Pacto de mayo: qué entregan las provincias en su apoyo al ajuste de Milei

El presidente Javier Milei firmó el lunes por la noche un "Pacto de Mayo" con la mayoría de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo abstracto del acto, los mandatarios provinciales que se hicieron presente en Tucumán le darán impulso político al Gobierno para que La Libertad Avanza avance en reformas económicas estructurales. Paradójicamente, serán las provincias las que sufran la reconversión de fondo que propone el jefe de Estado.

Cabe repasar los puntos primordiales del acuerdo antes de avanzar en cualquier análisis. Según el documento difundido por el Gobierno, son los siguientes:

Inviolabilidad de la propiedad privada
El equilibrio fiscal innegociable.
La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

Las cifras detrás del Pacto de Mayo y el impacto en las provincias.

Milei señaló como uno de los principios lograr un “equilibrio fiscal innegociable”, un ajuste que en los primeros seis meses de gobierno fue cumplido con dureza. De acuerdo con datos oficiales, la ejecución presupuestaria en el primer semestre cayó 30% respecto de igual período de 2023. El Presidente también propuso una “reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI". El 40% del gasto corresponde a gasto en seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otros). Estos gastos cuentan con ajuste automático a través de la fórmula de inflación. Bajo ese parámetro, cuesta pensar cómo se financiarían las cajas provinciales para servicios de la vida cotidiana.

A su vez, se plantea “la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”. Existen dos tipos de transferencias de la Nación a las provincias: las automáticas, que se reparten por ley y de forma diaria a partir de la recaudación de impuestos; y las no automáticas o “discrecionales”, cuyo reparto no en todos los casos está definido por leyes y depende de Nación. 

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), justamente uno de los gastos que más cayeron fueron las transferencias a las provincias, tanto de capital (-97,7%) como corrientes (-73,4%) y la inversión real directa (-70,2%). Y en los primeros meses del año, esos mismos rubros acumulan las siguientes caídas: las transferencias de capital a provincias retrocedieron 98,2%; la inversión real directa lo hizo 79,7% y las transferencias corrientes a provincias, 75,6%. En total, si se suman todos los tipos de transferencias no automáticas a las provincias, la caída fue de 89%.

En tanto, Milei aseguró que será necesaria “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”. La presión fiscal es definida como el porcentaje de la recaudación en relación con el PBI de un país. Desde el conservadurismo económico coinciden en que una rebaja impositiva impulsaría la inversión y el empleo. Sin embargo, incluso durante el macrismo ya hubo recortes tributarios a las empresas devenidos del pacto fiscal y la economía explotó de igual manera. Respecto a los más ricos de la sociedad, los impuestos directos sobre el rédito del capital o ganancia y sobre los altos ingresos no tienen gran impacto sobre el balance fiscal. 

Otra de las consignas es que será necesario “un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. De momento, no hay garantías de que las empresas que inviertan bajo el RIGI lo hagan en actividades productivas que generen beneficios a largo plazo para la sociedad. Es más probable que inviertan en actividades extractivas que agoten los recursos naturales sin generar un desarrollo económico sostenible. El RIGI fue fijado para perdurar durante 30 años. Es decir, pasando el año 2050. Las agendas globales de desarrollo (por ejemplo del G7 donde fue invitado Milei) proponen un proceso de descarbonización de la economía sobre todo entre 2030 y 2050. ¿Qué acuerdos pondrán en marcha las provincias si la legislación permite fijar condiciones que no tienen en cuenta el mediano o largo plazo?.

En sus “10 principios del nuevo orden económico argentino”, Milei también prometió “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron, y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación”. En abril, el Gobierno modificó por decreto la fórmula de actualización de los haberes y desde entonces, las jubilaciones aumentan según la inflación. 

El IPC que publica el Indec y que sirve de referencia para actualizar los haberes jubilatorios es el índice nacional promedio. Sin embargo, la inflación también se difunde por regiones: GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. Al revisar los reportes, la inflación acumulada a nivel nacional difiere de lo registrado en las zonas geográficas que componen la Argentina. Por ejemplo, la inflación nacional de abril fue del 8,8 por ciento. Sin embargo, en el Gran Buenos Aires la suba fue del 9,2 por ciento y en el Noroeste fue del 9,1 por ciento. Esto quiere decir que, según cifras oficiales, 3.536.101 jubilados perdieron cuando cobraron el aumento.

Si la fórmula jubilatoria actual se hubiera aplicado desde el inicio de gestión libertaria, los jubilados del Gran Buenos Aires y de la Patagonia habrían visto ver caer sus ingresos en términos reales frente a la inflación. El contrapeso del resto de las regiones -donde la inflación fue menor al promedio nacional- no sería igualitario, ya que el balance del gasto previsional da a la baja.

Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social que difunde la Anses, en el GBA hay 2.604.019 jubilados y en la Patagonia 245.762 y en Cuyo 413.631. En total, el Gobierno hubiera pagado jubilaciones por debajo de la inflación regional a 2.849.781 personas. En cambio, sólo hubiera pagado por encima -bajo los mismos parámetros- a 2.299.203 personas. 

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