La Conferencia Episcopal Argentina cuestionó la medida que el Gobierno aplicó por decreto el martes. "No insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado", advirtieron.
Sociedad29/11/2024
TELEDIARIO.COM.AR
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó este viernes su "más profunda preocupación" ante la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de disolver el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, creado en 2019.
A través de un comunicado, el Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz perteneciente a la CEA aseguró que la disolución del fondo fiduciario "representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas", luego de "años de avances", que habían colocado a la Argentina "en la vanguardia de la lucha contra este delito, el más grave que se pueda cometer contra la libertad y dignidad humana".
Desde la CEA remarcaron que el fondo de asistencia tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas.
"No insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado", advirtió el Equipo No a la Trata.
Por último, consideraron que la ausencia de mecanismos supletorios del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas "solo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito".
"Lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas", concluye el comunicado.
Cuáles son los fondos fiduciarios disueltos por el Gobierno
Amparado por la Ley Bases, que habilitó al Poder Ejecutivo a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos", la administración de Javier Milei ordenó la disolución de otros cinco fideicomisos bajo el argumento de que auditorías internas revelaron "incumplimiento de los objetivos", "ausencia de controles confiables", "administración costosa para el Estado" y "discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados".
Uno de ellos es el Fondo Fiduciario Para El Desarrollo De Capital Emprendedor (FONDCE) el cual fue creado para "financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor" mediante el otorgamiento de "préstamos a emprendimientos y/o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores", Aportes No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento.
El decreto advierte que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó "debilidades en la gestión de inversiones y su recupero", como también la ausencia de "manuales operativos y de procedimientos", además de "debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión".
También se dispuso la disolución del Fideicomiso Para La Refinanciación Hipotecaria que tenía por objetivo implementar el Sistema de Refinanciación instrumentado por la ley 25.798. De igual manera, la SIGEN también informó "la existencia de debilidades importantes respecto del desenvolvimiento del referido Fondo, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario y en la contratación de auditores externos para la auditoría de los Estados Contables de los Ejercicios 2021, 2022 y 2023 y falta de una gestión activa de recupero de fondos en mora, entre otros".
Asimismo, dispuso el cierre del fideicomiso del Programa De Inversiones Estratégicas "cuyo objeto es invertir en sectores estratégicos para el Estado Nacional, fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real". Según el Ejecutivo, "no se han integrado los bienes al fideicomiso, por lo tanto, ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia".
A su vez, se ordenó la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata - Ley 26.364, destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
El Gobierno justificó el cierre en base a un informe de la SIGEN que señala "la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".
Por último, el decreto determina la supresión del Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero Del NOA (Proicsa), que tenía por fin destinar créditos para promover la competitividad de la industria azucarera del Noroeste argentino.
"En lo referente a la actividad del fideicomiso Proicsa se ha completado el proceso de otorgamiento de la totalidad de las asistencias crediticias que resultaron elegibles de conformidad al Contrato de Préstamo celebrado con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Que, por ello, desde el año 2020 Proicsa no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar", argumentó el Ejecutivo.
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