Cómo contratistas militares de EE.UU. y el Reino Unido crearon un amplio plan de censura global

Una serie de documentos cuyo contenido fue recientemente revelado en la plataforma Substack apunta a la creación de una amplia red de censura global por parte de personas influyentes de EE.UU. y el Reino Unido. El material fue publicado por los periodistas Michael Shellenberger, Alex Gutentag y Matt Taibbi, este último conocido por investigar los 'Archivos de Twitter'.

Los informes presentados por un denunciante "lo describen todo, desde la génesis de los programas modernos de censura digital hasta el papel de las agencias militares y de inteligencia, las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y los medios comerciales, y el uso de cuentas de títeres y otras técnicas ofensivas".

La Liga de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas (CTIL, por sus siglas en inglés) forma parte de las más de 100 agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que trabajan juntas para introducir la censura a través de las redes sociales y "difundir propaganda sobre personas que no cuentan con aprobación" o temas concretos. 

¿Cuándo apareció la CTIL?
Según los nuevos documentos de estrategia, mensajes internos y videos de capacitación, fue en 2019 cuando contratistas militares y de inteligencia de EE.UU. y el Reino Unido, liderados por la exinvestigadora de defensa británica Sara-Jayne 'SJ' Terp, "desarrollaron el amplio marco de censura". Estas personas codirigieron el CTIL, que se asoció con la Agencia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense en la primavera de 2020.

"En realidad, la construcción del Complejo Industrial de la Censura comenzó incluso antes, en 2018", señalan los autores del artículo, quienes se refieren con ese nombre "al nacimiento del sector de 'antidesinformación'".

Posteriormente, ya en 2020 y 2021, las semillas sembradas por EE.UU. y el Reino Unido dieron sus frutos y se transformaron en "el enmascaramiento de la censura dentro de las instituciones de ciberseguridad y las agendas contra la desinformación; un gran enfoque en detener las narrativas desfavorables, no solo los hechos erróneos; y presionar a las plataformas de redes sociales para que eliminen información o tomen otras medidas para evitar que el contenido se vuelva viral".

¿Censurar o influenciar?
El enfoque del CTIL hacia la "desinformación" fue mucho más allá de la censura. Los documentos muestran que el grupo participó en "operaciones ofensivas para influir en la opinión pública, discutiendo formas de promover 'contramensajes', apropiarse de 'hashtags', diluir mensajes desfavorables, crear cuentas de títeres e infiltrarse en grupos privados que requieren invitación".

Sus miembros eran escogidos escrupulosamente, con ayuda de encuestas que contenían preguntas como: "¿Ha trabajado anteriormente con operaciones de influencia (por ejemplo, desinformación, discurso de odio, otros daños digitales, etc.)?" También era necesario precisar si esas operaciones incluían "medidas activas" y "operaciones psicológicas".

Aunque algunos testigos afirman que el organismo estaba formado por personas ajenas al poder, los documentos sugieren que empleados del Gobierno eran precisamente "miembros comprometidos" del CTIL. "Una persona que trabajó para el DHS [Departamento de Seguridad Nacional], Justin Frappier, fue extremadamente activa en el CTIL, participó en reuniones periódicas y dirigió capacitaciones", señala el texto.

De acuerdo con el denunciante, el objetivo final del CTIL era pasar a formar parte del Gobierno. "En nuestras reuniones semanales, dejaron claro que estaban construyendo estas organizaciones dentro del Gobierno federal", indicó. Su asociación con la CISA demuestra que esa meta finalmente se logró. "Se trata realmente de un intercambio de información", dijo en abril de 2020 Chris Krebs, entonces director de la CISA.

Operaciones extranjeras.

Los informes presentaron "una imagen clara de un esfuerzo altamente coordinado y sofisticado por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido" para extender ampliamente no solo la censura nacional, sino también intervenir en el extranjero. "En cierto momento, Terp hizo referencia abiertamente a su trabajo 'en segundo plano' sobre cuestiones de las redes sociales relacionadas con la Primavera Árabe", señalan los autores del artículo. 

