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Inicialmente, un UJIER y otros miembros del Poder Judicial de Tinogasta notificaron a la abuela Pereyra sobre la orden de desalojo. Sin embargo, la situación se complicó cuando se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales para ejecutar la medida.

En una declaración a Telediario Argentina, el comisario Vega explicó que, en acuerdo con el Ujier del Poder Judicial de Tinogasta, se otorgó una prórroga a la abuela Pereyra para que pueda presentar la documentación necesaria y ser debidamente representada ante la justicia.

En las próximos horas, buscará asesoramiento legal para realizar una contra denuncia y defender su derecho a permanecer en su único lugar de residencia, que recordemos, se trata de un terreno fiscal, de un terreno propiedad del Estado Provincial, terreno que no puede ser negociado ni opuesto en venta bajo ningún punto de vista.

Se les ha otorgado un plazo para responder a las solicitudes judiciales, incluyendo la presentación de un informe detallado conforme a la ley, antes de que se tome una decisión sobre la demanda de reincorporación.

El lamentable episodio ocurrió en año 2007. La defensa del imputado planteó oposiciones legales, incluyendo la prescriptibilidad de la acción, argumentando que el tiempo transcurrido desde el supuesto abuso invalidaba la denuncia.