Los "gordos" de CGT celebran en secreto el corte a la intermediación de obras sociales

La resolución del Gobierno que puso fin a la intermediación entre obras sociales y prepagas fue recibida con indiferencia y hasta con beneplácito por los gremios con mayor número de afiliados y obras sociales más pobladas. Alegan que apuntan sólo a "sellos de goma" que hicieron de promotores de privados. Incomodidad en sindicatos de la energía y del propio José Luis Lingeri, referente en CGT del lobby de las prestadoras gremiales. 

La CGT mantuvo silencio público tras la publicación, la semana pasada, de una resolución que puso fin a la intermediación que llevaron a cabo en las últimas décadas un puñado de obras sociales sindicales con empresas de medicina privada. En reserva, sin embargo, fueron más los dirigentes que celebraron la medida de la Superintendencia de Servicios de Salud que quienes la condenaron: la mayoría asegura no afrontar riesgo alguno y en cambio destaca que la norma sólo afectará a un conglomerado de "sellos de goma" sindicales que sólo prestaron sus nombres para que las empresas de salud gestionaran con ellos afiliaciones a partir de la primera desregulación del sistema, en los años '90s. 

La medida fue celebrada por el equipo económico y, en particular, por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien por tercera vez en lo que va de su gestión pone de relieve una norma presentada como favorable a los privados en detrimento de las prestadoras de salud de los sindicatos. Sin embargo, la recepción en los gremios con las obras sociales más pobladas fue indiferente y hasta positiva tal como había sucedido cuando el Ejecutivo eliminó un subsidio que alcanzaba a las obras sociales más chicas y lo redistribuyó entre las de porte medio y grande. 

Entre las apuntadas por el Gobierno y también por los "gordos" figuran obras sociales pertenecientes a sindicatos con pocos afiliados de sus actividades de origen (comisarios navales, árbitros, personal de organismos de control, aeronavegantes privados) pero que pusieron sus nombres al servicio de acuerdos de tercerización con prepagas. Esos entendimientos les permitieron a esas firmas sindicales hacerse de una comisión del 2 al 3% por los aportes de decenas o centenares de miles de personas que se inscribieron en ellas para obtener la cobertura de las privadas como Swiss Medical, Galeno o Medicus. 

Cuando anunció la medida el Ejecutivo calculó en 1,3 millón de personas el número de afiliados que tendrán 60 días para manifestar de manera expresa su voluntad de permanecer bajo el paraguas legal de una obra social que terceriza sus servicios en una privada, o de lo contrario ser transferidas de manera directa a la prepaga que recibe el grueso de sus aportes. En el sector, sin embargo, creen que en caso de tomarse una interpretación más amplia de la medida podrían ser hasta 4 millones las personas que ingresaron al sistema privado mediante una obra social, los "desregulados" como se los denomina vulgarmente. 

Un relevamiento de El Destape en la "mesa chica" de CGT, que agrupa a los secretarios generales de los sindicatos más numerosos, no halló quejas por la resolución 1/2025 de la SSS. Gremios como Comercio, Sanidad, gastronómicos (Uthgra), Camioneros, metalúrgicos (UOM) o construcción (Uocra) incluso la ponderaron. En cambio en algunas organizaciones alertaron por una posible violación "al derecho privado" en caso de que se produzcan traspasos forzosos con afiliados propios que acceden por las ventanillas de sus prestadoras y reciben también la cobertura de algunas prepagas. 

Las alertas provienen de sindicatos que, sin haber tercerizado plenamente en prepagas sus planes de salud, firmaron con algunas de ellas acuerdos de cobertura que las posicionan en una zona gris diferenciada de los "gordos" que mantuvieron bajo sus obras sociales el grueso de su red prestacional. Varias pertenecen al rubro energético y entre ellas se destacan las de gremios petroleros, de la industria del gas y hasta la de AySA, bajo el control de José Luis Lingeri, el máximo referente en la CGT de la problemática de las obras sociales. En esos gremios destacan los acuerdos alcanzados con las prepagas al señalar que sus afiliados reciben los mismos servicios que las personas que los contratan de manera individual pero a un precio mucho más bajo y con la posibilidad de incluir a todo el grupo familiar. 

La advertencia sobre una posible antijuridicidad de la norma de la SSS tiene un indicio de origen: no fue firmada por el superintendente, Gabriel Oriolo, ni por el ministro de Salud, Mario Lugones ni por la secretaria de Gestión Administrativa de esa cartera de gobierno, Cecilia Loccisano. Fue publicada con la rúbrica de Roberto Luis Olivieri Pinto, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud y un completo desconocido para la mayoría del sistema de obras sociales y prepagas. 

Los técnicos del área explicaron que la ausencia de firmas de relieve tuvo su origen en el lugar de origen de cada uno: Lugones, como cabeza del Grupo Fundación Güemes (donde comparte influencia con Enrique "Coti" Nosiglia y el gastronómico Luis Barrionuevo); Oriolo, con décadas como directivo de OSDE, y Loccisano, por el expertise que recogió en la política por su matrimonio con el macrista Jorge Triaca.