Cuando era ministra Patricia Bullrich compró equipos para cubrir el G-20 pero llegaron 5 meses después de realizada la cumbre

De acuerdo con la acusación realizada, durante la gestión del Gobierno de Cambiemos, el Ministerio de Seguridad compró ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en el G-20. Sin embargo, estos bienes habrían llegado al país hasta cinco meses después de la finalización del evento internacional.

La llegada tarde del material para la protección de la cumbre indica en primera medida una incapacidad muy importante como Ministra de Seguridad pero además la denuncia demostró que en algunos casos, se reportaron sobreprecios de más del 300%. Un escándalo que los medios hegemónicos ocultaron.

La denuncia no solo involucra a Patricia Bullrich, sino también a otros exfuncionarios de la cartera de Seguridad. Esta acción legal es el resultado de una investigación llevada adelante por la OA, dirigida en aquel momento por Félix Crous, basada en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que detectó las presuntas irregularidades en nueve licitaciones analizadas.

Según los detalles de la denuncia, los funcionarios del gobierno macrista habrían establecido plazos de entrega de los bienes posteriores al 1° de diciembre de 2018, día en que concluyó la Cumbre del G-20, lo que implicó que ninguno de los bienes adquiridos pudiera utilizarse con el propósito para el cual fueron comprados.

En total, la denuncia menciona la compra de 4 ambulancias, 20 furgones, 475 chalecos antibalas, equipos antiexplosivos, 900 uniformes ignífugos, 2 scanner de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón, 5 camiones hidrantes, sistemas de comunicación y 120 pistolas tácticas, con un costo que superó los 9 millones de dólares.

Entre los denunciados fueron señalados Alberto Fernando Fohrig, exsecretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad; Martín Siracusa, exsubsecretario de Gestión Administrativa; y Daniel Fihman, exsecretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad.

La denuncia también destacó los sobreprecios detectados en la licitación de equipos antiexplosivos, donde se aprobó la adquisición de 2 tolvas de protección a una firma con un precio que presuntamente superó en más del 315% la cifra testigo establecida por la Sigen. Asimismo, se señalan supuestas irregularidades en la compra de 475 chalecos antibalas a otra empresa, con un presunto sobreprecio del 30% en relación al precio de referencia.

La Oficina Anticorrupción cuestionó que los productos adquiridos llegaran después de la realización del evento, lo que claramente sugiere que las necesidades no fueron satisfechas o que se realizaron gastos adicionales para el erario público.

También, este caso, plantea la posibilidad de que las licitaciones realizadas por la cartera conducida por Patricia Bullrich en aquel momento, hayan sido utilizadas indebidamente para destinar partidas presupuestarias destinadas a los eventos del G-20 en beneficio de las empresas involucradas y en detrimento de los intereses estatales.

EN ORSAI.-