La UNCa tildó de "absurdo" acusar a las universidades de inventar alumnos

La declaración del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, acusando a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos, generó el rápido repudio de todos los rectores del país. Entre ellos, está el titular de la Universidad de Catamarca, Oscar Arellano, quien afirmó que le sorprende “el desconocimiento” del funcionario y consideró que la acusación “es para desprestigiar la marcha” de mañana.

En diálogo con la prensa nacional, el funcionario había dicho que no se conoce la situación de un 38% de los alumnos universitarios de todo el país. “No sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”, dijo Torrendell.

En comunicación con “Mañana es hoy” de Radio Ancasti, Arellano afirmó que “es sorprendente el desconocimiento del funcionario de cómo funciona el sistema universitario”. En este sentido, indicó que el planteo de la gestión de Javier Milei es “absurdo”.

Para refutar el planteo libertario, Arellano mencionó que “la universidad pública argentina tiene el sistema ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario de todo el país”. En este sentido, indicó que dentro de este sistema está el ‘SIU Guaraní’ que “maneja toda la cuestión de alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe”.
“Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en el sistema porque un año que no se inscribe no es estudiante universitario. En este marco, el sistema se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante por lo que es imposible que nosotros tengamos que depurar o inventar estudiantes”, dijo a lo que añadió que la posibilidad de “inventar estudiantes” solo existió cuando los registros de alumnos era mediante papel.

“Ahora todo está informatizado y no se puede mentir. 30 universidades en todo el país ya tienen absolutamente todo informatizado y dentro de ellas está la Universidad de Catamarca”, resaltó a lo que agregó: “Lamentablemente lo que tengo que pensar es que esos comentarios están más vinculados a descalificar la marcha que a poner en duda sobre cómo funciona el sistema universitario”.

El rector indicó que es “lamentable” que desde el Gobierno nacional “tengan que mentir para disminuir el efecto de la marcha” y que “no es un argumento que deberían tomar las autoridades de educación a nivel nacional”.

Planteó además que la función polinómica que plantea el funcionario nacional (que es la ecuación para el reparto de fondos para las universidades públicas del país) también es “injusta y discriminatoria para Catamarca”. En este sentido, Arellano explicó que la UBA “tiene 10 millones de personas a la vuelta en un radio de 5 o 10 km”, mientras que Catamarca tiene el Valle Central y el resto son alumnos que tienen que recorrer largas distancias para poder asistir a clase. “Sumado al nivel de pobreza actual, son más los chicos que les cuesta llegar por lo que el indicador de alumnos para nosotros es una complicación, porque no se consideran las distancias y otros valores que nos indiquen la dificultad de los alumnos para llegar a la universidad”, dijo.

En relación con los dichos del funcionario nacional de que en muchas aulas de las universidades no hay más de 20 alumnos, Arellano repudió la acusación. “En una carrera como Ingeniería en Minas o Agronomía se necesita un laboratorio donde no pueden entrar más de 15 personas. Es por eso que las universidades privadas ofrecen carreras donde en un aula pueden meter 300 chicos y un docente que dé clases, porque son más económicas. Carreras más complejas como Veterinaria o Medicina son poco comunes en la universidad privada, porque son muy caras para desarrollar un buen profesional. Por lo tanto, no se podrían dar en el país sin la posibilidad del apoyo estatal”, consideró.

Finalmente, Arellano indicó que espera que el Gobierno nacional no vete la ley de financiamiento universitario porque no solo significaría “dejar fija la pérdida salarial de todo el año”, sino también la pérdida de presupuesto para el funcionamiento, la imposibilidad de financiar investigación y la de realizar obras para mejorar la infraestructura de las facultades.