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Desestiman la posibilidad de que el Gobierno Nacional pueda privatizar YMAD

Su presidente Fernando Jalil consideró que hubo un error al incluirla en el listado de empresas a privatizar ya que la Nación no es accionista de la interestadual.

Catamarca 28/12/2023 TELEDIARIO.COM.AR TELEDIARIO.COM.AR

El presidente Javier Milei envió ayer al Congreso de la Nación el proyecto de "ley ómnibus", que contiene 664 artículos que proponen más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, además de privatizaciones, emergencias por dos años y cambios económicos, impositivos y contractuales, entre muchos otros temas. La iniciativa impacta en Catamarca porque en uno de los puntos propone modificar la cantidad de representantes por provincias en la Cámara de Diputados de la Nación y la provincia perdería dos.

Además, porque se incluyó a YMAD entre las empresas a privatizar. Sin embargo, su presidente Fernando Jalil consideró que podría tratarse de un error ya que el Estado Nacional no tiene capital en la empresa interestadual que integran Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. 

"Los accionistas de YMAD son la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca que tiene la mayor proporción con el 60% y un 40% para la UNT. Además, los recursos naturales son de las provincias, la propiedad de Peirano es de la provincia de Catamarca", sostuvo.

"Para mí hay un error involuntario por parte de algún funcionario nacional que incorpora a YMAD en este listado. Además, cuando YMAD distribuyó utilidades nunca fueron para el Estado Nacional porque no es propietario".

En este sentido, aclaró que la única intervención de la Nación es la designación del presidente de la empresa por parte de Nación para que de esta manera se cumpla el convenio firmado entre la provincia de Catamarca y la UNT. Luego ese acuerdo fue girado al Congreso en el que se ratificó el convenio y se creó la ley de YMAD, una ley única que fijó que tiene el carácter interestadual", explicó Jalil.

"Lo más importante es mantener la línea del Gobernador, dialogar y buscar consensos para que sea lo mejor para Catamarca, lo mejor para la Nación y hacia allí tenemos que encaminarnos".

Luego añadió una explicación técnica sobre la cuestión: "YMAD es un Ente Interestadual, que nace de un pacto (Acta de Farallón Negro) donde las partes - Provincia de Catamarca, Universidad Nacional de Tucumán y Nación - convienen su creación.

La ley N° 14.771, Orgánica de YMAD, no es una ley común. Es una ley convenio, sancionada sobre la base de ese contrato previo (Acta de Farallón Negro), que es ley para éstas, por lo que para modificar sus estipulaciones o dejarlas sin efecto, es indispensable la intervención, de común acuerdo, de las tres partes intervinientes.

Por ello, la Ley Nº 14.771 no tiene origen en el Poder Ejecutivo Nacional ni en el Congreso de la Nación, sino en el propio preacuerdo de todas las partes, teniendo como consecuencia la sanción de dicha ley.

Resulta inadmisible desde el punto de vista jurídico, se pretenda modificar, por decisión unilateral, una ley convenio", indicaron desde la empresa minera.

Ley Ómnibus.

El proyecto se denomina "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y fue entregado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

El texto, de 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

El punto inicial del extenso texto declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", pudiendo ser prorrogada "por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".

El texto que ingresó en Diputados prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.

También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos, entre otras.

EL ANCÁSTI.-

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