Los fiscales apuntaron contra los 3 rugbiers que recibieron 15 años de prisión. Argumentan que no hubo distribución de roles y que "todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando".
Judiciales 26 de febrero de 2023
TELEDIARIO.COM.AR
Sosa apelaron ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires para pedir condena perpetua para los tres jóvenes que fueron sentenciados a 15 años de prisión.
Según afirmó la Agencia Télam, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García argumentaron que todos los acusados fueron coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves". Para Dávila y García tanto Blas Cinalli, Ayrton Viollaz como Lucas Pertossi tuvieron el mismo grado de responsabilidad que quienes recibieron las mayores penas: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi. El planteo de los fiscales apunta a que no hubo distribución de roles si no que -afirmaron a Télam- "todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando".
Los fiscales presentaron la apelación el viernes pasado, tres días antes de la fecha de vencimiento que se cumple hoy.
Fuentes de la causa también aseguraron a Télam que este lunes harán una presentación en el mismo sentido que los fiscales, es decir para pedir perpetua para los ocho involucrados en la causa. Mientras tanto los condenados continúan en la Alcaidía del penal de Melchor Romero y están a la espera de ser trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los ocho rugbiers están allí desde que terminó el juicio y es el lugar que los alojó mientras cumplían prisión preventiva desde 2020 hasta febrero de este año.
Según fuentes del caso, el Servicio Penitenciario provincial trabajaba en determinar a qué penales podrían ser trasladados los condenados, ya que "es inviable que permanezcan en la Alcaidía de Melchor Romero" porque es un lugar de encierro en el que los presos solo pasan unos días hasta que son derivados a un pabellón. Otras fuentes aseguraron a Télam que una de las posibilidades es que la defensa pida el traslado de los ocho condenados al penal de Campana, ya que estarían cerca de sus familias, en la ciudad de Zárate.
Veredicto de Fernando Báez Sosa: partícipes secundarios para unos y coautoría para otros, lo que definió las penas a 15 años.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores expidió este lunes condenas diferenciadas para los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa: cinco recibieron perpetua y tres, penas a 15 años. Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia consideraron por unanimidad que las pruebas recabadas fueron suficientes para dar por convalidado el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".
En su opinión, el plan criminal existió, los imputados actuaron sobre seguro y aprovechándose de la indefensión de la víctima con ese primer golpe de espalda y la posterior golpiza colectiva. Sin embargo, el tribunal determinó que "no todos hicieron todo", a diferencia de lo que habían planteado tanto la fiscalía como los abogados de los familiares de la víctima.
El tribunal definió que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Matías Benicelli agredieron directamente a Fernando, o al menos eso se pudo valorar con toda la evidencia recogida en la etapa de instrucción y a lo largo del extenso debate oral que se desarrolló en enero.
Esos ocho segundos de "negro" por la falta de grabaciones, que para la fiscalía probaba las supuestas agresiones de Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, no fueron suficientes para que los jueces dictaran condenas a prisión perpetua para todos. Por eso, estos tres recibieron condenas a 15 años de prisión.
EL DESTAPE WEB.-
La Policía solicita a los ciudadanos "no transitar en vehículos por las arterias mencionadas, y utilizar calles alternativas para evitar demoras innecesarias y congestiones en el tránsito vehicular". Las vías de circulación serán habilitadas nuevamente una vez que la columna de manifestantes haya pasado.
El lamentable episodio ocurrió en año 2007. La defensa del imputado planteó oposiciones legales, incluyendo la prescriptibilidad de la acción, argumentando que el tiempo transcurrido desde el supuesto abuso invalidaba la denuncia.
Se les ha otorgado un plazo para responder a las solicitudes judiciales, incluyendo la presentación de un informe detallado conforme a la ley, antes de que se tome una decisión sobre la demanda de reincorporación.
Pidió una "inspección ocular" de sitios web y redes sociales como prueba anticipada y, pese al rechazo del juez que sugirió recurrir a una constatación notarial, una apelación admitió la petición siguiendo un dictamen del MPF que entendió que la medida era procedente
Inicialmente, un UJIER y otros miembros del Poder Judicial de Tinogasta notificaron a la abuela Pereyra sobre la orden de desalojo. Sin embargo, la situación se complicó cuando se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales para ejecutar la medida.
En una declaración a Telediario Argentina, el comisario Vega explicó que, en acuerdo con el Ujier del Poder Judicial de Tinogasta, se otorgó una prórroga a la abuela Pereyra para que pueda presentar la documentación necesaria y ser debidamente representada ante la justicia.
En las próximos horas, buscará asesoramiento legal para realizar una contra denuncia y defender su derecho a permanecer en su único lugar de residencia, que recordemos, se trata de un terreno fiscal, de un terreno propiedad del Estado Provincial, terreno que no puede ser negociado ni opuesto en venta bajo ningún punto de vista.
Se les ha otorgado un plazo para responder a las solicitudes judiciales, incluyendo la presentación de un informe detallado conforme a la ley, antes de que se tome una decisión sobre la demanda de reincorporación.
El lamentable episodio ocurrió en año 2007. La defensa del imputado planteó oposiciones legales, incluyendo la prescriptibilidad de la acción, argumentando que el tiempo transcurrido desde el supuesto abuso invalidaba la denuncia.