Señalaron a Juan Pablo Morales como garante

En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF), continuó ayer el juicio contra el exjuez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, Juan Pablo Morales y nueve personas más por presunto narcotráfico, en la que dos policías dieron detalles de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. 

Para la Justicia, Morales junto a Roque "La Bestia" Vizcarra, Marcos Soruco y Ramón "Carocín" Baigorri, deben responder como supuestos "coautores del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes".

Domingo Sebastián "La Chancha" Frías (prófugo), su hermano Pablo "Piquinino" Frías y Marco Rearte, están imputados como "coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de intervinientes".

El resto de los sospechosos, Gabriel Lazarte y Emilse Aráoz, son juzgados como supuestos "coautores del delito de confabulación de dos o más personas". En este contexto, dos oficiales de la Policía Federal que analizaron escuchas telefónicas registradas durante la investigación, explicaron en la audiencia de ayer que se logró identificar una conexión entre Lazarte y Reartes, a quien apuntaron como uno de los líderes de la banda. Señalaron además que entre sus planes estaba realizar una transacción donde Araoz, por entonces pareja de Reartes, operaría como intermediario al tiempo que Morales daría un viso de garantía al procedimiento.
El abogado Luciano Rojas, defensor del excamarista, consideró que es "sorprendente que el Dr. Morales haya llegado a esta instancia". Aseguró además que es "innegable del solo análisis de la prueba -la cual opera como cargosa (ofrecida por el ministerio público)-, la ajenidad total y absoluta en el hecho que se le incrimina".

"Ahora esperamos ver cómo se desenvuelve el Ministerio Público Fiscal al momento de los alegatos conclusivos y luego de eso decidiremos a más de solicitar la absolución, denunciar conductas de funcionarios que entendemos merecen ser sancionadas tanto administrativa como penalmente", finalizó.

La investigación que llevó a este juicio comenzó en julio de 2021, cuando el Grupo de la Unidad de Cibernarcocriminalidad de la Gendarmería interceptó comunicaciones telefónicas que revelaron las operaciones de la banda. Las detenciones y los secuestros fueron el resultado de tareas de investigación realizadas por efectivos de la Agrupación VIII y el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional.