Cristina Kirchner continuará en su departamento de San José 1111

La Cámara de Casación ratificó que Cristina Fernández de Kirchner puede cumplir la pena de prisión en su domicilio de San José 1111, pero en voto dividido, los magistrados sostuvieron las decisiones del Tribunal Oral número 2 de que tiene que pedir autorización para las visitas que no están en un listado básico y que debe seguir usando tobillera electrónica. El texto más llamativo es el de Gustavo Hornos, agresivo, y casi lamentándose de que el fiscal ante la Casación, Mario Villar, haya desistido del pedido de los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, que reclamaban que CFK cumpla la pena “intramuros”. Hornos, junto con Diego Barroetaveña respaldaron que Cristina tenga que pedir autorización para las visitas “porque no se pueden permitir flexibilizaciones indebidas”. Y respecto de la tobillera, ambos magistrados afirman que garantiza la seguridad. Del otro lado, Mariano Borinsky votó en contra de la restricción de las visitas y a favor de que a la expresidenta le saquen la tobillera. Razonó que no hay normativa alguna que le de facultad a los jueces para autorizar o no visitas y que la tobillera es innecesaria porque Cristina es una figura pública y, además, la Policía Federal ejerce una custodia las 24 horas y tiene como su deber, en general, detener a cualquier persona que emprende una huida.

La resolución de la Casación asombró por la extensión, 137 páginas, para resolver cuestiones bastante sencillas, algunas incluso despejadas por el fiscal Villar al desistir de la exigencia de que Cristina sea llevada a una cárcel o a una dependencia de una fuerza de seguridad. Sucede que Hornos ocupó más de la mitad de las 137 páginas y en gran parte del texto virtualmente se lamenta de que no le hayan dado la chance de mandar a CFK a una unidad penitenciaria. Sucede que Villar consideró que Cristina ya estaba cumpliendo la domiciliaria, cumplía con las normas establecidas por el tribunal y, por lo tanto, no debía darse un paso atrás: sería “retrotraer” las cosas. Dada la postura de Villar, los tres jueces de Casación, Hornos, Barroetaveña y Borinsky coincidieron en un punto: la fiscalía desistió de que Cristina vaya a una cárcel y por lo tanto quedó firme la domiciliaria. Aun así, Hornos se despachó con casi 80 páginas de furia insistiendo sobre la gravedad de los delitos y los métodos sofisticados que utilizó Cristina en la causa Vialidad, nada de lo cual se probó, ni remotamente en el juicio. Es más, un punto clave de la condena -citada incluso por Hornos- fue que CFK dictó un decreto, el 54/2009, que rige hasta hoy y por el cual se pagaron 500 obras viales en todo el país. No fue muy sofisticado.

Se queda en San José 1111

 Los tres magistrados estuvieron de acuerdo en que Cristina puede quedarse en su domicilio. Borinsky señala que vive ahí desde el atentado de 2022, casi tres años, y que los inconvenientes fueron al principio, ya no son actuales. “Son eventos aislados, no acreditan vocación de permanencia, no se percibe que impacten actualmente”, escribió el magistrado.

Hornos, sobre éste último punto es algo amenazante, señala que los jueces del Tribunal 2 pueden revocar la decisión de que Cristina siga ahí si ven inconductas: “no es algo inmutable”.

Lo que argumentaron los jueces es que la fiscalía no hizo ningún planteo sólido para cuestionar la permanencia en el departamento de Constitución. De hecho, Villar sostuvo que Cristina cumple con las normas y tampoco presentó algún informe que fundamente la exigencia de mudanza.

La polémica de las visitas

Hornos lideró el voto, siempre argumentando que la corrupción fue muy grave y que el cumplimiento de la pena debía estar en relación con esa gravedad. Respecto de las visitas, afirmó que los jueces “están facultados para imponer las reglas de conducta” y, en función de los delitos cometidos,” no se deben permitir flexibilizaciones indebidas. No se le están prohibiendo visitas, sólo habrá de solicitar autorización”. Barroetaveña se sumó al voto de Hornos diciendo que “es una mínima restricción” y que hasta el momento se permitieron todas las visitas, incluyendo la de Luiz Inacio Lula Da Silva.

Borinsky votó en contra de la restricción de visitas señalando que no hay ninguna norma que establezca que las visitas deben estar autorizadas y que hasta a los presos en las cárceles no se le impone que se requiera una autorización de un juez para una visita. Borinsky sostiene que, además, tratándose de una dirigente, se están restringiendo sus derechos políticos.

Por el voto dos a uno de los jueces, CFK deberá pedir autorización para que la visiten personas que no estén en la lista original de familiares, médicos, abogados y colaboradores políticos cercanos. En el país, quienes tienen prisión domiciliaria no tienen actualmente ninguna limitación en las visitas. Queda sólo para CFK. Y también para Nelson Periotti, el otro condenado en Vialidad que está con domiciliaria

También queda la tobillera

 Finalmente, también por dos a uno, Hornos y Barroetaveña votaron que Cristina siga sujeta al control electrónico de la tobillera. “Se trata de un dispositivo mínimo y razonable orientado a proteger el orden y la seguridad que permitieron la concesión de la prisión domiciliaria”, escribió Hornos. En alguna parte de su texto, hasta menciona que en la pena hay un valor simbólico, como diciendo que hay un mensaje a la población en esa tobillera. Barroetaveña sugiere que Cristina no debe quejarse por la tobillera sino que tiene que estar agradecida porque “está en situación cualitativamente mejor” que los demás presos. Borinsky escribe, de forma razonable, “En las particulares circunstancias del caso, no corresponde la imposición de una tobillera electrónica de vigilancia a CFK, en atención a tratarse de una persona de público conocimiento (cualquier salida seguramente sería inmediatamente detectada y probablemente mediatizada), que estuvo a derecho y que posee custodia policial las veinticuatro horas”.

La defensa de Cristina, a cargo de Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, analizará la posibilidad de seguir hacia la Corte Suprema con el planteo sobre las visitas y la tobillera. De hecho, no es una prioridad. Lo más probable es que ahora el equipo de CFK empiece a trabajar en los recursos ante la Comisión Intercamericana de Derechos Humanos.