia el actual sistema solidario, una consecuencia que luego se convertirá en excusa para su privatización. Si se analiza la relación entre aportantes y afiliados, se observa que este número descendió entre 1995 y 2002 en 21,1 por ciento. En este sentido, el nuevo sistema previsional, por su carácter excluyente en el marco de un mercado de trabajo con alta desocupación e informalidad estructural y en un contexto de envejecimiento poblacional, puso en evidencia la debilidad del modelo contributivo.

“La promesa neoliberal respecto de que la reforma previsional garantizaría la expansión de la cobertura y de la afiliación, el incremento de los haberes y el cumplimiento de los aportes no sólo no se cumplió sino que, por el contrario, significó un desmejoramiento de dichas variables”, señaló un estudio de Marcelo Di Ciano.

Desde el inicio de la gestión de Milei, los fondos destinados al pago de jubilaciones han experimentado una significativa reducción dentro del total del gasto público, especialmente notable en el mes de enero. Los datos preliminares de febrero sugieren un patrón similar, lo que implica una disminución real del 35 y 40 por ciento durante el primer bimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.

En segundo lugar, el jueves 14 el Gobierno circuló un borrador de una nueva ley ómnibus que incorpora una fórmula de movilidad que ajusta los ingresos de los jubilados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de 2 meses, además de agregar un 10% en concepto de compensación por la licuación de los últimos meses. Aquí radica el principal obstáculo. Es importante recordar que desde diciembre, a pesar de dos aumentos otorgados bajo la antigua fórmula (en diciembre y marzo), así como bonos compensatorios en todos los meses, la pérdida de poder adquisitivo del haber mínimo alcanza aproximadamente el 19 por ciento (asumiendo una inflación de 15 por ciento para marzo).

Con el dato de inflación de febrero, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del haber mínimo desde diciembre se eleva hasta 27 por ciento. Una recomposición de los haberes previsionales (superior al 10 por ciento), si bien necesaria para quienes perciben jubilaciones y pensiones (más de 7 millones de personas), consiste en un potencial peligro al esquema fiscal que plantea Caputo.

Si bien mantener la licuación previsional del primer trimestre del año no resulta socialmente sostenible, compensarla completamente tampoco pareciera estar en los planes del gobierno. Por otro lado, vincular las jubilaciones a una inflación que el Gobierno estima a la baja terminaría convalidando un gasto real mayor en relación con la inflación del período en el que se realizan los pagos.

“En la práctica, esto conduciría a un aumento continuo del peso del gasto jubilatorio en el PIB. Una compensación total de la licuación reciente, junto con un crecimiento sostenido del gasto jubilatorio, socavaría el esquema propuesto por Caputo al inicio de su mandato, el cual contaba con recursos adicionales derivados de la reversión del impuesto a las ganancias, el aumento de retenciones a las exportaciones y modificaciones en el impuesto a los bienes personales. Hasta que no se retome la discusión sobre el aspecto fiscal de la frustrada ley ómnibus, estos recursos adicionales quedarán fuera de alcance”, señaló el informe de Eduardo Hecker, Federico Sánchez y Haroldo Montagu.

Fondo de los jubilados
En los orígenes del sistema previsional de los 90, las provincias crearon cajas de jubilaciones para sus empleados públicos. Es decir, los aportes y contribuciones de los empleados públicos en actividad no alcanzan para financiar las jubilaciones de los empleados públicos jubilados. El resultado fue que las cajas previsionales provinciales pasaron a ser uno de los factores más desestabilizantes de las finanzas públicas provinciales.

Adhirieron 10 provincias: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago y Tucumán. CABA está en igual situación porque nunca tuvo un régimen previsional propio. Pero el resto de las provincias optaron por mantener las cajas de sus empleados. Incluye a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La transferencia de las cajas tiene impactos en las finanzas públicas. Una manera de dimensionarlos es con el déficit que las cajas provinciales transferidas le generan a la ANSES. Según datos del Ministerio de Economía referida al 2023 se observa que:

Los aportes y contribuciones de los empleados públicos que trabajan en provincias que transfirieron sus cajas fueron de 84 mil millones de pesos.

El gasto en jubilaciones y pensiones de los ex – empleados públicos de las provincias que transfirieron sus cajas fue de 364 mil millones de pesos.

Es decir, que el déficit que le generan las cajas transferidas a la ANSES asciende a 280 mil millones pesos.

Estos datos muestran que por cada tres pesos que la ANSES eroga para pagar jubilaciones de ex empleados públicos de provincias con cajas transferidas, recibe apenas un peso por aportes y contribuciones. En este desbalance subyace una gran inequidad: los ciudadanos de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas pagan impuestos para financiar el déficit de las cajas transferidas al sistema nacional y, además, pagan impuestos provinciales para financiar el déficit de la caja de los empleados públicos de su provincia.

Sin embargo, la ley ómnibus que los activos del FGS es de sumo interés para las empresas privadas. Del total de acciones en carteras: Ternium representa 15 por ciento, seguido por Macro (13 por ciento), Grupo Galicia (10,6 por ciento), Pampa Energía (9,2 por ciento) y Transportadora Gas de Sur (9 por ciento). Esta es la caja que pretende el equipo de Milei para venderlo y llevar adelante la jubilación.

EL DESTAPE WEB.-

Últimas Noticias
Te puede interesar
Lo más visto