Y mientras tanto... El inglés Joe Lewis gracias a la Justicia de Río Negro se queda con Lago Escondido

En una decisión anunciada este jueves, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó las sentencias previas que ordenaban la reapertura del camino de Tacuifí, considerado de traza corta, que conduce al lago enclavado en la cordillera de los Andes.

Según el fallo, se establece que el acceso público al sitio será a través del sendero de montaña, que abarca un recorrido de aproximadamente 33 kilómetros, una distancia considerablemente mayor que el camino vecinal. Esta información fue informada por el periódico Río Negro.

El inicio de la controversia legal se remonta a 2005, cuando la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda presentó una acción de amparo. Sin embargo, no fue sino hasta 2013 que la Justicia de Bariloche ordenó al Gobierno provincial que tomara las medidas necesarias para garantizar el acceso público al Lago Escondido a través del camino Tacuifí, ubicado en la localidad de El Foyel, en tierras rionegrinas, como la opción más corta y directa.

En septiembre de 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó esta sentencia y otorgó un plazo de tres meses al Gobierno de Río Negro para asegurar que la población pudiera acceder al Lago Escondido a través de un camino de acceso público. Sin embargo, este plazo nunca se cumplió.

En diciembre del mismo año, un grupo de manifestantes y líderes sociales ingresó y acampó durante una noche para demandar "acceso soberano" al paraje natural.

En febrero, otra protesta similar fue reprimida, y nueve manifestantes, así como una reportera gráfica, fueron detenidos y agredidos en las inmediaciones de la propiedad de Joe Lewis, quien reside en las Bahamas.

Joe Lewis, considerado una de las personas más ricas del mundo, posee entre 9.000 y 14.000 hectáreas en la Patagonia argentina. En 1996, adquirió las 8.000 hectáreas que rodean el Lago Escondido de manera controvertida y a un precio muy bajo de 12 millones de dólares. La propiedad fue comprada a través de una empresa argentina que luego transfirió las tierras al empresario británico.

Además, Lewis cercó la zona y prohibió el acceso con personal de seguridad privada, obstruyendo el derecho de los ciudadanos al acceso, a pesar de que, por ser un patrimonio nacional, su uso público está garantizado por ley.

EN ORSAI.-