El Gobierno insiste con una Corte Suprema a su medida

El oficialismo, a través de sus aliados, reactiva la discusión en el Senado para ampliar el máximo tribunal. Tras el revés parlamentario que, dos meses atrás, frustró las designaciones por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla, el Gobierno volverá a la carga con la reforma de la Corte Suprema. Este miércoles, el Senado reactivará la discusión en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sobre la mesa se desplegarán ocho proyectos distintos, entre ellos, el presentado recientemente por el senador salteño Juan Carlos Romero —aliado del oficialismo— que propone elevar a siete el número de cortesanos. Los libertarios ven con buenos ojos la iniciativa, aunque buscarán asegurarse una mayoría propia. Las negociaciones corren el riesgo de diluirse entre la profundidad del debate jurídico y la cercanía de las elecciones legislativas, que podrían modificar el equilibrio de fuerzas en ambas cámaras y reconfigurar las condiciones de la negociación. 

La Casa Rosada siempre tuvo en mente una Corte más amplia, pero quiso empezar por el final. Según pudo reconstruir este diario, el Gobierno avaló desde el inicio la idea de la ampliación, pero el problema fue el orden de prioridades: primero buscó completar el tribunal con sus dos elegidos. Esa jugada, centrada en las figuras de Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla, terminó siendo la trampa que bloqueó cualquier posibilidad de consenso. Al intentar imponerlos por decreto y sin respaldo legislativo, el oficialismo empantanó el proceso antes de abrir el debate. Ahora, con otro escenario en el horizonte, vuelve a mirar la reforma como una vía posible, aunque sujeta a una condición innegociable: asegurarse el control del nuevo esquema y un número de jueces que responda a su arquitectura política. Sin apuro, el triángulo de hierro apunta a discutir la ampliación cuando cambie la composición del Senado. El plan, por ahora, es sembrar el terreno y esperar a diciembre.

Desde el bloque que conduce Cristina Kirchner en el Senado niegan que haya negociaciones en curso con el Gobierno. Una fuente que orbita el Instituto Patria calificó de “operaciones mediáticas” las versiones que apuntan a un acuerdo entre “el Gobierno y el kirchnerismo” por la ampliación de la Corte, y advirtió que buscan “mal predisponer a los actuales miembros del tribunal, que aún tienen la última palabra en la causa Vialidad. Cerca de la expresidenta, analizaron el nuevo movimiento del gobierno como una maniobra más para diluir a Macri, “después del fracaso con Lijo y García-Mansilla la única salida para el gobierno es ampliarla para meter candidatos propios”. La lectura indica que LLA podría estar buscando blindarse del poder de daño de un Mauricio Macri herido en un futuro no muy lejano. “Están haciendo tiempo para llegar a la próxima elección. Hoy no hay ninguna posibilidad de elegir nada”. Los nombramientos en la Corte requieren una mayoría de dos tercios, y con la composición actual, Unión por la Patria retiene 34 senadores sobre 72. “La verdadera negociación será cuando se sepa cuántos porotos reales tiene cada uno”, concluyeron.

“Tendrán que barajar y empezar de nuevo”, fue lo que dijo José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria, cuando el naufragio de los candidatos libertarios era  inevitable. La presentación del nuevo proyecto de Romero, apenas un día después de la caída del proyecto de Ficha Limpia, fue interpretada como un gesto. La ampliación de la Corte fue desde el inicio una demanda del peronismo, aunque con condiciones: que se respete la equidad de género en su composición y que se garantice el federalismo.

Dentro del abanico de iniciativas que se discutirá en el Salón Arturo Illia, UxP lleva dos propuestas propias. La primera, de la rionegrina Silvia Sapag, propone elevar a quince el número de jueces. La segunda, de la salteña Nora del Valle Giménez, suma a la ampliación un criterio claro de paridad. Según explicaron a este diario, “el proyecto presentado por el senador Romero establece que no más de cinco de sus integrantes serán del mismo sexo, lo que implica fijar un cupo, pero no garantiza la paridad”. Giménez fue más allá: “Queremos una Corte Suprema que represente los intereses de las mujeres y del interior del país, que exprese el federalismo, la diversidad y la equidad de género. Una Corte que nos identifique y nos visibilice”, dijo a Página/12.

También figuran en el temario los proyectos de la neuquina Lucila Crexell, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y el catamarqueño Flavio Fama (UCR). Será precisamente Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien modere la discusión. Varias espadas con experiencia parlamentaria advierten que el debate podría extenderse durante lo que queda del año electoral. “Nadie quiere correr detrás de un dictamen que no tenga destino”, aseguraron.

En paralelo, en la misma comisión comenzará a discutirse la situación de la Auditoría General de la Nación, hoy virtualmente paralizada tras el vencimiento de tres vacantes correspondientes a cada cámara. El tema había sido incluido —sin éxito— en la última sesión fallida en Diputados, por impulso de Martín Menem, pero no se alcanzó el quórum. Ahora, el Senado intentará retomarlo. Algunos jefes de bloque buscan entrelazar la discusión por la ampliación de la Corte con los otros casilleros pendientes del tablero institucional: el nombramiento del procurador, el defensor del Pueblo y los auditores de la AGN. Todo en la misma jugada.

Mientras el oficialismo proyecta una Corte ampliada y alineada con su agenda, el máximo tribunal mueve sus propias piezas en silencio. Esta semana, decidió crear un cuerpo interno de representantes para intervenir directamente en las causas en las que sea parte, una función que hasta ahora estaba en manos del Ministerio de Justicia. El gesto, discreto pero cargado de sentido institucional, refuerza su autonomía frente a los otros poderes del Estado y marca una línea de defensa ante cualquier intento de intromisión.

Desde fines de 2021, el tribunal funcionó con solo cuatro integrantes tras la salida de Elena Highton de Nolasco, que no tuvo reemplazo. En diciembre pasado se sumó la renuncia de Juan Carlos Maqueda al alcanzar la edad límite, lo que redujo aún más el número de miembros activos y los dejó en tres: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La fallida designación de García Mansilla, rechazada por el Senado pese al intento del Gobierno de nombrarlo por decreto, dejó en evidencia la fragilidad política del oficialismo para incidir en la composición del tribunal sin buscar consensos parlamentarios.