En el marco de la causa por los derrames cloacales en Fray Mamerto Esquiú, el fiscal Facundo Barros Jorrat imputó a dos funcionarias que responden al intendente Guillermo Ferreyra por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Se trata de la secretaria de Obras Públicas, Natacha Solá Vigo y la directora de Obras Públicas de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, Cecilia Amaya. Además, se imputó a empleados municipales que se desempeñaban como choferes de los vehículos que trasladaban los líquidos cloacales.

Las funcionarias mencionadas, a través de su abogado, Pedro Vélez, se opusieron al decreto de imputación. La jueza de Control de Garantías, Cecilia Mas Saadi, hizo lugar a la oposición y ahora la causa está en la Cámara de Apelaciones. Por su parte, la querella representada por las autoridades de la UCR de FME, Marita Vergara y Juan Pablo Acevedo, presentaron un escrito al fiscal porque se oponen a la decisión de éste de no imputar al intendente, Guillermo Ferreyra.

Según trascendió, tras una investigación de dos años, el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública habría considerado que se produjo una omisión en el cumplimiento de la Ley de Ambiente y un incumplimiento del reglamento que existía para el tratamiento de los líquidos cloacales. Ahora la causa fue a la Cámara de Apelaciones.

Ferreyra.

En octubre del año pasado, Vergara y Acevedo solicitaron la imputación del intendente Guillermo Ferreyra. El fiscal no hizo lugar al planteo al argumentar que es su competencia determinar cuando la investigación penal preparatoria, en función de la prueba, alcanza el grado de sospecha para formular acusación.

Ante la negativa, los querellantes se opusieron a la imputación que realizó el fiscal y presentaron un nuevo escrito en el que sostienen que “a raíz de dichas imputaciones nuestro desconcierto es por qué se imputa a estas funcionarias y no así al responsable directo, ya que no cabe eximir de responsabilidad al jefe comunal (Guillermo Ferreyra), quien no podía permanecer al margen de esta situación por su condición de primer mandatario local, ya que los dependientes de la Municipalidad no habrían arrojado los desechos cloacales sin la orden o el conocimiento del mismo, siendo uno de los deberes y obligaciones del intendente, ejercer la superintendencia del personal”, argumentaron.

Además, indicaron que “no puede perderse de vista que el intendente Ferreyra hizo caso omiso a la legislación vigente que ordenaba que la descarga de los camiones atmosféricos se efectúe en el lugar destinado para este fin por Aguas de Catamarca, responsable de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en todo el Valle Central de Catamarca, para evitar los impactos negativos sobre el medio ambiente”. Añaden que recién en el mes de junio del año 2021 firma convenio con el expresidente de Aguas de Catamarca, Alberto López Acuña, con la autorización para la descarga final de efluentes en bocas cloacales de Capital.

Menciona como antecedente la imputación al exintendente de El Rodeo, Félix Casas Doering, por la tragedia ocurrida en El Rodeo en enero de 2014. Ahora el fiscal Barros Jorrat debe decidir si hace lugar o no al pedido de la querella.