Nominación a la Corte Suprema: Lijo gana impulso con el respaldo del Kirchnerismo

Lucía Corpacci solicitó el documento de nominación el jueves por la tarde y firmó su aprobación. La candidatura de Lijo requiere nueve firmas de la Comisión de Acuerdos (con 17 miembros) para ser debatida en la cámara, donde necesitará dos tercios de los votos para su aprobación final. La Política Online informó que "una orden de los gobernadores" se emitió para que los senadores peronistas apoyen la nominación de Lijo, lo que lleva a "más firmas en el documento en los próximos días".

El gobierno libertario mantiene su postura de que la candidatura de Lijo debe estar ligada a la de Manuel García-Mansilla, otro candidato propuesto por Javier Milei. Sin embargo, los informes sugieren que Lijo ya tiene las nueve firmas necesarias, mientras que García-Mansilla solo tiene cinco.

Si las nominaciones de Lijo y García-Mansilla no son aprobadas por el Senado, la Casa Rosada podría recurrir a una solución extrema: nombrar a ambos candidatos a la Corte Suprema por decreto, por un año, durante el cual tendrían que obtener la aprobación del Congreso.

Más allá de Corpacci, la Comisión de Acuerdos está compuesta por Guadalupe Tagliaferri (PRO), Anabel Fernández Sagasti (UP), Beatriz Luisa Ávila, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri, Carolina Losada, Carlos Mauricio Espínola, Carlos Omar Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y José Mayans.

Sobre Lijo

El gobierno de Javier Milei anunció la selección de Lijo y García-Mansilla en abril, presentando ambas nominaciones el 27 de mayo. Lijo fue propuesto como reemplazo de Elena Highton de Nolasco, quien dejó la Corte Suprema en noviembre de 2021. Su nominación recibió más de 300 objeciones, según un informe del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Lijo ha sido juez federal desde 2004 y ha enfrentado acusaciones de mala conducta ante el Consejo de la Magistratura, que fueron desestimadas. En 2018, Elisa Carrió, líder de la CC-ARI, presentó una denuncia penal contra él por asociación ilícita, lavado de dinero, soborno e influencia ilícita, incluyendo a su hermano, Alfredo Lijo, al exjuez de cámara Eduardo Freiler, al Ministro de Planificación Federal Julio de Vido y a su exsecretario privado, José María Olazagasti. En este caso, los hermanos Lijo fueron representados en la corte por Mariano Cúneo Libarona, el actual Ministro de Justicia. Fueron desestimados.

Según un informe de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), citado por Chequeado, Lijo se encuentra entre los jueces más acusados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que se convirtió en juez (32 denuncias totales). De los 89 casos de corrupción bajo su jurisdicción, solo llevó 14 a juicio, lo que lo convierte en el cuarto juez con menos casos llevados a juicio.

Entre los casos más destacados que manejó, fue el juez en el caso Ciccone, donde acusó al entonces vicepresidente Amado Boudou en 2014 por "soborno pasivo y negociaciones incompatibles con el cargo público" por levantar la quiebra de la imprenta para hacerse cargo del negocio de impresión de billetes en Argentina. Lijo llevó el caso a juicio en 2017, y en 2018 Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4.

Lijo también dirigió la investigación sobre el encubrimiento en el caso AMIA, llevando a juicio al ex presidente Carlos Menem (Partido Justicialista), al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex juez federal Juan José Galeano y a los fiscales federales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros. Sin embargo, en 2017, fue retirado del caso por decisión de la Sala ad hoc de la Cámara Federal, a petición de los demandantes, por haber dictaminado que cuatro ex secretarios de Galeano en el Juzgado Federal Nº 9 no eran culpables: Carlos Velasco, Javier De Gamas, Susana Spina y José Pereyra.

También se desempeñó como juez en otros casos importantes, como el Caso Siemens, que investigó las "acciones sistemáticas de los empleados de Siemens para pagar sobornos"; fue el juez en el caso conocido como Correo Argentino, que denunció un acuerdo "abusivo" por la deuda que la empresa, en concurso de acreedores desde 2001, tenía con el Estado. El ex presidente Mauricio Macri es un acusado en este caso.

Otro caso bajo su jurisdicción fue el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci. En 2012, Lijo dictaminó que el caso no era un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, no estaba sujeto al estatuto de limitaciones. Su actuación en este caso es lo que "no le gustó" a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien criticó al juez por "permitir que el caso esté en un limbo eterno". Por lo tanto, en una entrevista, reconoció que no le gustaba Lijo como candidato.