Fallo judicial declara ilegal la extorsión de bajar planes sociales por movilizar

La Justicia Federal falló en contra de la baja los programas sociales de aquellas personas que participen de manifestaciones y reclamos, en un revés para la política extorsiva del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. La medida ocurre tardíamente, más de un año después de las modificaciones en los programas y cuando el gobierno montó un estado represivo contra los manifestantes, liquidando, a su vez, el poder adquisitivo de los planes.

Se trata de una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a cargo de Martín Cormick, que desde la cartera de Pettovello anunciaron que apelarían y que pone de relieve la verdadera extorsión que este gobierno viene ejerciendo sobre cientos de miles de trabajadores desocupados y precarizados, para evitar que estos movilicen por sus reivindicaciones.

La baja de planes por manifestarse fue escasa debido a la impracticabilidad de la misma, aunque sí significó una coacción más del Estado sobre cientos de miles de trabajadores, en el marco de una política represiva y persecutoria de conjunto.

La política extorsiva del gobierno tuvo sus inicios ni bien asumido, con la primer gran movilización en su contra, el 20 de diciembre del 2023, cuando emitieron todo tipo de amenazas y represalias contra los trabajadores precarizados de los programas sociales bajo el eslogan “El que corta no cobra”, el cual podía divisarse en los principales accesos a CABA, estaciones de tren, correos electrónicos a los amenazados, por televisión e incluso escucharse en publicidad por radio.

Esta orientación de Milei y Pettovello fue acompañada con un reforzamiento represivo, con la sanción del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y un megaoperativo con despliegue de diversas fuerzas federales y de la ciudad para reprimir y amedrentar a los manifestantes. Fue, a su vez, el punto de partida de la campaña y la causa armada contra los activistas del Polo Obrero, luego sustentada por la Justicia adicta y difundida por los operadores mediáticos del gobierno.

El Ejecutivo nacional cubría sus fechorías acusando sin sustento alguno a las organizaciones sociales y piqueteras de utilizar las bajas del programa para “extorsionar” a los desocupados para que se movilicen “contra su voluntad”, cuando estos no solo carecían de la potestad de emitir bajas (reservada solo al Estado nacional) sino que denunciaban las bajas masivas que estaba produciendo el gobierno.

El gobierno, en todo momento, buscó cercenar las libertades democráticas y constitucionales de manifestarse y peticionar ante las autoridades, tildando a manifestantes pacíficos como “violentos” y valiéndose de un protocolo legal sancionado por decreto que censura todo tipo de manifestación o reclamo contra el Estado.

Este revés judicial se da en medio de nuevas denuncias contra la cartera que conduce Pettovello, por la aparición de al menos 13 depósitos nacionales con mercadería en estado comprometido e insumos y útiles sin entregar, que dan cuenta de un desobedecimiento manifiesto de la ministra a las resoluciones de la Justicia, sin que esto acarree ninguna sanción a la misma.

El ataque gubernamental a los programas sociales es tal que el monto recibido por los beneficiarios se encuentra congelado en escasos $78.000 mensuales, habiéndose suprimido también las modalidades que integraban a trabajadoras de los comedores populares, que implicaban una leve mejoría sobre este valor.

Hay que terminar con la política criminal que viene desenvolviendo el gobierno contra los trabajadores, con extorsión, represión, hambre, ajuste y la persecución contra los luchadores. Fuera Pettovello, Bullrich y Milei.