Envían a su casa al represor Gerardo Arráez, pero no se le restringieron sus visitas

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 mandó a su casa a Gerardo Arráez, uno de los represores que se reunió el año pasado con la comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitó el penal de Ezeiza. Arráez tiene una condena a 25 años de prisión por secuestros y torturas. Tendrá que usar una tobillera electrónica, pero, a diferencia de lo que decidió el TOF2 con Cristina Fernández de Kirchner, no deberá informar quién irá a verlo.

Arráez ingresó a la Policía Federal Argentina (PFA) en 1970. Tenía entonces 18 años. Desde mediados de 1975, estuvo en el Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). En diciembre de 1977, cuando la represión era más intensa, lo ascendieron al grado de inspector y lo enviaron a la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la SSF. En julio del año siguiente, pasó al Departamento de Situación Subversiva. En 1980 le dieron la baja por ineptitud.

En 1985, Juan Antonio del Cerro, un exintegrante del Cuerpo de Informaciones de la PFA, prendió el ventilador. "Colores" Del Cerro había sido uno de los enlaces de la Federal con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En su extensa declaración, Del Cerro mencionó a “Nito”. Dijo que era un efectivo de la PFA, que integraba una brigada de operaciones y que su apellido era Arráez.

A “Nito” lo recordaban varios sobrevivientes de los centros clandestinos de detención conocidos como el Banco y el Olimpo. Lo describían como morocho, de pelo lacio, menudo y con voz aflautada. Era muy religioso. Tanto que le hizo construir a un albañil que estaba secuestrado una capilla en el Olimpo.

La imagen más siniestra de “Nito” la proveyó una sobreviviente que contó que él le tomó una foto mientras estaba pariendo en el campo de concentración. Quería ver cómo salía el bebé. Fueron varios quienes se refirieron a esa escena que podría ser salida de una película de terror.

Arráez se recicló como abogado. Estuvo prófugo durante tres años. En 2014, lo detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tenía un documento falso. En 2017, en el tercer juicio por crímenes cometidos en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), el TOF2 lo condenó a 25 años de prisión.

Según publicó El Destape, Arráez fue uno de los represores que recibía las visitas de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel en prisión. En general, Villarruel mantenía contacto con quienes habían formado parte del aparato de inteligencia.

En julio del año pasado, Arráez participó del cónclave con los diputados oficialistas que se movilizaron hasta el Complejo VII de Ezeiza. Posó con ellos en una foto de familia en la que también estaban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros. Según contó la legisladora Rocío Bonacci, Guglielminetti les entregó un sobre de papel madera con ideas para impulsar la prisión domiciliaria.

 
Mientras promovía un pedido para volver a su casa, Arráez integró el grupo de los criminales de lesa humanidad que fueron mudados a la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos.

La domiciliaria

El 13 de noviembre del año pasado, el TOF2 rechazó el pedido de arresto domiciliario de Arráez. La defensa oficial recurrió la decisión y tuvo la suerte de encontrarse con la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal. El 9 de enero, los camaristas Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques anularon la decisión del TOF.

Al día siguiente, el tribunal le pidió al Cuerpo Médico Forense (CMF) que realizara nuevos estudios. El informe llegó recién el 4 de abril. Decía que el estado de salud de Arráez era regular, que era hipertenso y que había abandonado por decisión propia la medicación cardiológica. Lo más complicado que detallaba el CMF era que debía someterse a una cirugía reconstructiva de la uretra.

El 8 de mayo, el TOF tuvo una audiencia para escuchar la opinión de las víctimas, que se opusieron a que Arráez dejara la prisión. En sintonía se pronunció la fiscalía encabezada por Alejandro Alagia. Lo mismo hizo la querella de Pablo Llonto.

En el ínterin, la Unidad 34 de Campo de Mayo, adonde acababa de ser trasladado Arráez, respondió que no tenía posibilidad de darle atención médica. “El deterioro neurocognitivo que presenta este tipo de pacientes supera las capacidades resolutivas del nivel de atención actualmente disponible”, contestaron desde el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich. Llama la atención que la Unidad 34 hablara del deterioro neurocognitivo, que no había sido resaltado por el CMF, y que usara el plural para referirse a Arráez.

Frente a ese panorama, el TOF cambió de opinión. El jueves, ordenó que el SPF traslade a Arráez a su casa, un departamento en el barrio de Caballito. “Por las patologías actuales y el carácter evolutivo de las dolencias del encausado, su arresto domiciliario deviene la decisión más prudente en procura de la salvaguarda de su salud”, escribieron Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Guillermo Costabel. Tanto Gorini como Giménez Uriburu son jueces del caso Vialidad en el que está cumpliendo condena la expresidenta.

Arráez acaba de cumplir 73 años. El Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, que también depende de Bullrich, deberá colocarle un dispositivo electrónico. Resta saber si lo hará con la misma premura que lo hizo en el caso de CFK.

El TOF dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) haga una exhaustiva supervisión de la situación de Arráez en su casa. Los expertos deberán ir cada quince días en distintos horarios para cerciorarse de que esté en su vivienda y cumpliendo con las normas de conducta impuestas.

 
Los jueces no pidieron que Arráez informe quiénes ingresarán a su departamento, como sí hicieron Gorini y Giménez Uriburu en el caso de CFK. En su caso, le habían dicho que solo podrían ingresar sus familiares, abogados y médicos. Otros visitantes deberían ser autorizados por el TOF. 

De hecho, los abogados de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) recurrieron en las últimas horas la decisión del tribunal, recordando que incluso puede recibir a sus asesores, ya que no tiene prohibido hacer política.