
Los malvivientes fueron detenidos por las autoridades policiales en la zona norte del Gran Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad entregó los aparatos a la Justicia Federal, que pidió pericias "urgentes".
Catamarca18 de mayo de 2024Cuatro teléfonos celulares fueron secuestrados en las celdas de Edgardo Bulacio, José Luis Sierra y Cristian Rojo, alojados en el penal de Miraflores a cargo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), procesados por multimillonarias estafas a través de empresas financieras y la utilización de criptomonedas.
Desde el Ministerio Público Fiscal Federal (MPF), confirmaron la noticia y remarcaron que por la gravedad y la importancia del hallazgo, solicitaron al Juzgado Federal N°1 que extreme las medidas de seguridad y requiera la remisión urgente de los dispositivos a los juzgados competentes, ya que los tres hombres sospechosos están involucrados en varias causas penales.
“Pedimos el mayor de los cuidados en la custodia y la máxima velocidad en la realización de pericias de los teléfonos celulares”, remarcaron desde el MPF.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia informaron que se realizó un registro sorpresivo en los calabozos y que previamente hubo una investigación de varias semanas.
Explicaron que con la información reunida llevaron a cabo una "requisa estratégica" y secuestraron los cuatro teléfonos celulares que posteriormente fueron “fajados y entregados a la Justicia Federal”, que interviene en las causas de los tres.
Otras fuentes judiciales vinculadas a los procesos judiciales en curso y que investigan estafas por más de seis mil millones de pesos, explicaron que el secuestro podría dar lugar a una nueva línea investigativa que permita conocer dónde están los millones de pesos y dólares captados, de los que hasta ahora no hay ningún rastro. Por otra parte, manifestaron su preocupación por la "facilidad" con la que habrían sido introducidos cuatro celulares al penal para que sean utilizados por los sospechosos, que tienen vastos conocimientos de manejo de tecnologías y plataformas digitales para operaciones con criptomonedas.
Celulares en el penal.Si bien desde el SPP no se brindó información oficial sobre el secuestro de los teléfonos ni la forma mediante la cual los internos establecen comunicaciones con personas que están fuera del penal, se pudo conocer que las autoridades permiten que en cada pabellón haya un teléfono "comunitario", que no tiene acceso a la red de internet.
Supuestamente, el dispositivo debería ser utilizado por los internos para llamadas comunes (familiares o abogados), bajo la supuesta supervisión de personal penitenciario.
Estos teléfonos serían utilizados en un horario fijo. Durante la llamada, el servicio informa que la comunicación sale de una institución carcelaria, a modo de advertencia.
Este beneficio carcelario se habría establecido para los detenidos masculinos y femeninos luego de la pandemia de COVID-19.
Aunque no está autorizado el uso personal de teléfonos con acceso a internet, son habituales los secuestros de celulares dentro de los calabozos, que son ingresados en forma irregular. La posesión de estos aparatos deriva en una sanción disciplinaria para el interno que lo tenía en su poder, o que lo utilizaba.
Dos años sin plata
Los tres sujetos llevan años detenidos, con prisión preventiva.
En el caso de Bulacio, quien está procesado al igual que su madre y su padre por estafas a través de la firma RT Inversiones SRL, está imputado por “intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
Al igual que las demás causas, la investigación de RT Inversiones es realizada por el Juzgado Federal N°1 de Catamarca, pero bajo las directivas del juez Federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien recientemente prorrogó la prisión preventiva a Bulacio, por un año más. En cuanto a José Sierra, dueño de la financiera Stratton Sierra SRL, está procesado con prisión preventiva como "coautor de intermediación financiera no autorizada agravada" y es investigado por "estafa", "asociación ilícita" y "lavado de activos". La causa se investiga bajo las directivas del juez Miguel Ángel Contreras.
Por su parte, Cristian Rojo, propietario de la financiera Callvu Servicios Financieros y Bursátiles, fue procesado por Contreras con prisión preventiva, por "intermediación financiera no autorizada, estafa, amenazas y lavado de activos, todo en concurso real con asociación ilícita y autor de coacción en concurso real".
Pericias
Hay fuertes expectativas sobre la información que pueda ser recogida de los celulares, relacionada con movimientos de dinero a través de billeteras virtuales.
EL ANCASTI.-
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