Quintela se le planta al régimen de Milei por una deuda de más de 850 millones de dólares a La Rioja

Según destaca la provincia, la cifra corresponde al cálculo de los recursos que la Nación dejó de transferir durante los últimos 18 meses, a pesar de estar contemplados en el Presupuesto 2023, que fue reconducido en dos oportunidades por el Poder Ejecutivo.

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Ricardo Clemente Quintela.
Ricardo Clemente Quintela.

El Gobierno de La Rioja volvió a encender las alarmas ante el grave ahogo financiero que atraviesa la provincia, resultado del ajuste impuesto por la administración nacional. Desde la Casa de las Tejas denunciaron que la gestión libertaria de Javier Milei mantiene una deuda acumulada cercana a los 850 millones de dólares con el Estado provincial, producto del incumplimiento en la transferencia de fondos extraordinarios que, según publicó Economía Riojana, están establecidos por ley desde hace más de dos décadas.

Desde la gestión provincial señalaron que este monto surge del cálculo de los recursos que la Nación dejó de transferir durante los últimos 18 meses, pese a estar contemplados en el Presupuesto 2023, el cual fue reconducido en dos oportunidades por el Poder Ejecutivo. La suspensión de estas transferencias comenzó tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023, cuando el Ejecutivo nacional decidió interrumpir el envío de estos fondos, aun cuando el artículo presupuestario que los respalda se mantiene vigente desde 1999.

Este sistema de asistencia financiera tiene sus orígenes en la década del 80, durante la gestión del expresidente Raúl Alfonsín, cuando La Rioja cedió un punto de coparticipación federal a cambio de recibir recursos compensatorios de manera directa del Gobierno nacional. A lo largo de los años, el monto fue actualizándose pero el flujo de transferencias se mantuvo constante, constituyendo una parte fundamental de los ingresos provinciales, especialmente en épocas de estancamiento económico.

Frente a la interrupción de estos envíos, el Gobierno riojano presentó una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta el momento no emitió fallo. La situación agrava la delicada situación fiscal de la provincia, que ve cómo sus ingresos caen en términos reales frente a la inflación.

En el mes de mayo de 2025, La Rioja recibió $106.612 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos. Si bien esta cifra representa un incremento nominal del 8% respecto a los $98.664 millones transferidos en mayo de 2024, la suba quedó muy por detrás del aumento del costo de vida. Según datos del INDEC, la inflación interanual en la región del NOA —que incluye a La Rioja junto a Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero— fue del 44,7% en ese mismo período. De esta forma, los ingresos provinciales presentaron una caída real del 36,7% frente a la inflación acumulada.

La situación es particularmente crítica debido a que, en tiempos de contracción económica y caída del consumo, los fondos de coparticipación —que dependen de la recaudación de tributos como el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los combustibles y el Fondo Compensador— tienden a estancarse o reducirse. En ese contexto, los recursos extraordinarios que la Nación dejó de girar resultan aún más relevantes para sostener las finanzas provinciales, financiar servicios esenciales y mantener en funcionamiento el aparato estatal.

Desde el Gobierno provincial remarcan que los montos transferidos incluyen tanto la coparticipación como otros fondos específicos y de financiamiento educativo, pero no contemplan los descuentos automáticos que realiza la Nación por deudas provinciales. Los datos provienen de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda de la Nación, que releva las transferencias que ingresan a la cuenta del Banco de la Nación Argentina correspondiente a La Rioja.

Mientras continúan los reclamos judiciales y políticos, el Ejecutivo riojano advierte que la combinación de caída real de los recursos y el incumplimiento del giro de fondos históricos pone en riesgo la prestación de servicios esenciales y profundiza el desequilibrio fiscal de la provincia. En este marco, la administración de Ricardo Quintela insiste en la necesidad de una distribución más justa y federal de los recursos nacionales.

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