Un policía le dio un palazo en la cabeza a una jubilada en el Congreso

La mujer, que se manifestaba pacíficamente, fue golpeada fuertemente en su cabeza por un efectivo que, además, se escondió tras su accionar.

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Salvaje y brutal represión del régimen de Milei y Bullrich a jubilados y jubiladas.

Dentro del caos que significó un nuevo accionar represivo por parte de las Fuerzas de Seguridad, un episodio trascendió en los distintos medios y redes sociales por la brutalidad que representa:  un policía le pegó un duro palazo en la cabeza a una jubilada y, luego, se escondió detrás de sus compañeros.

Mientras la mujer de avanzada edad se manifestaba de manera pacífica, el efectivo la atacó sorpresivamente, provocándole una fuerte herida en su cabeza. Inmediatamente, la jubilada debió ser asistida por quienes allí se encontraban, de acuerdo a lo que muestra el video compartido en redes sociales por el periodista Lautaro Maislin de C5N.

El video no demoró en viralizarse, generando todo tipo de repudio al accionar policial habilitado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, quien antes de la marcha amenazó a los hinchas de los diferentes clubes con que los iban "a encontrar" si hacían desmanes.

El Gobierno endureció el derecho de admisión en la previa a la marcha.

Sin disimular su desesperado intento por afectar el apoyo que miles de hinchas del fútbol están dando este miércoles por la tarde al largamente ignorado reclamo de los jubilados, el gobierno de Javier Milei endureció durante la mañana el derecho de admisión a los estadios de fútbol.

Así quedó plasmado en Resolución 321/2025 del ministerio de Seguridad de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.

Allí el gobierno libertario extendió las causales por las cuales se puede aplicar el derecho de admisión a los estadios de fútbol y entre ellas se incluyó una que no tiene nada que ver con incidentes en espectáculos deportivos y que apunta lisa y llanamente a impedir que se sumen a cualquier manifestación popular.

La resolución expande así los criterios a aplicarse y alcanzan a personas imputadas o condenadas por delitos graves, especialmente aquellos que impliquen violencia o alteración del orden público, ya sea en el ámbito de un espectáculo futbolístico o en eventos relacionados.

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