El denunciante afirma que entre 12 y 20 personas activas involucradas en el CTIL trabajaban en el FBI o la CISA mientras el organismo seguía creciendo a un ritmo acelerado. En 2020, tan solo en cuestión de un mes, desde mediados de marzo hasta mediados de abril, reunió a "1.400 miembros examinados en 76 países que abarcan 45 sectores diferentes".

Los fundadores del CTIL enfatizaban en cada oportunidad que "eran simplemente voluntarios motivados por el altruismo". Sin embargo, los líderes no dejaban de avanzar hacia el apoyo a la censura entre las instituciones de seguridad nacional y ciberseguridad. "Con ese fin, buscaron promover la idea de 'seguridad cognitiva' como justificación para la participación del Gobierno en actividades de censura", reza el texto.

Por su parte, la propia Terp afirmó en un podcast en 2019 que "la seguridad cognitiva es lo deseable". "Hay que proteger esa capa cognitiva. Básicamente se trata de contaminación. La desinformación es una forma de contaminación en Internet", aseguró.

La victoria de Trump y el Brexit
La motivación principal del grupo fueron "los dos terremotos políticos" que tuvieron lugar en 2016: el Brexit y la elección de Donald Trump.

Terp y otros cofundadores del organismo elaboraron un informe en el que abiertamente declararon que "un estudio de los antecedentes de estos eventos nos lleva a darnos cuenta de que hay algo fuera de lugar en nuestro panorama informativo".

"Los habituales idiotas y quintacolumnistas útiles [...] están ocupados manipulando la opinión pública, avivando la indignación, sembrando dudas y socavando la confianza en nuestras instituciones. Y ahora son nuestros cerebros los que están siendo pirateados", afirmaban.

La visión de Terp sobre la "desinformación" era claramente política. Según reconoció ella misma en 2019, "la mayor parte de la información errónea es realmente cierta [...] pero se ubica en el contexto equivocado". 

"No se trata de hacer que la gente crea mentiras la mayor parte del tiempo. La mayoría de las veces, lo que estás intentando es cambiar sus creencias. Y de hecho, realmente, más profundamente que eso, estás tratando de cambiar, de desplazar sus narrativas internas. El conjunto de historias que son la base de su cultura", sostuvo.

Actuación legal
En los registros del CTIL proporcionados por el denunciante se explica "exactamente cómo operaba y rastreaba" el organismo los "incidentes" indeseados, y cómo distinguía los datos que debían ser calificados de "desinformación". De acuerdo con la fuente, tanto Terp como otros líderes del CTIL alegaban que no cometían ningún delito, ni siquiera la posible violación de la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de expresión.

"El espíritu era que, si se salían con la suya, era legal, y no había preocupaciones sobre la Primera Enmienda porque tenían una 'asociación público-privada': esa es la palabra que usaron para disfrazar esas preocupaciones. 'Las personas privadas pueden hacer cosas que los servidores públicos no pueden hacer, y los servidores públicos pueden proporcionar liderazgo y coordinación'", dijo la fuente.

Sin embargo, a pesar de su confianza en la legalidad de sus actividades, algunos miembros del CTIL presuntamente llegaron a adoptar "medidas extremas" para mantener sus identidades en secreto. "El manual del grupo recomienda el uso de teléfonos desechables, la creación de identidades seudónimas y la generación de rostros de IA falsos utilizando el sitio web This Person Does Not Exist [esta persona no existe]", indica el artículo.

Actualmente el CTIL seguiría aún activo, según las páginas de LinkedIn de algunos de sus miembros cuyos nombres son conocidos. "Durante los próximos días y semanas, tenemos la intención de presentar estos documentos a los investigadores del Congreso y haremos públicos todos los documentos que podamos, al mismo tiempo que protegeremos la identidad del denunciante y de otras personas que no sean líderes de alto nivel o figuras públicas", aseguraron los autores.

RT.-