La larga lista de irregularidades de la causa Vialidad

Desde que Cristina Fernández de Kirchner anunció que sería candidata en la Tercera Sección Electoral, la presión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que confirmen la condena a 6 años de prisión en la Causa Vialidad (y la proscriban para ocupar cargos públicos) se ha profundizado de modo notable. 

Los sectores detrás de esta presión exigen a los cortesanos que proscriban a CFK antes del 19 de julio, para que no pueda ser candidata.

Aunque se rumorea que los magistrados confirmarán la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, lo que correspondería es que los cortesanos analicen el expediente, porque las anomalías han sido descomunales.

Por ejemplo, el juicio empezó con la acusación de que se pagaron obras no construidas en Santa Cruz y, además, con sobreprecios. Sin embargo, no había ninguna pericia que lo indicara.

Es más, el macrismo mandó a hacer una auditoría que indicó todo lo contrario: que no se había pagado nada que no estuviera construido y que las construcciones eran de buena calidad. Se presentó un recurso a la Corte por la falta de pericias y la respuesta de los supremos fue que resolverían cuando hubiera un fallo. Ahora que hay fallo, amenazan con no intervenir y dejar las condenas como están.

En el recurso ante la Corte que presentaron el 31 de marzo de este año los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi y Ari LLernovoy, se señalaron las siguientes irregularidades:

La parcialidad de los jueces y fiscales. “Si los magistrados carecen de una absoluta neutralidad y equidistancia frente a los hechos, el juicio pierde toda legitimidad”. Se recuerda que jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Macri y que dos jueces de Casación, que intervinieron varias veces en el expediente, fueron a jugar al tenis a la quinta de Olivos o visitaron a Macri en Casa Rosada.

CFK no tenía atribuciones respecto de las obras que fueron votadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso. El financiamiento estuvo a cargo de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras fueron licitadas, adjudicadas y controladas por Santa Cruz, que tiene autonomía. “No se le puede asignar a CFK el quebrantamiento de deberes que le eran ajenos”, dice el texto. El origen es un dictamen de Rodolfo Barra, exintegrante de la Corte e ideológicamente opuesto a CFK, quien señaló que se trató de un delito imposible.

Se violó el principio de culpabilidad porque “todos los testigos, incluyendo los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista”.

Se condena a Cristina porque Lázaro Báez ganó las licitaciones en 51 de los 81 tramos de ruta que se construyeron en Santa Cruz. Y, además, se la imputó por sobreprecios. La defensa sostiene que no se hicieron pericias sobre esas 51 obras, sólo sobre tres (con conclusiones contradictorias), pero no se compararon esas obras y esos precios con los de otros contratistas y con lo que se construyó en el resto del país. La lógica -se vio en el juicio, declarado por los propios empresarios, rivales de Báez- es que en las distintas provincias suelen ganar la mayoría de las licitaciones las empresas locales, porque pueden ofrecer mejores precios, dado que tienen allí el personal y la maquinaria.

Los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron en la sentencia el dictado del decreto 54/2009, “al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades nunca debatidas en el juicio”. Ese decreto habilitaba a que se pagaran las obras de todo el país con un fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta del gasoil. O sea, no fue una medida para beneficiar a Lázaro Báez, y la prueba es que ese decreto sigue vigente hasta hoy: lo usaron y siguen usando todos los gobiernos que siguieron al de CFK. Desde el punto de vista jurídico, lo asombroso es que los fiscales nunca lo plantearon en la acusación, no se trató en el juicio y los jueces igual lo metieron en su sentencia.
Cuando las audiencias del juicio ya habían terminado, los fiscales usaron en su alegato los chats de otro juicio, el de los bolsos que José López tiró en el convento de General Rodríguez. La pericia del celular de López no se hizo ni se verificó en la causa Vialidad y los fiscales sostuvieron que, al final del gobierno de Cristina, se produjo la operación “limpiar todo”, que consistió en una reunión entre Báez y Cristina para que se le hiciera un enorme pago al constructor y se borraran rastros de los ilícitos. Los chats nunca se trataron en el juicio, a CFK nunca la indagaron por “limpiar todo” y cuando ella quiso contestar, los jueces se lo impidieron. Se probó también que no existió tal reunión y que no hubo pago alguno a Báez.