Escándalo en el caso Wika: denuncian que al fiscal Barros lo “asesoran” en la Corte para el Jury a Costilla

El fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, denunció al secretario relator de la Corte de Justicia Arturo Herrera Basualdo y al fiscal de Cámara Augusto Barros por maniobrar, en forma inescrupulosa y absolutamente incompatible, para el Jury de enjuiciamiento en su contra que comenzará el próximo lunes 1 de septiembre.

Barros es el fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento contra Costilla por la causa Wika y, por lo tanto, responsable de llevar adelante la acusación por supuesto mal desempeño. Herrera Basualdo, por su parte, es secretario relator del ministro de la Corte Jorge Bracamonte.

La denuncia penal fue presentada hoy por Costilla ante el fiscal Víctor Figueroa, y luego hizo una ampliación respecto a Herrera Basualdo. Según el escrito, Costilla recibió en su correo electrónico ([email protected]), presumiblemente por error, un mensaje remitido por la Secretaría Penal de la Corte de Justicia con documentos adjuntos en Word de los pliegos de preguntas a realizar en el juicio.

Pero el mail anterior salió de la casilla de la escribiente de la Fiscalía de Cámara a cargo de Barros, Brenda Abad ([email protected]), el 22 de agosto de 2025, y estaba dirigido al propio Barros ([email protected]). Sin embargo, lo más grave es que anteriormente el correo con los pliegos de preguntas partió de la cuenta de Herrera Basualdo ([email protected]) hacia la de Barros.

La secuencia, según la denuncia, habría sido la siguiente: Herrera Basualdo remitió el mail con los adjuntos a Barros, y éste lo reenvió a su secretaria Abad, quien posteriormente hizo lo propio hacia la Secretaría Penal de la Corte.

Los documentos adjuntos son dos:  "Pliego de preguntas al Dr. Rafael Vehils Ruiz (fiscal federal)", con un total de 12 preguntas, y “Pliego de preguntas al Dr. Alejandro Gober", con 33 preguntas. Ambos fiscales están citados a declarar en el juicio a Costilla.

El enjuiciamiento de Costilla fue impulsado por el empresario Cristian Guillou, quien cuestionó el accionar del fiscal durante la investigación sobre la titularidad del reconocido boliche bailable Wika. El trasfondo de la controversia es el expediente de la megacausa por criptoestafa financiera atribuida al financista Edgar Bacchiani, titular de Adhemar Capital.

Según la denuncia, Costilla imputó a Guillou por usurpación, pero en octubre de 2024 el juez de Control de Garantías Marcelo Sago decidió apartarlo y derivar la causa al fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz.

El conflicto se remonta a fines de 2021, cuando Guillou y Bacchiani firmaron un contrato de compraventa del complejo “Wika”. El acuerdo se habría frustrado por falta de pago y, en enero de 2022, Guillou retomó el control del local y denunció a Bacchiani por insolvencia fraudulenta.

Grave

Al margen de este “tráfico” de información entre despachos judiciales, lo más grave son los intereses particulares que quedaron al desnudo en la ampliación de denuncia que hizo hoy el fiscal Costilla.

En efecto, allí recuerda que Herrera Basualdo fue el “abogado defensor de confianza del ciudadano Bernardo Cristian Guillou, desde febrero de 2022” y hasta que asumió como secretario Relator del Ministerio Bracamonte, el 23 de septiembre de 2024.

Más aún, Herrera Basualdo “efectuó todas las presentaciones judiciales como asistente técnico del ciudadano allí imputado, el cual es precisamente quien efectuara la denuncia ante el Tribunal del Jury de Enjuiciamiento identificada como Expte. N°001/25”.

De manera que hoy, como funcionario judicial, Herrera Basualdo no debería tener ningún tipo de participación en el juicio a Costilla. Menos aún “asesorar” al fiscal Barros en la acusación. El hecho, además, involucra al ministro Bracamonte, como superior directo del primero.

Medidas
En la denuncia, Costilla solicitó como medida urgente la "total reserva de todas las actuaciones" para asegurar la recuperación de pruebas, dada la lógica preocupación de que funcionarios judiciales penales puedan estar involucrados.

Pidió que se ordene una investigación que incluya la extracción de contenido de los dispositivos electrónicos personales y de los despachos judiciales de los denunciados. Específicamente, menciona la necesidad de extraer información “en caliente” de un teléfono iPhone, propiedad de uno de los denunciados.

Y agregó que tal extracción de datos se realice en un “plazo de 24 a 48 horas”, ya que de lo contrario sería imposible obtener la información.

El abogado defensor de Costilla es Daniel Ortega. 

Finalmente, trascendió que legisladores de la oposición evalúan presentar en las próximas horas un pedido formal de Jury de enjuiciamiento al fiscal Barros por este hecho.

INFORAMA.-