¿Quién es el marido de Mondino?: "dime con andas y..."

Eugenio Isaac Pendás, el marido y socio de Diana Mondino, es un economista que cobró protagonismo como funcionario del Banco Central en una de las maniobras más fraudulentas de la historia bancaria argentina: la quiebra del Banco Integrado Departamental (BID) que derivó en pérdidas cercanas a los mil millones de dólares. “¿No eran ellos los guardianes del sistema financiero?” se preguntaba una de las miles de ahorristas afectadas a fines de los noventa en una de las manifestaciones en Plaza de Mayo.

Tanto Mondino, como Pendás, son parte del ecosistema del CEMA, un think tank neoliberal que nutrió al gobierno de Carlos Saúl Menem. En 1991, Roque Fernández, ex presidente del Banco Central y posteriormente Ministro de Economía, designó a Pendás como Superintendente de Entidades Financieras del Banco Central. Cinco años después, Fernández lo trasladó al Ministerio de Economía, donde ocupó inicialmente el cargo de Secretario de Programación Económica hasta 1997, y luego la Secretaría de Obras Públicas. El marido de Mondino, renunció a esta Secretaría en marzo de 1998, dos meses antes de unirse al directorio de Papel Prensa SA. 

El Banco Integrado Departamental (BID), surgió como entidad financiera privada el 30 de noviembre de 1978 con sede en la ciudad de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe. Un año más tarde, fue habilitada a operar comercialmente como resultado de la fusión de once entidades que originalmente operaban bajo la categoría de cajas de crédito. En ese momento, las cajas eran obligadas a transformarse en bancos cooperativos según disponía la Ley de Entidades Financieras.

Durante esos años, la comisión especial de Diputados encargada de investigar hechos ilícitos relacionados con el lavado de dinero elaboró un informe exhaustivo sobre la situación del BID. Allí los legisladores señalaron que a partir de 1993, los directores, accionistas y algunos funcionarios del banco llevaron a cabo principalmente préstamos irregulares a empresas vinculadas a la entidad financiera. Además, se documentaron otras prácticas ilícitas, como maniobras para evitar previsionar, operaciones destinadas a crear activos falsos, obtención de fondos del Banco Central mediante información fraudulenta y transacciones ilícitas en el marco de la ALADI.

En julio de 1994, el banco entró en estado de cesación de pagos y casi diez meses más tarde el Banco Central, al mando de la Presidencia de Fernández, la Vicepresidencia de Pedro Pou y de Pendás como Superintendente de Entidades Financieras, ordenó la suspensión de actividades.  Lo que implicó la imposibilidad para los ahorristas de retirar sus fondos y para los jubilados percibir sus pensiones.

En ese momento, el BID absorbió dos bancos cooperativos: el ACISO y el de la Ribera. Según Roberto Cataldi, Gerente General del BID, la entidad se vió obligada a fusionarse “bajo intimidaciones y resoluciones del Central”. En distintas declaraciones a la prensa, expresó que Pendás les pedía “por favor” que lo hicieran y que “si no aceptaban firmar la nota de pedido de suspensión ellos hacían una denuncia justo un día antes de la aprobación de la garantía de los depósitos”. 

El 15 de febrero de 1995, se formalizó la fusión con la aprobación del BCRA que respaldaba la operación con el propósito de “salvar a estas entidades” mediante la unión. El informe del Central destacaba la viabilidad operativa de la fusión y resaltaba la "solidez financiera" del BID. Uno de los abogados que representaba a un grupo de ahorristas era Ricardo Castañeda. En una entrevista al diario LN reveló que Eugenio Pendás fue quien recomendó que el BID absorbiera a los dos bancos. ¿En qué basó la sugerencia? En un documento realizado por la calificadora de riesgo local Risk Analysis, perteneciente a su esposa, Diana Mondino, quien le había atribuido una “triple B” al BID. Es decir, una calidad crediticia buena.

A sabiendas del estado de cesación de pagos, el Banco Central le otorgó un total de 171 millones de pesos en concepto de redescuentos. Doce meses después, Marco Ferraroti, juez de Venado Tuerto, decretó la quiebra del BID. Esto implicó pérdidas cercanas a los mil millones de dólares, unos 400 de desfalco a los ahorristas, 320 millones verificados en la quiebra afectando al Banco central, y el resto de intereses. Las movilizaciones y reclamos de los ahorristas, trabajadores y otros damnificados no se hicieron esperar. Desde Córdoba y Santa Fe, acreedores se dirigieron a Buenos Aires manifestándose frente al Banco Central con pancartas que exigían el reintegro de sus ahorros, cacerolas que hacían sonar y megáfonos para gritar "justicia". 

En ese momento, Matilde Sermonetta, representante del comité de acreedores, describió este episodio como "la estafa más grande desde la crisis del tequila". Sus críticas no solo se dirigían al BID, sino también a la dirección del Banco Central de la República Argentina (BCRA), incluyendo a Pendás. "Ellos también tienen una responsabilidad innegable", afirmaba. "¿No eran ellos los guardianes del sistema financiero? ¿No eran quienes aseguraban proteger el destino de nuestros ahorros? ¿No debían haber tomado medidas precautorias esenciales, especialmente cuando ya habían suspendido el funcionamiento del banco y permitieron que las mismas autoridades culpables del desastre lo vaciaran por casi un año?".

La causa recorrió distintas instancias judiciales hasta que finalizó con su prescripción en 2009, catorce años después de su inicio. En esos años pasó inicialmente por el juzgado de Claudio Bonadio que dispuso el procesamiento y detenciones de algunos directivos del BID. Luego el juez fue recusado y la causa fue transferida al juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, hasta que finalmente recayó en manos de Julián Ercolini. Este último se declaró incompetente y determinó que la causa debía continuar su curso en la justicia de Venado Tuerto.

En 2005, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los banqueros Roberto Cataldi, Miguel Arduino, Juan Bautista Melfi, Luis Martínez Rial y Gustavo Machado por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. Además, otros nueve acusados también fueron confirmados por este último delito. Sin embargo, las imputaciones dirigidas contra funcionarios del Banco Central quedaron prescriptas. Décadas después del desastre financiero los ahorristas lograron cobrar la mayor parte de la deuda inicial, aunque con un detalle: en pesos.

EL COHETE A LA LUNA.-