La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció que existe una "nula predisposición" por parte del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich tras su intervención.

A través de un comunicado, la IGJ aseguró que utilizaron como estrategia tomarse vacaciones para no atender a la interventora designada, Norma Cristóbal, con la intención de "imposibilitar la investigación encomendada".

"La Doctora Norma Cristóbal, en su carácter de interventora del instituto de estudios, comunicó por medio de carta documento su intención de asumir ese cargo en forma inmediata. El día miércoles, se apersonó en la sede del instituto, en compañía de escribano, y se encontraron con una inesperada sorpresa, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) se encontraba de vacaciones desde el día 24 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023, conforme cartel que había sido pegado a la puerta de acceso de la institución y, por lo tanto, nadie atendió su llamado", explicaron en el texto desde la IGJ.

Asimismo, agregaron que esta actitud denota "la nula predisposición de la asociación civil de cumplir la resolución del Ministerio de Justicia que dispuso dicha medida, intentando imposibilitar, con ello, la investigación encomendada a una profesional en Ciencias Económicas".

El ministerio a cargo de Martín Soria dictó la intervención del instituto tras dos meses de investigación, donde se pudo comprobar que "constituye una mera pantalla para recaudar fondos obtenidos de millonarios aportes de empresas, instituciones y empresarios" de los cuales "se vale Patricia Bullrich para financiar su campaña presidencial".

Desde la IGJ señalaron además que este tipo de acciones están "en flagrante violación de toda la normativa prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles y por la Ley Nº 26215 de Financiación de Partidos Políticos".

La Inspección General de Justicia recordó que el análisis se basó en la documentación administrativa referida por la propia institución de Bullrich y que exhibió "incumplimiento de las actividades" y "encubrimiento de las verdaderas actividades de dicha institución".

En este sentido, se aseguró que una vez que la precandidata fue aludida por la resolución, lo calificó como "un acto de persecución y hostigamiento a su persona" aunque reconoció que "vivía de la actividad y resultados de la asociación, lo cual está prohibido por el Código Civil y Comercial".

Finalmente, desde el organismo de inspección explicaron que el IEES interpuso un recurso de apelación que no fue procedente y, por lo tanto, la intervención iba a "necesariamente llevarse a cabo".

"Las `actuales autoridades´ del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) prefirieron tomarse vacaciones", finalizaron desde la IGJ.

Exclusivo: los escandalosos pagos de la Fundación de Patricia Bullrich para financiarse su campaña electoral
Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispusiera la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, la asociación sin fines de lucro de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por irregularidades contables y la sospecha de desviar fondos para su campaña, se conocieron las llamativas facturaciones millonarias de la institución.

En Conflicto de Intereses, el periodista Juan Amorin tuvo acceso al expediente de la Inspección General de Justicia que da cuenta de la cantidad de dinero que comenzó a manejar el instituto en los últimos meses, de cara a las elecciones 2023.

Según la investigación, la asociación de Bullrich pagó 3.550.000 pesos a la la consultora EyS Brainstorm que llamativamente tiene el mismo domicilio que la exministra de Seguridad y pagó 2.766.170 de pesos al diputado Gerardo Milman, mano derecha de la precandidata, en concepto de servicios de coordinación de equipos.

Además se registraron: ocho facturas por un total de 525 mil pesos a Maximiliano Defranchi, quien se define como consultor en campañas políticas; ocho facturas por un total de 1.165.000 de pesos para Santos Urquiza Rueda, especialista en procesos electorales; nueve facturas por 1.260.000 de pesos para María Oneto, quien forma parte del equipo de campaña de Bullrich; diez facturas para el "Dr. Fohrig" por un total de 1.590.000 pesos en concepto de coordinación de equipos y seis facturas por un total de $1.400.000 para Martín Siracusa en concepto de honorarios.

Sobre las pruebas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, realizó duras criticas a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una "muestra más de la impunidad" con la que se manejan.

"Es una muestra mas de la impunidad con la que se maneja esa gente y sus dirigentes. Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores", criticó Soria en declaraciones a radio 10.

El ministro aseguró que "se demostró en esta investigación un cúmulo de irregularidades tremendas" en el funcionamiento de esta asociación civil donde "se estructuró todo un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar en un todo o en parte acciones de proselitismo político".

Los balances de la Fundación de Patricia Bullrich.

La investigación da cuenta también de los balances económicos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil.

En 2016 recibió 20.200 pesos y 36.710 de gastos.
2017: 333.600 pesos de ingresos y 225.369,69 de gastos.
2018: 795.255,50 de ingresos, sin detalle en los gastos.
2019: 741,93 de ingresos, 297.364,49 de gastos.
2020: 488.989,70 de ingresos, no detallan gastos.
2021: 7.942.106,69 de ingresos, 3.949.222,21 en gastos.
2022: 85 millones de ingresos y 60 millones de gastos.

C5N.-