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Los detenidos exigen ser liberados y los damnificados temen que se fuguen o entorpezcan la causa. En la causa RT Inversiones, Edgardo Edmundo Bulacio pidió la excarcelación por el fin de la preventiva.
Catamarca29 de abril de 2025El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz se opuso al pedido de elevación a juicio de la causa contra Adhemar Bacchiani y su banda, solicitada por dos querellas y en parte promovida por el juez federal Miguel Ángel Contreras.
La investigación de las millonarias estafas perpetradas a través de Adhemar Capital SRL se inició en diciembre de 2021 y tomó estado público en los primeros meses de 2022.
A tres años de comenzado el proceso, Bacchiani y sus socios Alexis Sarroca y José Blas siguen detenidos con una prórroga de prisión preventiva que ya venció y que por mandato legal no puede ser nuevamente prorrogada. Bacchiani está alojado en el penal de Miraflores (donde continuará porque debe purgar condena de 9 años de cárcel impuesta por la Justicia de Córdoba), y los otros dos en sus domicilios.
A mediados de abril, los abogados querellantes Bruno Jerez y Diego Figueroa, temiendo que al ser liberados Sarroca y Blas pudieran fugarse, pidieron al juez Contreras que disponga el cierre de la investigación penal preparatoria y eleve la causa a juicio.
Los querellantes apuntaron a Bacchiani, Blas, Sarroca, las ex parejas de Bacchiani, la esteticista venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa, y la abogada Sofía Beatriz Piña, al contador público nacional Iván Gonzalo Segovia y al abogado Lucas Esteban Retamozo, para quienes pidieron que sean enviados a juicio.
Por otra parte, señalaron que el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación los faculta para realizar el petitorio y consideraron que la investigación está completa y corresponde que sea enviada a debate.
En cuanto a las pruebas producidas por la Fiscalía en tres años de investigación, hicieron un detalle que abarcó ocho páginas.
Controversia.
La pretensión de las querellas fue remitida al fiscal que se opuso a la elevación a juicio, señalando que ese Ministerio Público Fiscal (MPF) está en "etapa de establecer certezas y no se puede dar con el lujo de no contar con pruebas que hagan la responsabilidad y participación con un grado de certezas más allá de toda duda razonable de los imputables, sobre todo con el delito de lavado de activos, teniendo en cuenta la cantidad de activos”.
"Mientras el juez considera que está terminada la instrucción de la causa, esta fiscalía y el Ministerio Público Fiscal junto a varias querellas consideran que aún no está terminada la investigación, porque son muchos los delitos imputados y varios los responsables que tienen un procesamiento firme por la totalidad de esos delitos. Considerar que hay pruebas pendientes para averiguar el delito de lavado de activos, no es un dato menor porque el MPF tiene que contar con las pruebas para elevar la causa a juicio", agregó.
A su vez, el juez Contreras no hizo lugar al planteo del fiscal y le recordó que son frecuentes las elevaciones a juicio parcializadas, lo que sería conveniente en este por el volumen de datos recabados, la cantidad de imputados, las acusaciones, la cantidad de testigos y peritos que deben declarar entre otras cosas. Fuentes judiciales explicaron que la viabilidad de la solicitud deberá ser resuelta por el juzgado y que ante una decisión adversa tanto la fiscalía como las querellas podrían recurrir ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán para que resuelva.
Mientras tanto, con el paso del tiempo y las nuevas dilaciones, la liberación de los dos principales socios de Bacchiani, Blas y Sarroca, se torna inevitable. Según el dictamen de la prórroga de prisión preventiva, la medida vence el próximo 3 de mayo.
Se trata de Ramiro Egüen, de 25 de Mayo, que no quiso hacerse cargo del Centro de Atención Primaria. Será el único administrado por el gobierno provincial.
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