Durante los primeros 10 meses del año pasado, la obra pública nacional cayó en promedio un 83% en términos reales. Si bien todas las provincias vieron reducidos los recursos nacionales, La Rioja fue la que menos recibió.
Norte Argentino08 de enero de 2025
TELEDIARIO.COM.AR
El diputado nacional de PJ riojano Ricardo Herrera compartió este lunes un posteo en sus redes sociales en el cual muestra un informe realizado por el portal web elauditor.info que analiza el impacto que tuvo el ajuste que realizó el gobierno nacional sobre la obra publica en las provincias.
Durante los primeros 10 meses del 2024, la obra pública nacional cayó en promedio un 83% en términos reales. Si bien todas las provincias vieron reducidos los recursos nacionales, La Rioja y La Pampa fueron las que menos recibieron.
Las jubilaciones, las transferencias de Nación a Provincia y la obra pública nacional son piezas clave del resultado fiscal positivo en 2024. Si bien el recorte realizado en jubilaciones explica casi un tercio del superávit de las cuentas nacionales, la decisión del Poder Ejecutivo de paralizar la obra pública ha tenido un impacto significativo en todas las provincias.
Durante los primeros 10 meses del año, los recursos destinados a obras con financiamiento nacional respecto a 2023 cayeron de forma pronunciada. La ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales.
La obra pública o inversión real directa (IRD) constituye una parte esencial del gasto público nacional. Este tipo de inversiones abarca proyectos como edificaciones, infraestructuras, equipos y mejoras significativas en activos existentes, que prolongan su vida útil o aumentan su productividad. En definitiva, el objetivo último de la obra pública es fortalecer las capacidades productivas del país. La IRD no consiste en transferencias realizadas por el Gobierno Nacional a las provincias para que éstas gestionen y ejecuten de forma descentralizada. Por el contrario, se trata de un gasto que se lleva a cabo de manera centralizada, bajo la dirección de organismos nacionales.
Un ajuste dispar
En un contexto de ajuste en el gasto de capital, el recorte en la obra pública presenta importantes contrastes entre las provincias.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la jurisdicción con mayor recepción de fondos en ambos años, alcanzando $149.009 millones en 2024. Sin embargo, en CABA, la obra pública nacional cayó un 82% en valores reales. Le sigue la provincia de Buenos Aires con $67.507 millones en 2024. No obstante, al ajustar por inflación, se observa que experimentó una caída real del 89%.
Las provincias con menor inversión nacional fueron La Rioja, que recibió $1.352 millones en 2024, y San Luis, con apenas $996 millones en el mismo período. Estas jurisdicciones figuran entre las más perjudicadas en términos reales. Mientras que La Rioja sufrió una contracción del 97%, en San Luis fue 94%. Estas cifras expresan la considerable disparidad en la distribución de los recursos de IRD a lo largo del territorio nacional.
Todas las jurisdicciones experimentaron reducciones en términos reales, pero los porcentajes de variación muestran que algunas provincias lograron sortear mejor los efectos de la inflación que otras. Son los casos de Jujuy y Tierra del Fuego, que presentan caídas reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente), y que contrastan con los retrocesos superiores al 80% observados en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires.
Dentro de las categorías de IRD, donde se pueden direccionar los recursos públicos, se encuentran dos tipos: Interprovincial y Nacional. Mientras que la primera, que agrupa gastos asociados a más de una provincia, tuvo una caída real del 81%, la segunda registró una contracción del 72%. Este último dato resalta cómo las inversiones de alcance nacional lograron mantener un nivel de ejecución relativamente superior frente a la mayoría de las provincias.
Dentro de la categoría Nacional, más del 70% de lo ejecutado, que asciende a un monto de $63.816 millones, corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad, abarcando dos áreas principales: mantenimiento de red por administración y obras en corredores viales.
¿Un nuevo paradigma deinversión o retracción de infraestructura?
El Ejecutivo Nacional ha manifestado su intención de eliminar la obra pública como modalidad de inversión, planteando como alternativa la promoción de la participación privada a través de concesiones y contratos público-privados. Esto produciría un cambio radical de paradigma que podría redefinir las prioridades y los niveles de ejecución de la IRD en los próximos años.
Si bien no se ha interrumpido totalmente la inversión real directa en 2024, el ajuste ronda en promedio en torno al 83% en términos reales, llegando a un máximo de 97% en La Rioja. No solo se destaca la magnitud del recorte sobre la partida de obra pública, sino también la distribución dispar entre provincias de la reducción.
El nuevo enfoque de administración de la inversión pública, focalizado en obras puntuales y concentrado principalmente en los proyectos y acciones de mantenimiento, transforma el rol de los recursos nacionales en apenas un complemento del, hasta el momento, potencial impulso del sector privado para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del país. Este nuevo escenario reconfigura los alcances y límites de la obra pública y nos plantea un interrogante sobre si puede ser compensada esta retracción por la iniciativa privada.
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