La deuda impagable con el FMI que Milei agravó

Antes del nuevo acuerdo suscripto por el gobierno de Milei, el cronograma de pagos al FMI ascendía a 55.363 millones de dólares para los próximos 10 años, entre capital, intereses y sobrecargos por la suma excesiva otorgada en préstamo. Tras la firma del nuevo entendimiento, la Argentina deberá afrontar pagos por un total de u$s 72.487 millones en el mismo período. Es decir, que agravó los compromisos de pagos al organismo en algo más de 17.100 millones de dólares tan sólo tomando en cuenta los vencimientos hasta el 2035. 

Pero hay un dato adicional: los vencimientos más fuertes, entre 9200 y 10.800 millones de dólares por año, recaen justamente en los cuatro años de gestión del próximo gobierno: 2028 a 2031 inclusive. No es exagerado decir que, aceptando estas reglas, el próximo gobierno, sea cual fuere su color, entra a la Casa Rosada atado, de pies y manos, a los compromisos con el FMI. 

El minucioso detalle de lo que representa este grave condicionante al ejercicio de la democracia en el próximo período presidencial fue elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), organización profesional que elabora informes económicos periódicos con el objetivo explícito de «favorecer la vida democrática». 

Este jueves, presentaron un nuevo informe en el que analizan las consecuencias, en materia de compromisos de deuda, del reciente acuerdo suscripto por el gobierno de Javier Milei con el FMI. Señalan, al respecto, que como consecuencia del incremento de la deuda, «las curvas de vencimientos para el próximo mandato serán más exigentes». Y agregan que «si el gobierno actual destina los dólares del nuevo acuerdo a intervenciones u otros gastos, en lugar de acumular reservas, la situación podría volverse aún más crítica». 

Por otra parte, «si usaran esos recursos para cancelar vencimientos, no sólo estarían haciendo un canje de deuda sumando mas poder al FMI y subordinando a la Argentina, sino que además estaría empezando un camino descendente en la sustentabilidad del sistema, que ya de por sí es endeble y no cierra sin recesión», apuntó ante la consulta de Página/12 uno de los especialistas que trabajó en la elaboración del informe.
Puesto en números precisos, aun si el gobierno de Javier Milei cumpliera con todos los compromisos de pagos al FMI entre este año y fines del 2027, al gobierno que lo suceda le tocará, en los cuatro años subsiguientes, «afrontar pagos de capital por u$s 32.418 millones, de intereses por u$s 5.764 millones y sobrecargos de tasas por u$s 2.437 millones». Esto es, un total de 40.619 millones de dólares en tan solo cuatro años.

 En paralelo al trabajo del IAG, se publicó en las últimas horas un análisis del Instituto de pensamiento y políticas públicas (Ipypp) sobre la «situación de la deuda y capacidad de pago del Estado nacional», a partir de las cifras del último informe trimestral de la deuda pública emitido por el Banco Central, con datos al 31 de diciembre de 2024. 

Concluye el análisis que en el primer año de la gestión de Milei, la deuda pública aumentó en casi un 26 por ciento, pasando de 370.673 millones de dólares a fines de 2023, a 466.921 millones en el último fin de año. Como, además, el PBI cayó, la relación deuda/PBI creció significativamente, del 57,4 por ciento en 2023 a casi un 75 por ciento a fines de 2024.
Por otra parte, mientras que la deuda en moneda local más que se duplicó (medida en dólares o a valores constantes), la deuda en dólares se mantuvo o bajó levemente, lo cual redujo la participación de la deuda en moneda extranjera dentro de la deuda total. Podría considerarse una buena noticia, pero duró poco: con el nuevo y gigantesco crédito del FMI (sin sumar todavía los prometidos por el Banco Mundial y el BID), vuelve a crecer este año la deuda en dólares, con lo cual aumentarán a la vez la deuda total y la participación, en ese total, de los compromisos en moneda extranjera.

Claudio Lozano, ex director del Banco Nación y ex diputado nacional, señaló, en relación al informe de Ipypp, a modo de conclusión, que «la deuda crece más que la economía; el ajuste supone una guerra declarada al conjunto de la comunidad. Ajustar más sería insostenible, y pagar sin dólares, imposible», aludiendo además a que ni «aun capturando todo el superávit de la cuenta corriente externa» al gobierno le alcanzaría para pagar los compromisos de deuda, «en un mercado donde no controla la oferta de divisas».

«El modelo económico está en tensión, el riesgo de default ya se discute y la política antiinflacionista cruje», agrega Lozano, en referencia a que el modelo de «ancla fiscal (ajuste feroz), ancla cambiaria (atraso del dólar para sostener precios) y ancla salarial (techo a las paritarias)» ya no se sostiene porque «para pagar la deuda, habría que romper alguna de las anclas».  
Está claro que la cuestión de la deuda será el mayor desafío que deberá afrontar el próximo gobierno, sobre todo si es de un signo contrario al actual y no asume las políticas regresivas del Fondo Monetario como propias. Confrontar con esas políticas supone, necesariamente, cuestionar los condicionamientos del FMI. Y rechazar las irregulares condiciones (respecto de los propios estatutos del Fondo, incluso) en que esos compromisos fueron asumidos. 

No son medidas económicas, sino decisiones políticas las que se requieren. Discutidas, elaboradas y consensuadas entre todos los sectores que la impulsen con suficiente antelación. Para no improvisar sobre la marcha. 

El tratamiento de una salida política alternativa para la deuda es urgente. Y aunque no haya suficientes sectores políticos que lo asuman, por todo lo expuesto más arriba está claro que la imposibilidad de pagar la deuda se ocupará de acelerar la crisis y acortar los plazos.